Osmar Alexander Ferrer Ramírez, uno de los tres imputados por el homicidio por encargo, un sicariato, del empresario chileno José Felipe Reyes Ossa, acribillado el 19 de junio en el municipio de Ñuñoa, en el sector oriente de Santiago, ha sido liberado el 10 de julio, al día siguiente de que fue formalizado por la Fiscalía y enviado a prisión preventiva al penal Santiago l, en el barrio del Centro de Justicia. El hecho, que ocurrió hace cuatro días, pero se hizo público la noche de este lunes, ha levantado las alertas en las autoridades del país sudamericano, pues la autorización fue emitida a través de una orden del 8º Juzgado de Garantía de la capital chilena, el mismo tribunal que decretó su prisión preventiva.
Ferrer Ramírez, quien ha sido vinculado al Tren de Aragua y se encuentra prófugo, fue detenido por Carabineros el 9 de julio junto a otros dos ciudadanos venezolanos. Han sido imputados por el homicidio de Reyes Ossa, un empresario de 43 años que era conocido como el Rey del barrio Meiggs, un popular sector comercial ubicado en el límite de las comunas de Santiago y Estación Central. La tesis de la policía y la Fiscalía es que se trató de un crimen por encargo: los tres investigados lo acribillaron después de esperarlo por unas tres horas afuera de un edificio de Ñuñoa. Según el fiscal coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Héctor Barros, “se trató de un homicidio calificado, básicamente un sicariato donde habrían recibido pagos los ejecutores del hecho».
El escándalo se ha suscitado luego que Ferrer fuera excarcelado a través de una resolución firmada en forma electrónica por Irene Rodríguez, la misma jueza que lo dejó privado de libertad junto a los otros dos cómplices. Lo curioso es que la magistrada dijo ese día en la audiencia de formalización que los sujetos eran un “peligro para la sociedad” y que ”con estas personas libres, tenemos que persignarnos”, informó T13 Radio.
Este martes, el Poder Judicial ha emitido un comunicado en el que señaló que el día de la formalización de Ferrer hubo tres resoluciones emitidas por el 8° juzgado de garantía con pocos minutos de diferencia. En la primera, a las 20:17 horas del 9 de julio, se decretaba la prisión preventiva; en la segunda, a las 20:25 horas, se dejaba sin efecto para corregir problemas en la identificación del imputado. La tercera fue a las 20:28 horas, cuando el tribunal emitió una nueva orden de ingreso a prisión “con los antecedentes correctos”.
Al día siguiente, el 10 de julio, hubo otras dos comunicaciones vía correo electrónico, a las 12:11 horas y a las 14.13 horas, en la que se reiteraron las resoluciones anteriores. Por ello, se intenta dilucidar si se trató de errores administrativos o no.
La Fiscalía chilena abrió una investigación, que está a cargo del fiscal Marcos Pasten, la noche del lunes por una eventual falsificación de la resolución judicial, lo que fue informado a través de una declaración pública que el organismo envió cerca de la medianoche. En el comunicado recordó que en la audiencia se pidió la prisión preventiva respecto de los tres imputados, la que fue concedida por el tribunal de garantía. “Sin embargo, el imputado Ferrer Ramírez fue puesto en libertad el día 10 de julio (…) en virtud de una resolución presuntamente emanada del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, que dejaba sin efecto su prisión preventiva”.
Pasten ya inició las primeras diligencias y ha ido al tribunal a incutar documentación.
La liberación de Ferrer ha provocado tal conmoción en Chile que el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, anunció una indagatoria administrativa a cargo de un fiscal judicial y, además, informó que se decidió remitir los antecedentes al Ministerio Público para iniciar una investigación penal.
Por la mañana de este martes, la presidenta subrogante la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ha citado a una reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en el edificio del máximo tribunal en el centro de Santiago. Y anunciado la creación de una mesa de trabajo para revisar los protocolos.
“Impacta en la confianza del sistema de justicia”
El ministro de Seguridad del Gobierno del presidente Gabriel Boric, Luis Cordero, ha señalado este martes por la mañana en radio Pauta que la excarcelación de Ferrer “impacta directamente en la confianza del sistema de justicia” y que Gendarmería, el servicio de prisiones, ha descartado que la orden de liberación “hubiese sido un hackeo” y que, por lo tanto, lo que se recibió fue “una resolución que en opinión de Gendarmería está válidamente emitida a través de los canales regulares”.
Cordero, quien asumió el 1 de abril como ministro de la recién creada cartera de Seguridad, dijo respecto de cómo ocurrieron los hechos que “todas las combinaciones posibles son terribles”. “Primero, por la naturaleza del impacto que tiene esa resolución. Segundo, por una cuestión que para las policías y el Ministerio Público es especialmente difícil y complejo (…). Ambas policías tienen altas tasas de esclarecimiento policial de homicidios. Y usted comprenderá que 20 días después pase esto, es entre la indignación y la frustración muy grande, porque todos los esfuerzos que llevan a cabo las policías y el Ministerio Público para el esclarecimiento y la detención de estos sujetos con rapidez, se ven frustrados por consecuencia de estas características”.
