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La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este miércoles, por amplia mayoría, la resolución impulsada por Ghana y respaldada por la Unión Africana que declara “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos” como “el crimen más grave contra la humanidad”. A pesar de no ser un texto vinculante, tiene un enorme peso político y se considera un hito histórico en la lucha por el reconocimiento y las reparaciones por los delitos de los que fueron víctimas al menos 12,5 millones de personas a lo largo de 300 años.

El texto de la resolución recibió 123 votos a favor, 52 abstenciones ―entre los que estaban los países miembros de la Unión Europea― y tres votos en contra, de Estados Unidos, Israel y Argentina. La resolución, la primera de carácter integral sobre la esclavitud y la trata transatlántica en la historia del organismo, supone un importante precedente en materia de memoria histórica, justicia y reparación.

El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, al presentar la resolución en el hemiciclo de la ONU, había asegurado que la aprobación serviría de “salvaguardia contra el olvido” y cuestionaría “la cicatriz duradera de la esclavitud”.

El proyecto contaba con el respaldo de los 55 países de la Unión Africana (UA) y de la Comunidad del Caribe (Caricom). La delegación de Trinidad y Tobago, en representación de Caricom, fue el primero en celebrar la aprobación. “La implementación de la resolución habrá de hacerse de forma colaborativa. Caricom se compromete a contribuir en sintonía con las prioridades de la región”, aseguró el representante de la delegación, que comenzó su intervención tras los aplausos que estallaron en el recinto.

El texto busca el reconocimiento de un crimen que se considera sistémico. “Esto no fue el resultado burdo de la crueldad individual”, dijo el ministro de exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto, en una carta publicada el domingo. “Fue una arquitectura. Codificada en la ley. Institucionalizada por los Estados. Santificada, en ciertos círculos, por autoridades religiosas que prestaron cobertura teológica a la reducción de los africanos a la servidumbre perpetua. Rentabilizada a través de continentes y generaciones”.

Según había explicado Ghana previamente, con el reconocimiento, se podrá avanzar hacia “la disculpa formal, la restitución, la indemnización, la rehabilitación y las garantías de no repetición”.

Objeciones de EE UU y la UE

Durante la sesión de la Asamblea General, varios representantes manifestaron su oposición al proyecto. Una de las intervenciones más duras ha sido la de la delegación de EE UU, que consideró el texto como “muy problemático”. “Lamentamos que de nuevo tengamos que recordar que este órgano se creó para promover la paz internacional y no para promover intereses y programas retorcidos o mezquinos, ni para crear vías internacionales ni nuevos mandatos costosos”, ha asegurado el representante estadounidense. La delegación ha argumentado que no reconocía el “derecho jurídico a las reparaciones por errores o males históricos” que no eran delitos en el tiempo que se produjeron.

La UE se abstuvo argumentando motivaciones jurídicas. La delegación de Chipre, en representación de los 27, aseguró que estuvieron dispuestos a respaldar el texto, pero debido a que suscitaba “una serie de inquietudes jurídicas y fácticas” que no podían pasar por alto, decidieron no hacerlo. La UE no estaba de acuerdo con que se reconociera jurídicamente como el “crimen más grave de la historia de la humanidad” puesto que esto suponía, en su concepto, jerarquizar los sufrimientos de la raza humana. “Nos preocupan referencias jurídicas que son o imprecisas o no están en conformidad con el derecho internacional, como una aplicación retroactiva de normas internacionales que no existían en ese momento”, agregó la portavoz de la delegación que, no obstante, reiteró el compromiso de Europa con acciones de reconocimiento y reparación.

Otra intervención crítica fue la del Observador permanente de la Santa Sede, que aseguró que el proyecto presentado por Ghana contenía “una narrativa parcial” que no estaba “al servicio de la verdad”. “La memoria histórica cuando se basa en información imparcial o no fidedigna no contribuye, debe haber un enfoque que aumente conciencia con educación para prevenir la recurrencia de estos hechos”, aseguró el arzobispo Gabriele Caccia antes de la votación.

Expertos consultados por EL PAÍS antes de la sesión de la Asamblea General coincidían en que el impulso de esta resolución ante la ONU era un paso histórico que se sumaba a otros esfuerzos institucionales que comenzaron en 1993 con la firma de la Declaración de Abuja que reconocía la esclavitud como un crimen e instaba a una reparación a los países que se habían enriquecido gracias a esta práctica.

“Se trata de luchas largas, como la de la abolición de la esclavitud, que llevó cuatro siglos”, apuntaba Adekeye Adebajo, profesor e investigador senior de la Universidad de Pretoria, en entrevista con EL PAÍS por vídeollamada. Adebajo recordaba que las consecuencias de la esclavitud siguen vigentes. “El hecho de que África tenga una deuda de 1,1 billones de dólares y tenga que gastar de media el 45% de sus ingresos en ello,en lugar de desarrollar sus sectores de salud y educación es, para muchos africanos, una consecuencia directa del comercio de esclavos”, describía.

Por otra parte, el abogado Martin Okumu Masiga, secretario general del Africa Judges and Jurists Forum y asesor de la UA en cuestiones de reparación, rechazaba los argumentos de la prescripción de los crímenes que algunos Estados enarbolaron durante las negociaciones. Para Masiga, este era un “argumento escapista de Occidente”. “Los crímenes contra la humanidad no están sujetos a prescripción. La ONU ha sostenido que siguen siendo perseguibles y exigen reconocimiento independientemente de cuándo se cometieron”, defendía.