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Las clases arrancaron bien complicadas en las universidades. Por el atraso salarial, y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno, se suceden distintos paros que interrumpen el dictado de las clases.

En medio de los inconvenientes y el conflicto, los rectores de las universidades públicas eligieron ayer al nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que los representa.

Se trata de Franco Bartolacci, actual rector de la Universidad Nacional de Rosario, una de las más grandes y tradicionales del país. Politólogo, radical, y con una larga militancia que arrancó en la Franja Morada, habló con Clarín ni bien lo nombraron en un plenario que se hizo en La Pampa.

– ¿Cuál es la situación de las universidades argentinas hoy?

– El contexto que atraviesa hoy el sistema universitario y científico nacional es extremadamente delicado. Es cierto que muchas veces tuvimos dificultades, pero también que pocas veces fueron tantas como ahora. Tenemos problemas en prácticamente todos los aspectos y dimensiones de la vida universitaria y científica. Lo más angustiante y urgente es la situación salarial de los trabajadores de la educación superior, tanto docentes como no docentes. Nadie pretende holgura en un contexto económico complejo como el que atraviesa la Argentina, donde muchos sectores la están pasando mal. Pero sí es imprescindible un salario digno para quienes tienen la enorme responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales y sostener el sistema científico. Lo digo sin eufemismos: hoy la mayoría de los trabajadores de la educación superior perciben salarios de miseria. Para dar un dato concreto, cerca del 60% del personal docente de las universidades públicas cobra menos de 500.000 pesos por mes.

– ¿La principal preocupación de los rectores es el salario?

– La preocupación es el estado extremadamente delicado de la universidad y de la ciencia en todas sus dimensiones. Tenemos problemas de infraestructura, presupuestarios en los llamados gastos de funcionamiento -que son los recursos necesarios para hacer todo lo que hacemos más allá del pago de salarios- y problemas graves en el sistema científico. Hay que tener en cuenta que el 70% de la ciencia del país se produce en las universidades públicas. El desfinanciamiento del sistema científico es incluso más pronunciado que el de las universidades. Pero hoy, lo más urgente y angustiante es lo salarial.

– ¿Qué posición tienen frente a los paros que se están dando en distintas universidades?

– Siempre fui claro: la universidad se defiende cuando somos capaces de hacer tres cosas al mismo tiempo. Primero, reclamar con firmeza, responsabilidad y seriedad los recursos mínimos indispensables para funcionar. Segundo, impulsar transformaciones al interior del sistema universitario, porque el mundo cambia vertiginosamente, la Argentina cambió y la universidad no puede seguir haciendo en muchos aspectos lo mismo que hace 30 años. Y tercero, sostener la universidad pública abierta: dictando clases, tomando exámenes, produciendo conocimiento. Eso es lo que la sociedad valora y por lo cual nos acompaña incluso en momentos difíciles. El desafío es avanzar en esos tres ejes simultáneamente.

– Entonces, ¿la defensa pasa por mantenerla abierta? ¿Qué mensaje les dan a los estudiantes que tienen problemas con sus clases?

– Nuestra mayor preocupación son los estudiantes, porque son la razón de ser de la universidad pública. Como se dijo alguna vez, la universidad pública es la “República de los estudiantes”. Por eso debemos trabajar en todos los frentes: garantizar salarios dignos para docentes y no docentes, y al mismo tiempo sostener el funcionamiento normal de las universidades. La mejor defensa es mantenerlas abiertas y cumpliendo su misión, respondiendo al enorme esfuerzo que hacen los estudiantes y sus familias.

– ¿Cuál es la posición frente a la nueva ley que impulsa el Gobierno para cambiar la de Financiamiento ya aprobada?

– El Gobierno no ha mostrado hasta ahora voluntad de resolver el problema. Tal como está planteada, esa iniciativa no lo resuelve ni despeja las dificultades actuales. Lo que nosotros sostenemos es la necesidad de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Hay disposición para dialogar sobre su implementación, porque nadie puede pensar seriamente que una recomposición salarial superior al 40% -que es el desfasaje entre aumentos e inflación- pueda resolverse de un mes para el otro. Pero el piso tiene que ser el que establece esa ley.

– ¿Entonces no consideran que la propuesta de ley oficial sea una solución?

– No, no es una solución. Hay conversaciones permanentemente, como corresponde, y desde el Consejo Interuniversitario Nacional siempre vamos a tener disposición para dialogar. Pero el objetivo es encontrar respuestas que realmente solucionen el problema.

– ¿No hay temor a que se derogue la ley de financiamiento?

– Ha habido intentos de retroceder. Es una ley que tuvo un recorrido complejo: se discutió en un período legislativo, luego se volvió a presentar, se logró su aprobación, fue vetada, se sostuvo, se promulgó pero no se aplicó, y finalmente se recurrió a la Justicia para exigir su cumplimiento. Incluso hubo intentos de derogarla en el marco del tratamiento del presupuesto en diciembre, que no prosperaron.

– Más allá del conflicto, hay debates pendientes en el mundo universitario, como la duración de las carreras. ¿Cuál es su visión?

– Creo que debemos avanzar hacia una segunda reforma universitaria. A veces lo digo de manera provocadora: hay una distancia entre la universidad actual y la sociedad similar a la que existía en 1918. Hay que encarar una reforma profunda en todos los aspectos, pero sobre todo una revolución académica, pedagógica y curricular: repensar carreras, planes de estudio y modos de enseñanza.

– ¿Eso va a ser una prioridad en su gestión?

– No solo vamos a avanzar, sino que va a ser un eje central de trabajo durante todo este año. Es una tarea impostergable.

– El sistema tiene ingreso irrestricto, pero también alta deserción. Y hay señalamientos de que esto implica un gasto improductivo. ¿Cómo van a abordar este tema?

– La universidad tiene que reformarse, pero cuidando lo que nos hace únicos en el mundo: un sistema que garantiza que cualquier joven, sin importar su origen o lugar de nacimiento, pueda acceder a educación pública de excelencia sin restricciones. Tenemos plena conciencia de las dificultades y la voluntad de abordarlas. Pero muchas veces esos problemas se utilizan para desprestigiar la universidad pública y justificar el desfinanciamiento. Ojalá podamos construir una agenda de trabajo seria, donde se discutan los problemas y las soluciones. Si eso ocurre, vamos a estar desde el primer momento participando.

– ¿No existe hoy ese ámbito de diálogo con la Subsecretaria de Políticas Universitarias del Gobierno?

– No de manera formal. Hubo conversaciones informales en los últimos años. Sería muy positivo que se convoque a una mesa de trabajo. Algunas cuestiones puntuales se están discutiendo en el Consejo de Universidades con autoridades nacionales, y eso es saludable. Tenemos que avanzar en reformas profundas y rápidas. Muchas veces el problema en el ámbito público es la lentitud: cuando logramos cambiar algo, el contexto ya cambió. Nosotros, en la Universidad Nacional de Rosario, ya avanzamos con algunos cambios. Por ejemplo, decidimos reinterpretar los límites de carga horaria de las carreras. Eso permitió crear nuevas carreras de cuatro años, más cortas y vinculadas al mundo del trabajo. Y las carreras tradicionales se irán adaptando progresivamente. Hay cosas que se pueden hacer con autonomía universitaria y otras que requieren cambios legislativos. Para ambas estamos dispuestos a trabajar.