cdn-centraldenoticias.com.ar

Es “el mal menor”. Ese es el espíritu de lo que transmiten fuentes vinculadas a algunos rectores de las universidades nacionales, que estuvieron en el día a día de la negociación por la nueva Ley de Financiamiento Universitario que la Casa Rosada envió al Congreso la semana pasada.

Claramente, no les gusta el nuevo proyecto de Milei, pero Clarín pudo saber que lo apoyan porque creen que su aprobación será la forma más rápida y directa de conseguir recursos para garantizar, este mismo mes, el inicio del ciclo lectivo en todas las universidades nacionales, así como el funcionamiento y la previsibilidad del sistema en el resto del año.

No es la posición institucional del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que en dos comunicados reclaman el cumplimiento de la ley vigente. “Hay una ley y hemos planteado que se cumpla. Presentamos el juicio, ya tenemos fallo de primera instancia. Y en el cumplimiento de esa ley ya deben convocar a las paritarias a los gremios”, dijo a Clarín Oscar Alpa, presidente del CIN.

El nuevo proyecto oficial modifica la Ley de Financiamiento Universitario ya aprobada dos veces por el Congreso, una con dos tercios de las cámaras, tras el veto presidencial. Es una ley que vio la luz tras un largo conflicto y que el Poder Ejecutivo, aunque debió promulgar, nunca puso en ejecución. Por eso carga con la denuncia por incumplimiento de la obligación legal.

A diferencia de la ley vigente -cuyo punto principal es la recuperación de todo lo perdido en salarios del sector desde diciembre de 2023-, el nuevo proyecto solo reconoce 12,3% de la pérdida salarial de 2025 y nada de 2024. La caída de los sueldos fue de 14% en 2025 y 38% en 2024.

Aunque desventajoso en los números, el acuerdo fue negociado por rectores del CIN con funcionarios de la Secretaría de Educación -encabezados por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez-, durante enero y febrero.

Al Ejecutivo lo motiva desactivar el frente judicial que tiene abierto por no cumplir la ley vigente. Algunos rectores, por su parte, temen que, con la actual composición del Congreso, sectores del mismo oficialismo -muchos más duros que los que estaban sentados en la mesa, algunos apuntan a Patricia Bullrich- impulsen la derogación lisa y llana de la Ley de Financiamiento ya aprobada.

Ese escenario los dejaría con las manos vacías: con un conflicto en la Justicia que da para muy largo y que eventualmente pueden ganar, pero sin recursos para hacer frente al ciclo lectivo que arranca en las próximas semanas.

Esas universidades ahora esperan que el nuevo proyecto universitario de Milei sea tratado y aprobado pronto en el Congreso.

“No quedaba otra. Es esta ley o la amenaza de una derogación de la ley aprobada y que no se aplica. La actual composición del Congreso es lo que votó la gente. Cuando se apruebe la nueva ley tendremos asegurados el aumento por lo perdido en 2025, más una paritaria trimestral de acá en adelante con un piso más alto, más la actualización de los gastos de funcionamiento para 2026”, dijo una fuente cercana a esos rectores a Clarín.

El proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso, la semana pasada, tiene muy pocos artículos, y lo que hace es modificar (y no derogar) la ley aprobada por los legisladores.

La modificación más importante refiere al pago de los salarios de docentes y no docentes de la educación superior. La ley aprobada por el Congreso (la 27.795) había establecido que el Estado debe pagar al menos todo lo perdido por IPC desde diciembre de 2023. Esto es: el 38% de 2024, más el 14% en 2025.

El nuevo proyecto del Ejecutivo, en cambio, no habla nada de 2024 y solo se refiere a una recomposición de lo perdido en 2025. Establece que esa recuperación será de 12,3%, que se pagará en tres tramos de 4,1% cada uno: el 1° de marzo, el 1° de julio y el 1° de septiembre de este año.

La ley aprobada disponía, además, que el Estado nacional debe convocar a los gremios del sector a una negociación paritaria, al menos una vez cada tres meses, asegurando una actualización mensual no inferior a la inflación del Indec.

El nuevo proyecto también habla de una paritaria trimestral, pero no se menciona el compromiso del aumento mensual por inflación.

Con respecto a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales -un tema sensible para los rectores-, la ley aprobada hablaba de una corrección por lo perdido en 2024 y 2025.

El proyecto de ley, en cambio, solo mira hacia 2026 y propone atar la actualización de esos gastos a la inflación observada por el Indec por encima del 14,3%, que es el valor estimado por el Presupuesto 2026.

Es decir, que se garantiza que, si la inflación es mayor que la estimada, las universidades recibirán una actualización real para sus gastos de funcionamiento.

Eso sí, introduce un refuerzo específico para los hospitales universitarios de más de 80.000 millones de pesos ($80.072.460.000). Esto no estaba previsto en la ley aprobada y se entiende como un reconocimiento al estado delicado en el que se encuentra el sistema de salud que depende de las universidades nacionales.

“La situación presupuestaria en los hospitales es muy crítica. Esas partidas son necesarias, urgentes”, deslizan fuentes universitarias.

La Casa Rosada no se privó de pensar en la “batalla cultural” para la redacción del nuevo proyecto. Uno de los artículos de la ley de Financiamiento Universitario hablaba sobre los objetivos que persigue la norma. El nuevo proyecto no modifica ninguno de esos objetivos, pero sí reemplaza el lenguaje inclusivo que tenía («los/las docentes», por ejemplo), por el tradicional «los docentes».

De aprobarse el nuevo proyecto, podría ser el capítulo final de una larga saga del conflicto universitario, que estuvo siempre atravesado por la política y que arrancó ni bien Milei llegó a la Casa Rosada.

La controversia se inicia en 2024, porque tras el pico inflacionario de fines de 2023, el Gobierno prorrogó el Presupuesto Nacional, pero no actualizó las partidas para las universidades, con lo cual la caída en el sector fue muy grande.

El malestar de principios de 2024 terminó con una masiva manifestación en abril de ese año. Además de la desactualización salarial, las universidades no habían recibido partidas para su funcionamiento, y muchos rectores denunciaban que ni siquiera podían pagar los servicios más esenciales.

En el contexto de esa primera marcha, el Gobierno habilitó partidas para el funcionamiento de las universidades, pero quedó pendiente la cuestión salarial. Fue entonces que avanzó en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo eje central es la actualización de los salarios, de acuerdo a lo perdido desde diciembre de 2023.

Tras el veto presidencial, la ley fue ratificada por los dos tercios de las cámaras de Senadores y Diputados, y la Casa Rosada se vio obligada a promulgarla. Pero nunca la aplicó, con lo cual los salarios no fueron actualizados.

Tras la presentación judicial del CIN, a fines de 2025 el juez federal Martín Cormick ordenó al Gobierno aplicar la ley “de manera inmediata”. Pero el Poder Ejecutivo logró ganar tiempo, al recusar al juez, con el argumento de que no podía ser imparcial porque es profesor universitario.

El nuevo proyecto, que surge de un nuevo contexto político y una nueva relación de fuerzas en el Congreso, podría cerrar el círculo de un largo conflicto, en el que todos los protagonistas parecen haber perdido algo.