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El enérgico llanto de Lola despierta a sus abuelos, Juan y Martina*, con la premura de que vayan a atenderla a primera hora de la mañana. Aunque el sol no penetra en la casa debido al blindaje antibalas de puertas y ventanas, la niña reclama su primer alimento. Como cada inicio de mes, después de preparar el desayuno y calmar el hambre voraz de Lola, sus abuelos acomodan una maleta y se disponen a viajar a la Ciudad de México. Allí permanecerán dos o tres días para que traten la sangre de la niña en el hospital infantil, ya que Lola nació con una alta cantidad de metales pesados en su cuerpo. De no recibir este costoso tratamiento todos los meses, no tendría posibilidades de sobrevivir. La condición de Lola es consecuencia de vivir en un entorno minero y, aun así, ha tenido la suerte de nacer con todas las partes de su cuerpo. Son varios en Carrizalillo los que llegan a este mundo sin un pulmón, riñones disfuncionales, afectaciones psíquicas o malformaciones, cuando los embarazos logran llegar a término sorteando el aborto.
Hace 20 años se instaló en el territorio de Carrizalillo, en el estado de Guerrero, México, la extinta gigante de oro Goldcorp, con el apoyo del Gobierno estatal. Con ella llegaron las enfermedades y la contaminación desmesurada: más del 80 % de las familias, aseguró en un ensayo de 2012 el profesor Jesús Castillo Aguirre, investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero, padecían daños leves y graves en la piel. La acompañaron, además, la inseguridad y lo que sería una vida de resistencia sin descanso. Lo que alimenta la lucha de Carrizalillo no es la codicia, sino el afán de mejorar mínimamente sus condiciones de vida. Allí, una parte representativa de los ingresos de las familias se destina a comprar agua potable por la presencia de arsénico en los pozos aledaños, y para atender enfermedades.
Hoy, la heredera del proyecto minero, Equinox Gold, perpetúa ese clima de inestabilidad. Históricamente, la población de Carrizalillo, organizada como ejido, y la empresa venían firmando dos instrumentos vinculados entre sí: un convenio de ocupación y renta de tierras, para poder explotar el material, y un convenio social que incluye aspectos como apoyos médicos y becas escolares. Sin embargo, en marzo del año pasado, al momento de renovar el acuerdo, la empresa quiso rebajar ambos convenios a menos de la mitad. Al no llegar a un pacto, Equinox Gold se declaró ilegalmente en suspensión indefinida de actividades, una figura que no existe en la legislación mexicana, lo que dejó a los habitantes de Carrizalillo en un limbo, sin el dinero de la renta y sin tierras para trabajar.
Según el procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, el pueblo pidió apoyo a nivel federal porque la empresa tiene sometido y “capturado” al Gobierno del municipio de Eduardo Neri, al que pertenece Carrizalillo, y que es presidido por Sara Salinas Bravo. Tanto la presidenta como el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, amedrentaron al ejido mientras se sostenían las negociaciones. Cisneros declaró públicamente en la prensa de Guerrero que, si el pueblo no cedía, se desataría una ola de violencia. A pesar de que El PAÍS los buscó para conocer su versión, no le dieron respuesta.
Según Suárez Carrera, en la investigación que se abrió cuando se rompieron las negociaciones —y de la que también hacen parte representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)— se han documentado 20 años de daños a la salud de la población, así como de problemas ambientales. Afectaciones por las que Equinox Gold tendrá que responder, continúe o no con la actividad minera.
Lo que se preguntan los pobladores es por qué, pese a que ya existen todas las evidencias y Profepa clausuró la mina, todavía la empresa no ha tenido ninguna consecuencia. Miguel Ángel Mijangos responde a esta pregunta con contundencia. Es asesor de la comunidad desde la ONG Procesos Integrales para la Autodeterminación de los Pueblos (PIAP) y acompaña el caso de Carrizalillo desde su inicio. “En México tenemos más leyes para proteger a la ardilla que a la gente. No hay ningún mecanismo que permita vincular los daños a la salud con las empresas.” Para él, son claves la fragmentación de las instituciones que no tienen un hilo conductor en las evaluaciones de los impactos y la falta de leyes que permitan proteger a las personas violentadas por actividades industriales.
