El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) marcó 2,38 puntos en febrero, acumulando tres meses consecutivos de caída. El retroceso comenzó en noviembre pasado, justamente cuando el índice había registrado su mayor salto de toda la gestión libertaria: un 17,5% de aumento en una sola medición, impulsado por los buenos resultados del oficialismo en las elecciones legislativas. Lo que vino después fue una corrección gradual pero sostenida.
Este patrón no sorprende a quienes estudian la opinión pública argentina. El ICG, que se publica ininterrumpidamente desde 2001 y mide cinco dimensiones (evaluación general del gobierno, percepción de si se gobierna para el bien común, eficiencia en el gasto, honestidad de los funcionarios y capacidad para resolver problemas del país), ha registrado movimientos similares en otras gestiones. Los picos electorales suelen ir seguidos de una moderación. La pregunta es si la caída se estabiliza o continúa.
Por ahora, los números ubican a Milei en una zona intermedia. El promedio de su gestión es de 2,44 puntos, por encima de los promedios de Alberto Fernández y de ambos mandatos de Cristina Fernández, pero por debajo del de Néstor Kirchner, el presidente con mayor confianza promedio desde que existe el índice. El punto de partida de Milei, en diciembre de 2023, fue de 2,86, el más alto de su gestión, en línea con el habitual “efecto luna de miel” que beneficia a todo gobierno entrante.
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Lo que revela el desglose de febrero es más interesante que el número agregado. Dos de las cinco dimensiones subieron: la eficiencia en la administración del gasto público creció 2,7% y la honestidad de los funcionarios, 2,6%. Pero las otras tres cayeron: la percepción sobre la capacidad para resolver los problemas del país bajó casi 5%, la evaluación general del gobierno retrocedió 1,8% y la percepción de que se gobierna pensando en el interés general cayó 1%. En otras palabras, los ciudadanos reconocen cierto orden en las cuentas públicas y cierta probidad en los funcionarios, pero dudan cada vez más de que ese rumbo se traduzca en soluciones concretas para sus vidas. La caída se concentra en las dimensiones más vinculadas al impacto cotidiano. El ajuste fiscal genera aprobación, pero la ciudadanía empieza a impacientarse esperando que ese ordenamiento se traduzca en algo tangible.
Las diferencias por grupos son marcadas. El índice es más alto entre varones que entre mujeres, entre jóvenes de 18 a 29 años que entre mayores, y en el interior del país que en el Gran Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires. Quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año tienen un índice de 4,3, mientras que quienes esperan que empeore apenas alcanzan 0,43. La brecha entre optimistas y pesimistas es, en sí misma, un dato político de primera magnitud.
El índice de febrero quedó un 6,8% por debajo del mismo mes del año pasado. Sin embargo, sigue siendo superior al que tenían Macri y Fernández en el mismo punto de sus respectivas gestiones. En un país acostumbrado a que la confianza se evapore rápido, mantener valores por encima de 2 puntos a más de un año de gobierno no es un dato menor, aún más si consideramos la inexperiencia política de Milei y la relativa fragilidad política en la que asumió. Tampoco es un dato menor que la caída lleve ya tres meses. El ICG de marzo dirá si la tendencia se revierte o se consolida. La clave hacia adelante es si la economía logra traducirse en bienestar concreto: mientras la brecha entre quienes esperan mejora y quienes esperan deterioro sea tan abismal, la confianza seguirá siendo, ante todo, una apuesta sobre el futuro.
*Director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno y de la Licenciatura en Estudios Internacionales de la UTDT).
