Una investigación de la ONU ha concluido este martes que la deportación y el traslado de niños ucranios por parte de las autoridades rusas constituyen crímenes contra la humanidad. Esta práctica empezó con la invasión a gran escala de Rusia al país vecino en febrero de 2022, según el informe elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania. Este organismo independiente estudió 1.205 casos de niños procedentes de cinco óblasts (regiones) ucranios y señaló que el 80% de ellos aún no ha regresado a Ucrania.
Las autoridades de Kiev han denunciado de manera reiterada esta práctica, que intentan documentar. Rusia, por su parte, niega haber trasladado a los niños en contra de su voluntad y afirma que evacua a las personas voluntariamente para sacarlas de las zonas cercanas al frente de guerra.
El traslado forzoso de la población fuera de su país durante un conflicto armado puede constituir un crimen de guerra para la justicia internacional. Según la entidad independiente de Naciones Unidas, “los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos por las autoridades rusas han tenido como objetivo a los niños, que se encuentran entre las víctimas más vulnerables”, destaca el documento que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza) el jueves. Además, agrega que estos crímenes “tienen consecuencias irreversibles en sus vidas y en su futuro”.
Las autoridades ucranias afirman que Rusia ha deportado ilegalmente o desplazado por la fuerza a más de 19.500 niños hacia Rusia y Bielorrusia, en violación de las Convenciones de Ginebra. Una investigación financiada por Estados Unidos el año pasado mostró que Rusia amplió sus programas de “reeducación” forzada para niños deportados.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió en 2023 una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por su presunta responsabilidad en la deportación forzosa de menores ucranios desde los territorios ocupados a Rusia. En septiembre del mismo año, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pronunció un discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas en el que calificó la práctica como “genocidio”.
Pese a la negativa de Rusia, la comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia, María Lvova-Belova, quien ha sido imputada junto a Putin por el TPI, hizo unas declaraciones al respecto, en septiembre de 2022, que indicaban una admisión de la práctica. En el acto oficial de la anexión ilegal de las provincias ucranias ocupadas de Donetsk y Lugansk, la comisionada declaró: “Cuando los trajimos [a los menores] a la región de Moscú para que pudieran recuperarse un poco, hablaban negativamente sobre el presidente [Putin]”. Y agregó enseguida: “Sí, hay algún tipo de negatividad, tal vez al principio, pero luego se transforma en amor a Rusia”.
El informe de la ONU publicado este martes señala que “las deportaciones y traslados se han originado en diversos lugares de una amplia área geográfica en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, siguiendo un patrón de conducta bien establecido, lo que indica que estos actos han sido generalizados y sistemáticos”.