“Tenemos una empresa que contamina, violenta el derecho agrario, viola derechos humanos, no respeta las leyes mexicanas, y la premisa es sentarnos a negociar con ella. No obligarla a que entregue la tierra estando en ocupación ilegal”, declara. Suárez, por su parte, confirma que la empresa suspendió actividades el primero de abril de 2025, manteniendo hasta la fecha una situación “irregular e ilegal”, sin aceptar condiciones para la reanudación de la explotación ni emprender actividades de cierre conforme a la ley.
Además, el procurador agrario corrobora lo que la población lleva meses denunciando en sus boletines difundidos a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y la prensa local de Guerrero: la violencia y coacción ejercida por Armando Fausto Ortega Gómez, vicepresidente senior de Equinox Gold, y Hugo Vergara, exgerente de Responsabilidad Social. El ejido ha documentado y denunciado meses de agresiones, actos de criminalización y amenazas. Suárez Carrera lo respalda, al explicar que la empresa utilizó “presiones extralegales”, llegando incluso a vincular públicamente a algunas personas con el crimen organizado. Asegura que la compañía nunca ha querido negociar y que Fausto y Vergara han sido un “factor de desestabilización para la región”.
En reiteradas ocasiones, el ejido pidió el cambio de interlocutor y la destitución de Vergara, quien terminó dejando el cargo hace dos semanas sin que la compañía explicara los motivos. EL PAÍS contactó a Equinox Gold solicitando una entrevista, pero solo se obtuvo una respuesta por correo electrónico de la vicepresidenta de Sustentabilidad, Georgina Blanco. En esta, se señala que Equinox Gold confía en los resultados de una mesa de diálogo que comenzó con varias partes en diciembre de 2025 y se asegura que “la propuesta presentada por la compañía es la más alta en la historia del sector minero en México”, afirmando que es 15 veces mayor al promedio que se paga en el sector por hectárea.
Sin embargo, tanto el ejido como el procurador agrario manejan otras cifras. La empresa minera, dicen, se negó a cubrir el pago correspondiente al año anterior y, para el nuevo convenio, propuso una reducción del 63 %, una medida regresiva. Además, en el expediente 408/2025 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 12 se consigna una “renta mensual por hectárea” de 191.965 pesos mexicanos (alrededor de diez dólares) a repartir entre 121 ejidatarios, lo que equivale a menos de 2 pesos al mes por ejidatario (diez centavos). El propio documento califica esa cantidad como “irrisoria y hasta burlesca” y contraria a los derechos elementales. Esto, pese a que en el informe trimestral publicado en noviembre de 2025, Equinox Gold registra una producción récord de 236.382 onzas.
Carrizalillo lleva más de un año manteniendo su cuarto plantón contra las violencias de las mineras, siendo su única exigencia que se aplique la ley en cuanto a que, si la empresa se va, comience la remediación de las tierras, pague una indemnización y aplique el programa de cierre. Pero está por ver si lo logran pese a todos los elementos que tienen a su favor.
Cristina*, ejidataria de Carrizalillo, declara que su esperanza es que el caso logre convertirse en un referente de cambio político nacional y ayude a vislumbrar los puntos que necesitan refuerzo en los marcos legales, a fin de que las empresas no continúen pasando por encima de los derechos de los pueblos. Algo muy importante y pertinente, considerando que el secretario de Economía, Marcelo Ebrad, anunció el pasado noviembre, en la Convención Internacional de Minería, que ya iniciaron la reanudación de las exploraciones mineras a gran escala y expusieron medidas para agilizar permisos y facilitar la inversión minera en México.
*Los nombres reales han sido sustituidos por nombres ficticios a fin de proteger la identidad de las fuentes por el contexto de inseguridad.
