El abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de Vente Venezuela y estrecho colaborador de María Corina Machado, ha sufrido un revés judicial. Tras ser arrestado en la ola de detenciones que siguió a las presidenciales de 2024 y recibir hace semanas el beneficio de arresto domiciliario, un tribunal ha denegado su solicitud de sobreseimiento bajo la reciente Ley de Amnistía.
“El juez José Antonio García Moran me niega el beneficio constitucional al considerar que me encuentro dentro de los supuestos de exclusión previstos en el artículo 9”, denunció el opositor en sus redes sociales. Rocha, quien permanece con un grillete electrónico, anunció que apelará el fallo: “Se ha incurrido en un grave error de interpretación sobre el espíritu y alcance de la ley. Mi empeño por recuperar los derechos para todos seguirá hasta el final”.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el pasado 20 de febrero, abarca un periodo de 27 años (desde la llegada del chavismo al poder en 1999). Sin embargo, su aplicación está condicionada a 13 eventos específicos y contiene exclusiones severas. El artículo 9 veta a procesados por violaciones graves a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y —el punto más discrecional— a quienes hayan “promovido o facilitado acciones militares de gobiernos extranjeros”. Esta última acusación es la que el Gobierno ha blandido recurrentemente contra Machado y su entorno.
En el caso de Rocha, el juez vincula su causa con delitos de terrorismo, conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir y traición a la patria. Son los mismos cargos genéricos aplicados a la mayoría de los presos políticos, incluidos algunos que sí han sido beneficiados por la norma, lo que subraya la arbitrariedad de los criterios judiciales.
Cifras bajo opacidad
El chavismo defiende la eficacia de la medida. Según Jorge Arreaza, diputado y dirigente del PSUV, se ha otorgado la libertad plena al 80% de los solicitantes válidos. De un total de 9.726 peticiones procesadas consideradas válidas por el régimen, 7.727 habrían sido aprobadas, incluyendo a 253 personas que estaban en prisión. No obstante, las listas de beneficiarios no son públicas ni pueden ser auditadas de forma independiente.
Arreaza detalló que unas 1.460 solicitudes (el 15%) fueron rechazadas por tratarse de “delitos comunes” o supuestos excluidos. El funcionario aseguró mantener contacto con organizaciones como Foro Penal para contrastar los casos de quienes la oposición denomina “presos políticos”. Según los registros de esa organización, desde el 8 de enero han sido excarceladas 673 personas por motivos políticos (incluyendo amnistiados), pero 508 ciudadanos permanecen en prisión, entre ellos 179 militares.
