En sólo un mes y tras un año muy cargado por el caso del fentanilo contaminado y la renuncia en los primeros días de enero de Agustina Bisio a la dirección de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el organismo de control (ahora al mando de Luis Fontana, ex directivo de OSDE) lleva suspendida la habilitación de tránsito interjurisdiccional de 114 droguerías, cifra a la que se llegó este viernes con 60 inhabilitaciones que se sumaron a las 54 ya informadas en enero en el Boletín Oficial.
La novedad, que salió en la disposición 694/2026 de la ANMAT, invoca argumentos parecidos a los esgrimidos el 19 de enero para la primera tanda de droguerías observadas: irregularidades o incumplimientos en las renovaciones de permisos y habilitaciones de esas empresas, que ahora tienen prohibido mover medicamentos y especialidades medicinales por fuera de su radio provincial.
Dado que la ANMAT, como organismo de control nacional, tiene bajo su responsabilidad los movimientos de medicamentos (y productos medicinales) por fronteras entre provincias, las disposiciones comentadas no impiden que las más de 100 droguerías cuestionadas muevan sus productos al interior de la provincia o municipio de origen, siempre que tengan vigentes los permisos provinciales correspondientes.
En el texto normativo, el ente que debe controlar las buenas prácticas de fabricación y trabajo de laboratorios y droguerías aclara que, si bien las compañías habían sido oportunamente habilitadas para realizar tránsito interjurisdiccional, su Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos está vencido y que ninguna tiene presentado el trámite de renovación, que debe iniciarse más dos meses antes (60 días hábiles, en realidad) de la fecha de caducidad de los permisos.
La abultada cifra de droguerías con este permiso caduco (114, contando el listado de suspensiones comunicado en enero y las informadas ahora) inquieta y abre varios interrogantes respecto del rigor de los controles que se vinieron haciendo desde la ANMAT a estas compañías. Al cierre de esta nota, Clarín aguardaba precisiones del Ministerio de Salud sobre el tiempo que esos permisos otorgados en cierto momento llevaba caduco.
Por lo que se pudo averiguar, los casos de estas empresas son variados. Algunas podrían haber estado inactivas del todo (y por eso nadie revalidó el permiso de traslado interjurisdiccional); otras, funcionar pero de manera plenamente local (sin necesidad de hacer traslados entre provincias, lo que explicaría que hayan dejado vencer el permiso en cuestión); pero fuentes del sector no descartan que también haya casos de droguerías que vinieron trabajando sin el permiso de traslado entre provincias en regla.
Las droguerías son las responsables de trasladar miles de medicamentos a diario desde las distribuidoras que recogen los fármacos a salida de fábrica; es decir, desde los propios laboratorios, para luego entregarlos a las cerca de 13.000 farmacias apostadas en todo el país.
No hay un listado público que permita conocer cuántas droguerías hay en la Argentina. Tampoco, sus nombres comerciales o las áreas de especialidad medicinal, considerando que algunas son «integrales» (tienen de todo en materia de medicamentos), pero otras están especializadas en ciertos rubros, como podrían ser insumos oncológicos o descartables para hospitales, por ejemplo. Consultados por este tema, fuentes oficiales precisaron a Clarín que, si bien «la cifra varía todos los días, son unas 520 droguerías» las que tienen legajo frente a la ANMAT.
Fuentes reservadas del sector hacen una observación complementaria: que, más allá de los legajos, las realmente activas son unas 400, y que si se toman en cuenta las droguerías verdaderamente relevantes en términos de peso o volumen comercial, son cuatro o, como mucho, cinco.
Una de ellas, la ya mítica Droguería Suizo-Argentina, propiedad de la familia Kovalivker y una de las patas protagónicas del irresuelto escándalo de las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, que desde hace unos días tiene a su ex director, Diego Spagnuolo, procesado por fraude al Estado y coimas.
“El Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos dura cinco años desde su emisión. Cuando el plazo vence, se debe solicitar su renovación con un plazo mínimo de sesenta (60) días hábiles anteriores a su vencimiento, y la presentación del trámite de solicitud del nuevo certificado en término implica la autorización para seguir realizando la actividad respectiva hasta tanto se resuelva dicho trámite”, explicaron fuentes del Gobierno, y aclararon que, no obstante, “ante la baja comunicada ahora, aquellas firmas que presenten el trámite de solicitud de nuevo certificado podrán recuperar su habilitación nuevamente”.
Según detalla el anexo de la disposición dada a conocer este viernes, la mitad de las droguerías ahora inhabilitadas para mover productos entre jurisdicciones realizan sus actividades entre el radio metropolitano y la provincia Buenos Aires.
Ocho están localizadas en Córdoba, cinco en Tucumán, cinco en Mendoza, tres en salta, y el resto se distribuyen en Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa y Río Negro.
