En los últimos días de febrero en el oficialismo se respiraba euforia. El 27, un día antes de la finalización del período de sesiones extraordinarias del Congreso, fue sancionada la reforma laboral, como último capítulo de una ofensiva legislativa que incluyó la transformación en ley de la baja de imputabilidad penal de los 16 a los 14 años. Así se cristalizó el prólogo del discurso que protagonizó el presidente Javier Milei el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el período 144 de ordinarias. Se trató del arranque de la etapa de mayor actividad del Congreso que termina el 30 de noviembre. Parece que hubiera sucedido hace una eternidad, pero fue hace solo 15 días y desde entonces la productividad legislativa del verano se diluyó. En su lugar, se multiplicaron las tensiones en las dos cámaras.
El Senado sesionará el próximo miércoles para dar ingreso a los pliegos de senadores y jueces. Es un paso previo al envío de esas postulaciones a la Comisión de Acuerdos y configura la activación del trámite para cubrir más de 200 vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías del fuero federal. El caso más relevante, por ahora, es el pliego del juez Carlos Mahiques, integrante de la Cámara de Casación Penal y padre de Juan Bautista, el flamante ministro de Justicia. El camarista cumplirá 75 años y está por jubilarse, pero el Ejecutivo envió su pliego para que pueda permanecer en el cargo. El caso despertará quejas de la oposición y posiblemente saque a la sesión del tono protocolar.
Sin embargo, durante la Asamblea Legislativa algo se terminó de romper entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. En el discurso, el presidente no la nombró, pero mencionó un intento por sacarlo del poder. “No podemos hacer una verdadera descripción del estado de la Nación, sin primero abordar las zozobras generadas por un sector de la política, sus socios empresarios y mediáticos que se resisten al cambio y que durante el año pasado hicieron todo lo posible para derrocar a este Gobierno. Y les salió mal”, leyó Milei e hizo un gesto para aludir a la vicepresidenta, que estaba detrás suyo, escuchando la alocución. Sucedió luego del empujón de la vice con Karina Milei, cuando logró evitar que la hermana del presidente se pusiera delante suyo cuando el mandatario estaba ingresando a la ceremonia. El momento fue sólo uno de los picos de tensión, porque Milei destrató a Villarruel todo lo que pudo.
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La tirantez en el seno de la fórmula presidencial marcó la agenda de los días siguientes. El diputado nacional y el exministro de Defensa, Luis Petri, tomó el guante en una entrevista del canal TN y repitió casi la misma acusación. Primero hubo un cruce por las redes sociales entre ambos. En el entorno de la vice creen que la quieren hacer renunciar. Pocos días después viajó a Mendoza, para participar de la Fiesta de la Vendimia. Desde la provincia donde nació Petri la vice anticipó que el diputado debería dar explicaciones en la Justicia. Este jueves lo denunció por «calumnias o falsa imputación», injurias y también por la infracción del artículo 213 bis del Código Penal, que reprime con prisión de un mes a un año a quien haga públicamente apología de un delito o de un condenado por delito. Además lo apuntó por «otros atentados contra el orden público» e incluso por «amenaza de rebelión».
La pelea de Villarruel con la Rosada escalará: tiene un capítulo judicial en pleno desarrollo y repercutirá en los planes del oficialismo
El escrito fue sorteado y quedó en manos del Juzgado Criminal Correccional Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos. Es la primera vez que una pelea de Villarruel con un miembro del oficialismo llega a tribunales, pero la estrategia judicial no apunta al mendocino, sino directamente a Milei. El choque también implica una clausura para la hiperactividad legislativa del verano y anticipa que el oficialismo tendrá un camino difícil en el Senado, por más esfuerzo que haga el Gobierno por empoderara a la senadora Patricia Bullrich como su delegada frente a Villarruel.
La pelea de la vice con la Rosada escalará: tiene un capítulo judicial en pleno desarrollo y repercutirá en los planes del oficialismo. La virulencia entre la titular del Senado y el presidente quedará por ahora en un segundo plano porque el escándalo que protagoniza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también impactará con fuerza en el Congreso.
En Diputados también se vive la desaceleración del ímpetu que había en febrero. El titular del cuerpo, Martín Menem, deberá medir con cuidado la realización de una próxima sesión. El bloque de Unión por la Patria presentó esta semana un pedido de interpelación para que el ministro coordinador explique el vuelo privado que pagó en el último feriado de carnaval con destino a Punta del Este. Viajó con su esposa, Bettina Angeletti y con el periodista libertario Marcelo Grandio, que este jueves dijo en una entrevista que el charter fue pagado por Adorni con dinero del Estado. El amigo del ministro coordinador aportó una pieza incómoda del rompecabezas que la oposición quiere reconstruir para capitalizar la crisis autoinflingida por el jefe de Gabinete. En esa ofensiva late una razón de peso para que el oficialismo evite una pronta sesión en la Cámara Baja.
Hay otro obstáculo que podría estirar el letargo del recinto de Diputados. Durante febrero, el Senado aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. El plan del Gobierno era conseguir la sanción con la misma velocidad hasta que los legisladores María Inés Zigarán (Provincias Unidas – Jujuy), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica – CABA) y Sabrina Selva (UxP- PBA) reclamaron que las audiencias públicas sobre el tema extienda su plazo, porque tienen a una multitud interesada en participar de ese debate.
Las audiencias públicas no son vinculantes pero son un requisito ineludible por la Ley General de Ambiente y por la aplicación del Acuerdo de Escazú, ratificado por el Congreso en 2020. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, que presiden los libertarios Nicolás Mayoráz (Santa Fe) y José Peluc (San Juan), tienen la misión de organizar la audiencia, pero se incribieron 37.000 expositores. Hasta la semana pasada estaba previsto realizar una etapa presencial el 25 de marzo y otra virtual al día siguiente. Pero los números no dan: durante el debate de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se incribieron 738 expositores. Escucharlos llevó 15 días.
