Argentina cuenta desde este viernes con una legislación laboral mucho más favorable a las empresas. Javier Milei logró convertir en ley un proyecto que abarata los despidos, permite extender la jornada de trabajo hasta 12 horas por día, vuelve optativo el pago de las horas extras y reduce las cargas patronales. El Senado lo aprobó por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones. Los legisladores votaron en una jornada tensa, marcada por protestas en varios puntos de la ciudad en medio de un vasto despliegue policial.
La denominada Ley de modernización laboral consta de 2018 artículos que modifican la legislación vigente desde 1974, cuando gobernaba el peronismo. Flexibiliza las condiciones de contratación, y contempla, entre otros puntos, la creación de un fondo para indemnizaciones a costa de desfinanciar la Seguridad Social de la que dependen las jubilaciones. La legislación también quita poder a los sindicatos. Por un lado, porque impone límites al derecho a huelga, al establecer servicios mínimos del 75% para los sectores esenciales, que abarcan gran parte de las actividades: salud, educación, transporte, energía y agua. Por otro, porque busca debilitar los convenios por sector de actividad al favorecer aquellos que se pacten por empresa.
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es la creación de un fondo administrado por bancos y entidades financieras destinado a pagar futuras indemnizaciones. Se trata de aportes patronales que antes iban a la Agencia Nacional de la Seguridad Social (Anses) y que ahora se usarán para financiar los despidos.
El Gobierno argumenta que la reforma “modernizará” la legislación laboral y contribuirá a dinamizar el mercado de trabajo asalariado formal, estancado desde hace más de diez años. Para la mayoría de economistas, la condición necesaria para que ocurra es que la economía argentina salga del estancamiento en el que lleva 15 años y despegue.
La reforma laboral ha sido una de las principales apuestas de Milei hasta la fecha. El Gobierno tuvo que renunciar a algunos artículos para garantizarse los votos suficientes que permitiesen aprobarla, pero mantuvo la columna vertebral de una reforma que fue resistida durante años en Argentina. Sus negociadores en el Congreso cumplieron el objetivo que les había marcado: tenerla aprobada antes del 1 de marzo, cuando el presidente comparecerá ante el Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias.
La sesión legislativa fue maratónica. Los senadores trataron en primer lugar el proyecto que baja la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, convertido en ley por 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención. A continuación comenzaron a debatir la reforma laboral. La oposición peronista más dura concentró gran parte de las exposiciones públicas en el recinto. Conscientes de que les faltaban los votos para detenerla, quisieron dejar claro su rechazo a una normativa que advierten que precarizará todavía más el mercado laboral argentino. “Hoy estamos en un día vergonzoso”, dijo el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans. “Todos los días cierra una empresa argentina”, criticó, antes de advertir que la ley no servirá para crear empleo registrado sino para que financieros con vínculos con el poder hagan negocio con el fondo para indemnizaciones. “Esta ley se debería llamar ley de robo a los jubilados”, sentenció.
Por el contrario, el oficialismo evitó tomar la palabra excepto en el cierre para acelerar los tiempos de cara a la votación. La senadora Patricia Bullrich aseguró que la reforma da facilidades a los empresarios para contratar y pone fin al miedo de que un trabajador les haga un juicio que los arruine. “Queremos multiplicar oportunidades”, dijo Bullrich. “Hoy millones de argentinos están recuperando la libertad”, concluyó.
El presidente argentino siguió el debate de cerca y sin dejar de tuitear. Tenía listo el mensaje para cuando se aprobase la ley. “HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral”, gritó Milei en X, acompañado de las siglas del latiguillo con el que finaliza muchas de sus intervenciones: “Viva la libertad, carajo”.
La votación de la ley en la Cámara de Diputados, la semana pasada, coincidió con una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país. Este viernes, la protesta se limitó a sindicatos pequeños y agrupaciones de izquierda. Cortaron por unos minutos algunos tramos de las autopistas de acceso a Buenos Aires y el centro de la ciudad.
