Un grupo de madres, padres y tutores de alumnos del 2° grado División «C» del Centro Parroquial de Educación y Cultura Margarita A. de Paz, en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz, presentó este martes una nota formal dirigida al representante legal de la institución, Luciano Freytes Varela, en la que solicitan medidas de resguardo concretas para sus hijos en el ámbito escolar tras las denuncias por abuso en perjuicio de alumnas del jardín.
El documento, suscripto por las familias con firmas, se produce en el contexto de una investigación judicial en curso que ya involucra al nivel inicial de la misma institución parroquial dependiente de la Arquidiócesis de Córdoba.
El escrito invoca expresamente la Ley Provincial 9.944 de Protección Integral y las Resoluciones Ministeriales de Protocolo de Abuso vigentes en Córdoba para fundamentar que la existencia de una investigación judicial por hechos ocurridos dentro del predio del establecimiento obliga a la conducción a aplicar el Principio de Precaución.
«La omisión de medidas de resguardo ante una sospecha de abuso dentro del colegio constituye una falta grave que traslada la responsabilidad legal directamente a los directivos y al Representante Legal», advierten los firmantes. Los padres otorgan un plazo de 48 a 72 horas hábiles para recibir una respuesta formal escrita.
Las demandas de la nota se articulan en cuatro ejes. Primero, el apartamiento preventivo de cualquier persona que se encuentre bajo investigación o señalada en la causa judicial vigente, con confirmación por escrito de que ningún imputado mantiene contacto directo con estudiantes. Segundo, el fortalecimiento del protocolo de contacto, de modo que ningún alumno interactúe con personas ajenas a la planta docente estable sin la supervisión directa del maestro a cargo. Tercero, la optimización del control de ingreso de adultos al establecimiento durante el horario de clases, con registro de asistentes. Cuarto, la verificación y certificación de que todo el personal con acceso al alumnado cuenta con sus antecedentes penales y de delitos sexuales actualizados conforme a la normativa vigente.
La nota llega en un momento de escalada institucional del caso. El abogado Pablo Pigini, que representa a las dos madres denunciantes en carácter de querellante particular, presentó una nota formal ante el Fiscal General Juan Manuel Delgado en la que solicitó el traslado de ambas causas a una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual con sede en la capital provincial. Ante esa presentación, la Fiscalía General ya solicitó los informes correspondientes a las fiscalías que investigan los casos.
Los hechos habrían acontecido durante el mes de mayo de 2025 en las instalaciones del Instituto Parroquial Margarita A. de Paz. Las familias de las víctimas denuncian que no se avanzó en la investigación. Las denuncias se remontan al 19 de mayo de 2025, cuando una madre retiró a su hija de cuatro años y constató sangrado en su ropa interior. La niña fue atendida de inmediato en el Hospital Municipal Dr. Gumersindo Sayago, donde el personal médico activó el protocolo de abuso. Una segunda denuncia, que involucra a otra menor de la misma sala, quedó radicada en una fiscalía diferente semanas después.
Actualmente, ambas causas se tramitan por separado: una en la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez, y la otra en la Fiscalía de Segundo Turno, bajo la órbita del fiscal Ricardo Mazzuchi. Según planteó la querella en su presentación, desde que se realizaron las primeras denuncias y hasta la constitución formal del abogado como representante de las familias, no se habrían realizado medidas investigativas relevantes.
El hermetismo institucional es otro frente de tensión. El jardín parroquial Margarita A. de Paz no tomó contacto con las familias para brindar acompañamiento, y su comunicación pública se limitó a un comunicado en el que negó que los hechos denunciados hubieran ocurrido dentro del establecimiento. En dicho comunicado, la institución señaló que la información que circula alude a hechos «no probados ni acreditados en modo alguno» y que habrían tenido lugar fuera del horario escolar del jardín.
Foto en texto: El Diario de Carlos Paz
