La lectura inmediata tras la extracción de Nicolás Maduro por una fuerza élite de Estados Unidos fue que no había claridad sobre si se estaba abriendo una transición democrática en Venezuela. Tres meses después, el riesgo que se perfila es otro: la consolidación de un autoritarismo adaptativo con impacto global, una suerte de colonialismo del siglo XXI, producto —colateral o no— del corolario trumpista a la Doctrina Monroe.
Este modelo busca eficacia económica, tolerancia acotada a ciertas disidencias, reducción —que no eliminación— de la burocracia represiva, y la configuración de una oposición “ideal”: reconocible como parte de la tradición democrática, pero sin capacidad real de disputar el poder en el corto plazo.
Es un lienzo para construir una dictadura perfecta, como han descrito autores como Levitsky, aunque con innovaciones: el régimen cuenta con el aval explícito o tácito de una potencia que aún no define claramente su hoja de ruta para una transición democrática. Como reza el dicho, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.
Entre 2021 y 2022, la dictadura de Maduro abrió canales de diálogo con Washington durante la administración Biden. Hoy esas conexiones se han normalizado. En apenas tres meses se reanudaron relaciones diplomáticas, se flexibilizaron sanciones y se multiplicaron las visitas de funcionarios estadounidenses a Caracas.
Si en tiempos de Hugo Chávez existía un turismo ideológico —activistas de izquierda fascinados por la exuberancia de la “revolución bolivariana”—, en 2026 los tours son para posibles inversores que recorren zonas industriales y algunos cierran con un baño de mar en las exclusivas locaciones del archipiélago de Los Roques.
A esto se suma el entusiasmo del presidente Trump, quien no pierde ocasión para elogiar las “bondades” de Venezuela, celebrar su buena relación con Delcy Rodríguez y lanzar bromas crueles: que el país podría ser el estado 51 o que él mismo podría ser candidato presidencial dada su popularidad en esa nación.
Mientras tanto, la dictadura ha hecho poco y ha ganado mucho. Ha excarcelado a unos 500 presos políticos, aprobó una ley de amnistía, hizo un primer cambió de fiscal general y de defensor del pueblo, aprobó una ley para reducir el control estatal en el sector de hidrocarburos, está modificando una ley de minas para facilitar la extracción de oro, minerales raros y otros recursos, y reorganizó el gabinete para consolidar una nueva nomenklatura. Esta transformación responde al proyecto aspiracional de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, percibidos —a diferencia de Chávez o Maduro— como intelectuales de la izquierda caviar. Desde mi perspectiva, ellos representan un autoritarismo “fancy”: Dior con tenazas.
A este tándem algunos lo llaman el Rodrigato. Sus medidas para liberar presión social y abrir espacio para los capitales extranjeros han sido tomadas por la orientación de Estados Unidos y, según voces de la vieja guardia, con un enfoque de “paciencia estratégica”, como ha escrito el militar retirado Francisco Ameliach, uno de los cuadros tradicionales de Hugo Chávez que ha sobrevivido la purga del nuevo orden político.
El énfasis en lo económico, en lugar de haber apuntado de inmediato a la democratización, puede terminar apuntalando al régimen.
Como advirtió Laura Dib, de la Oficina de Latinoamérica en Washington, al cumplirse dos meses de la extracción de Maduro: “El peor escenario para Venezuela es la estabilización de un autoritarismo reconfigurado: la preservación del control absoluto del poder bajo otros rostros, sin una transformación democrática”.
Ese escenario luce hoy más robusto.
Los Rodríguez utilizan la amenaza de la fuerza externa para disciplinar disidencias internas, introducen cambios en sectores clave para la economía —incluida la diplomacia—, pero mantienen intacto el aparato represivo.
La sustitución del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, por el general Gustavo González López —exjefe de la policía política, el Sebin, y considerado uno de los arquitectos de la maquinaria de tortura— es una señal inequívoca. Y, sin embargo, ese mismo general recibió sonriente al director de la CIA, John Ratcliffe, el 15 de enero, apenas dos semanas después de la defenestración de Maduro.
La única condición que, supuestamente, han puesto los Rodríguez para “portarse bien” es que la líder opositora María Corina Machado no regrese al país. Este es un punto de honor que apacigua las furias internas. Para las facciones del chavismo es preferible lidiar con su enemigo histórico, Estados Unidos, que con Machado.
La ironía es evidente: el régimen adaptado se beneficia de dos extracciones. La de Maduro, a plomo limpio, y la de Machado, quien lleva tres meses en un exilio no buscado, pero tampoco conveniente, en un equilibrio que alguien comparó con el de un funambulista.
Los venezolanos solemos decir que venimos del futuro. Esta vez no es distinto. Ya el país se convirtió en caso de estudio de “cómo mueren las democracias”. A diferencia de las dictaduras del siglo XX, las del XXI llegan con votos. Además de Venezuela, Nicaragua y El Salvador son ejemplos recientes.
Sin embargo, en esta nueva etapa se ha dado un paso más. A la experimentación de un modelo autoritario que emerge de un hecho de fuerza externo, que combina eficacia económica con libertades políticas mínimas, características de los regímenes híbridos, se suma otro elemento: Venezuela se perfila como la primera colonia corporativa del siglo XXI.
Puede sonar exagerado, pero es un hecho que el país perdió su soberanía. Recuperarla no será sencillo, incluso si hubiese elecciones y un cambio de régimen.
En la vieja dicotomía, las fuerzas del capital están aprovechando la vulnerabilidad de un país que quiso ser vanguardia del Socialismo del Siglo XXI y hoy corre el riesgo de convertirse en ejemplo del colonialismo del siglo XXI.
