Ecuador dio por terminado el toque de queda que impuso durante dos semanas en cuatro provincias del país. Durante ese tiempo, unos 6,5 millones de personas tuvieron prohibido salir de sus casas desde la noche hasta el amanecer. La restricción fue absoluta. El Gobierno no concedió salvoconductos ni siquiera a sectores productivos, y mantuvo a la prensa al margen de los operativos. Para sostener la medida, desplegó —según cifras oficiales— a 75.000 uniformados, con apoyo logístico de Estados Unidos.
La decisión no tomó por sorpresa. Días antes, los voceros del Ejecutivo habían preparado el terreno con la retórica habitual de mano dura y advertencias severas. “No salga, no queremos víctimas colaterales”, repitió el ministro del Interior, John Reimberg, convertido en el rostro visible de la ofensiva. El mensaje era claro: la noche quedaba bajo control del Estado.
Pero el balance oficial cuenta otra historia. Las cifras hablan de operativos masivos, aunque con resultados limitados frente al crimen organizado. Hubo 1.283 personas detenidas por violar el toque de queda, pero apenas un “objetivo criminal priorizado” fue capturado. Otros dos sospechosos con vínculos delictivos también fueron detenidos, entre ellos alias Perris, asesinado tres días después en la cárcel de Guayaquil.
El resto de los resultados se diluye en un inventario: 56 armas decomisadas, 207 motocicletas retenidas, 781 vehículos registrados, 107 recuperados y nueve a los que se les retiraron los vidrios polarizados. Acciones que la Policía realiza a diario sin restringir la movilidad.
El Ministerio de Defensa centró parte de su ofensiva en la minería ilegal. También allí abundan los números, pero escasean las explicaciones: 806 detenidos —sin detalle de los delitos—, más de 5.400 explosivos incautados, 25.613 dólares decomisados, 32 retroexcavadoras inutilizadas, 256 bocaminas destruidas y cinco pistas clandestinas localizadas correspondientes al periodo del 15 al 29 de marzo; el balance de la última noche del toque de queda aún no ha sido entregado.
Se generaron expectativas muy altas, incluso con la idea de operativos estratégicos apoyados por inteligencia estadounidense. El despliegue, sin embargo, deja dudas. El analista en seguridad Fernando Carrión lo resume en una palabra: marketing. Pero no hay, hasta ahora, un balance integral ni información detallada. Lo poco que se conoce, añade, ha sido filtrado de forma fragmentaria a través de los medios.
La anticipación también jugó en contra. “La promoción previa de los operativos dio tiempo a estas organizaciones para reaccionar”, explica Carrión. Algunos cabecillas, sostiene, probablemente se desplazaron a otras ciudades. Es el conocido “efecto globo”: la presión en un territorio empuja el delito hacia otro, añade. “Muchas de estas estructuras pudieron moverse a Quito o Cuenca, no solo para esperar, sino para expandirse”, advierte.
Para Carrión, no se trató de una derrota del crimen organizado, sino de una retirada calculada. “Optaron por no confrontar al Estado”, dice. Una táctica similar a la de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno y militarizó las calles. Entonces, los homicidios bajaron durante un par de meses, pero luego volvieron a subir.
A esto se suma la opacidad en la cooperación con Estados Unidos. El Gobierno ha mencionado líneas generales: capacitación, inteligencia, intercambio tecnológico, pero sin detalles concretos. La primera operación conjunta, anunciada a inicios de marzo, fue un bombardeo contra un supuesto campamento del grupo disidente Comandos de la Frontera, en Sucumbíos. Sin embargo, la versión oficial ha sido cuestionada por el testimonio de un campesino que asegura que en el lugar solo había una granja dedicada a la cría de ganado.
El Gobierno defiende la restricción como una herramienta necesaria en su guerra contra el crimen. Uno de sus efectos fue contener los homicidios intencionales en las cuatro provincias donde se aplicó, que hasta entonces mostraban un aumento descontrolado. Sin embargo, los asesinatos continuaron ocurriendo durante el día y hasta en los horarios cercanos al toque de queda.
Pero entre quienes vivieron el toque de queda, las dudas pesan más que las cifras. También el impacto cotidiano. Andrea Medina tiene un pequeño local de batidos y sándwiches en los alrededores de un hospital. Antes trabajaba sin pausas, 24 horas al día, siete días a la semana. Para sostener ese ritmo, tenía a una persona contratada que la ayudaba. “Con el toque de queda cerraba a las diez de la noche como máximo. Todo lo que se ganaba en la noche se perdió. Tampoco podía seguir pagando todas las horas a la persona que atendía. Es una afectación en cadena”, cuenta.
Andrea es escéptica. “¿A quién benefició? Siguen robando, siguen matando, siguen extorsionando. Yo lo veo todo igual”.
Carlos Pérez, taxista, no trabajaba en horario nocturno, pero sintió el golpe de otra manera. La gente dejó de salir, dice, y los clientes disminuyeron. A eso se sumaron las largas filas para abastecer combustible. “Fui a poner gasolina y, sin mentirle, me demoré 57 minutos. Es demasiado tiempo que se pierde para trabajar”, relata.
Para Jhony Rodríguez, la conclusión es directa. Haber presenciado un asalto durante el día le basta: “Nada ha cambiado. Los criminales dejaron de salir por la noche y ahora roban y matan más de día”.
No todos coinciden. En el barrio Las Malvinas, uno de los más golpeados por la violencia en Guayaquil, Miriam Suárez percibe otra realidad. “Por mi casa había tantas bandas y ahora no hay ninguna. Y todas las noches pasan las Fuerzas Armadas”, dice con un tono de alivio y satisfacción.
Durante 15 días, el tiempo cotidiano se desordenó. Hubo más gasto en transporte, calles con basura acumulada porque los recolectores no lograban completar sus rutas y una sensación de ciudad a medio ritmo. Todo para que la mayoría de los detenidos fueran personas que incumplieron el toque de queda, sin vínculos con estructuras criminales. Operativos que, en esencia, la policía realiza a diario sin necesidad de restringir la circulación.
El toque de queda terminó. Pero las preguntas sobre su eficacia, sus costos y sus consecuencias siguen abiertas.
