La oportunidad de hacer una reforma político-electoral de fondo en su sexenio se ha disipado para la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras la aprobación en el Senado del plan B sin la revocación de mandato adelantada, se ha cancelado la posibilidad de modificar el marco legal de las elecciones durante la primera mitad del Gobierno actual. Además, se acerca el final de un episodio en el que Sheinbaum invirtió ocho meses de su primer año y medio de gobierno y una parte de su capital político; que comenzó con la creación de una comisión presidencial para la reforma electoral y concluyó con la insurrección del Partido del Trabajo, el aliado rebelde de Morena en el oficialismo.
La reforma aprobada en el Senado a tres artículos de la Constitución (115, 116 y 134) apenas toca lo electoral y se limita a la búsqueda de ahorros en Estados, municipios, el Senado de la República y en las remuneraciones de los altos funcionarios electorales. Con el naufragio de la iniciativa original de Sheinbaum y la aprobación del plan B incompleto, quedaron sepultados los objetivos originales que delineó la presidenta en el verano de 2025: la reducción de los recursos públicos destinados a los partidos y a las autoridades electorales, la reconfiguración del Poder Legislativo y la ampliación de los mecanismos de democracia directa.
Nuevamente, la cuarta transformación se ha quedado sin una reforma política de largo alcance, anhelada e intentada tres veces por Andrés Manuel López Obrador, y una vez por Claudia Sheinbaum. Al agotarse en mayo la posibilidad de hacer reformas a la normatividad electoral aplicables en la elección de 2027, la presidenta ya solo podría intentarlo en la segunda mitad de su sexenio, con escasas posibilidades de que los cambios apliquen en su administración.
Aún así, la presidenta ha celebrado este jueves que el plan B pasara la aduana del Senado y, en sintonía con lo que declararon los líderes de Morena en las últimas horas, ha negado que el recorte en su plan B sea un fracaso. Sheinbaum ha argumentado que la reforma –que aún deberá ser ratificada en la Cámara de Diputados- avanza en el objetivo de disminuir privilegios. “Se aprobó lo principal, que es, en esencia, la lucha que siempre hemos dado. Nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció por lo menos 36 años”, ha dicho.
Sin embargo, este nuevo revés, propinado por uno de los partidos aliados que la llevaron al poder, deja a Sheinbaum en una paradoja: es la presidenta más poderosa desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), por la cantidad de legisladores federales y locales, gobernadores, alcaldes, ministros, magistrados y jueces afines a su proyecto político, pero –como le ocurrió a Andrés Manuel López Obrador- no ha podido sacar a flote una reforma política que afiance en la Constitución el cambio de régimen encabezado por la Cuarta Transformación. Al menos no en la primera mitad del sexenio, por lo que irá a la elección de 2027, y a un probable revocatorio en 2028, con las reglas vigentes desde 2014, cuando Enrique Peña Nieto promovió la última gran reforma electoral.
La reforma imposible de la 4T
En el sexenio pasado, el expresidente López Obrador intentó tres veces hacer una reforma el sistema electoral. Su primera iniciativa, enviada en abril de 2022, implicaba cambiar la Constitución para eliminar la Representación Proporcional, cambiarle el nombre, funciones y estructura al Instituto Nacional Electoral, y eliminar el financiamiento anual para gasto ordinario de los partidos políticos. Cosechó el voto en contra de la oposición en diciembre de ese año y, el mismo día, López Obrador envió un plan B, con un paquete de reformas legales que solo tocaban al INE. Ese proyecto alterno de López Obrador fue aprobado por Morena, PVEM y PT en apenas una semana, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo invalidó por fallas en el proceso legislativo. Finalmente, el expresidente presentó una nueva iniciativa de reforma constitucional como parte del plan C que envió al Legislativo en febrero de 2024. De ese, Morena y aliados aprobaron casi todo entre septiembre y diciembre, una vez que se hicieron de las mayorías calificadas en el Congreso, pero el paquete de reforma electoral ni siquiera fue dictaminado.
Eso abrió la oportunidad a que la Sheinbaum delineara su propia iniciativa, con base en los 100 compromisos que asumió en el Zócalo el día de su toma de posesión, entre los que figuraban: reducir los costos del INE y del Tribunal Electoral; una disminución de las prerrogativas que cada año se otorgan a los partidos; la eliminación de las diputaciones plurinominales y las senadurías de Lista Nacional, es decir, el fin de la Representación Proporcional, y la elección de consejeros electorales mediante voto popular.
Sheinbaum aguardó a que transcurriera la elección judicial de 2025 para retomar el tema y fue justo después de que el INE validara la elección de ministros de la Corte, cuando puso la reforma electoral sobre la mesa. En agosto del año pasado, anunció la creación de una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez para concretar la propuesta y, a finales del año, dicha comisión ya estaba realizando foros de consulta.
