En el primer quintil de ingresos laborales –esto es, el 20% de los trabajadores con menores salarios– la incidencia de la informalidad es del 84,8%: o, lo que es lo mismo, ocho de cada diez trabajadores que pertenecen al sector de peores salarios trabajan en condiciones precarias en la Argentina. El dato lo resalta un estudio de la UBA, pero parte de la Encuesta Permanente de Hogares que publica el Indec.
En el promedio total, si se considera a todos los trabajadores, cuatro de cada diez se desempeñan en empleos informales. “En la comparación interanual se observa un aumento de aproximadamente un punto porcentual”, explican desde la institución. La informalidad, sin embargo, presenta diferentes grados dependiendo de la actividad, el género, la edad, el nivel educativo, la región, el tamaño de la empresa y, como ya se mencionó, los niveles de ingreso.
La UBA desarrolla punto por punto estos factores. Señala, por ejemplo, que entre los asalariados la tasa de informalidad fue del 36,3%, la de los trabajadores por cuenta propia fue del 63,4% y la de los patrones del 28,7%. También existen diferencias en el porcentaje de informalidad de acuerdo al género (42,5% para los hombres y 44,4% para las mujeres), edad (alcanza al 67,4% de los jóvenes), nivel educativo (el 67,5% en el caso de los trabajadores que no completaron su educación media), (en la provincia de (San Juan es del 60,9%), rama de actividad (rubros como el servicio doméstico –con 79,8%– o construcción –72,6%– son los más afectados) y nivel salarial (como se dijo, el 84,8% de los trabajadores de menores ingresos tiene un empleo precario).
Este último porcentaje se relaciona con otra realidad que la organización Futuros Mejores estudia en un documento: la de las personas que, en edad de trabajar y con un empleo, están en situación de pobreza. Solo el 7,9% de las personas que viven en condiciones de pobreza y en edad de trabajar están desempleadas, afirman, y advierten que “el 59% tiene trabajo en la construcción, comercio, industria”, aunque eso no les permita mejorar su situación económica. Un 18% está ocupado en tareas de cuidado no remuneradas.
El trabajo realizado por los investigadores de esta organización explora lo que, entienden, son los prejuicios que durante años se instalaron respecto de las personas en situación de pobreza, los planes sociales universales y el desempleo. El primer mito que desmienten es el de la falta de esfuerzo: “Las personas pobres trabajan un promedio de horas semanales superior a las personas no pobres (41,8 horas y 40,2 respectivamente)”. En ambos casos, agregan, “la mayoría trabaja en relación salarial (78% de los ocupados sobre línea de pobreza y 69% de los que se encuentran bajo la línea)”. La diferencia está, exponen, en el grado de formalidad de estos empleos.
“La pobreza en Argentina hoy es, en gran medida, una consecuencia directa de la precarización laboral”, afirmó a este medio Daniela Maciel, politóloga y una de las autoras del estudio. Según el último informe del Indec, en el último año la informalidad escaló del 42% al 43% de la población ocupada.
“A la hora de analizar quiénes son las personas en edad de trabajar que viven en condiciones de pobreza en Argentina, encontramos una primera limitación en las posibilidades de medición. Mientras cada vez más países avanzan hacia la elaboración de indicadores de pobreza multidimensional, Argentina continúa midiendo la pobreza exclusivamente por ingresos”, explican los y las investigadoras. Las políticas públicas, incluidos los planes como “Volver al Trabajo” –recientemente eliminado– se han planteado bajo ese concepto de pobreza monetaria, con lo que hasta ahora dejaron afuera a los demás aspectos, como el acceso a la salud, la educación, una vivienda y servicios adecuados. “Esta metodología tiende a invisibilizar desigualdades estructurales que requieren abordajes diferenciados”, agregan.
En parte por las limitaciones estadísticas, explicó a PERFIL Lisandro Rodríguez Cometta, sociólogo y autor del estudio, “en los últimos 30 años Argentina reformuló al menos diez veces sus programas para población en edad de trabajar, sin lograr resolver el problema estructural”.
El análisis, que también considera a las personas que realizan trabajos comunitarios (las más perjudicadas ante la eliminación de Volver al Trabajo, ya que más del 90% de quienes lo cobraban realizaban este tipo de tareas) sostiene que mientras las políticas universales para infancias van ganando consensos, “las políticas sociales para las personas en edad de trabajar son siempre materia de discusión social y mediática”. Los especialistas proponen mirar las iniciativas aplicadas en países con elevado nivel de desarrollo, que combinan políticas de ingreso universal, empleo, formación y remuneración de cuidados.
“El debate sobre la política social está mal planteado: antes de preguntarnos a quién hay que exigirle qué, tenemos que entender quiénes son las personas en condiciones de pobreza en Argentina y qué están haciendo. Y los datos son contundentes: la enorme mayoría ya trabaja”, sentenció en contacto con este medio otra de las autoras del informe, Lucía Cirmi Obón.
La economista y magíster en Desarrollo concluyó que “la idea de que la pobreza se explica por falta de esfuerzo, méritos o de voluntad de trabajar no resiste ningún análisis”.