En total, el equipo encabezado por Pablo Gómez realizó 65 eventos, captó más de 300 propuestas y escuchó a 5.300 personas en audiencias públicas en las que cada ponente tuvo cinco minutos para presentar una idea. Como resultado, la comisión matizó las ideas contenidas en los 100 compromisos de Sheinbaum, como la eliminación de la representación proporcional, la elección de consejeros del INE en urnas y la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). A diferencia de anteriores procesos de reforma política en México, la comisión de Pablo Gómez dejó fuera de los trabajos a los partidos de oposición, lo que hizo que la reforma dependiera de los aliados de Morena, cuyos votos se volvieron indispensables para sacarla adelante.
La comisión levantó una encuesta en la que más del 80% de la población mostró su respaldo a la reducción del financiamiento público a los partidos, la disminución de las diputaciones y senadurías plurinominales y el recorte al costo de las elecciones. Con base en sus hallazgos, la comisión elaboró una primera propuesta que entregó a la presidenta en enero, pero esta fue rechazada de inmediato por el Verde y el PT, aliados de Morena que se resistían a perder prerrogativas y el control de las candidaturas de representación proporcional.
El rechazo de los aliados retrasó el envío de la iniciativa, prometida para el mes de febrero, y obligó a la presidenta a abrir mesas de diálogo con sus aliados en la Secretaría de Gobernación. Las negociaciones quedaron a cargo de Rosa Icela Rodríguez desde finales de enero y la iniciativa presidencial tuvo hasta cinco versiones previas antes de que Sheinbaum la enviara al Congreso, el 4 de marzo. Los propósitos originales eran: reducir un 25% el financiamiento a los partidos, eliminar 32 senadurías de representación proporcional, modificar la forma en la que se asignan las 200 diputaciones plurinominales, regular el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas y adelantar los cómputos de los votos a la noche de la jornada electoral, entre otros cambios. La iniciativa era robusta y acorde al discurso de austeridad republicana y de reducción de privilegios, pero la presidenta sabía que no sería aprobada.
El 11 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta, pero no reunió los 334 votos necesarios para conformar la mayoría calificada requerida para reformas constitucionales. Verde y PT regatearon sus votos e hicieron naufragar la reforma y, al día siguiente, Sheinbaum presentó su plan B, que nuevamente implicaba cambios a la Constitución. Durante tres días, Rosa Icela Rodríguez volvió a negociar con los dirigentes del PVEM, PT y Morena los términos de la nueva iniciativa y les hizo firmar un compromiso de respaldarla en el Senado, la Cámara de Diputados y los Congresos locales.
Cuando la presidenta presentó su nueva propuesta, en la mañanera del lunes 16 de marzo, el PT se sorprendió de que apareciera en ella la posibilidad de adelantar la revocación de mandato para empatarla con las elecciones del 6 de junio de 2027, pues según sus dirigentes eso no se establecía en el acuerdo firmado. El texto se envió al Senado al día siguiente y el PT volvió a advertir que no la respaldaría. Eso abrió nuevas rondas de negociaciones, esta vez, con el coordinador de senadores de Morena, Ignacio Mier, como principal protagonista.
En medio de las diferencias y tensiones, los dirigentes de los tres partidos pusieron sobre la mesa una nueva prioridad: impedir que el plan B fracturara a la coalición oficialista. Bajo esa premisa se construyó un acuerdo final. El PT solo respaldaría la reforma en lo general, pero se apartaría de los cambios en materia de revocación de mandato. A cambio de los votos para aprobar el plan B en lo general, Morena y Verde respaldarían la reserva presentada por el senador Alberto Anaya, líder del PT.
Cuando el coordinador Ignacio Mier celebró la aprobación del plan B, habló de la importancia de mantener unida a la coalición. Y lo mismo dijo Alberto Anaya al explicar en tribuna el voto de sus seis senadores: “Nos separamos en lo que se refiere al artículo 35… pero la coalición está más fuerte que nunca, en 2027 y también en 2030”. Y Mier lo secundó cerca de la medianoche: “El fracaso fue de la oposición, que ya nos veía fracturados”.
La presidenta Claudia Sheinbaum no tendrá una reforma política de gran calado; al menos en la primera mitad de su sexenio. Pero la coalición legislativa y electoral con la que ha aprobado una amplia agenda de reformas seguirá unida. La siguiente aduana será la elección de tres nuevos consejeros del INE en la Cámara de Diputados, que también requiere de mayoría calificada. Y después vendrán las elecciones de 2027, que pondrán a prueba la cohesión de la alianza.
