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La escopeta 12/70 es un arma de caza, con cañones que funcionan independientes, con dos martillos. «He tenido enfrentamientos y la he usado. Es terrorífica», le dice a Clarín un jefe policial con más de 40 años de carrera.

Esa fue el arma que utilizó G.C., el chico de 15 años que este lunes mató a otro alumno de 13 años e hirió a otros dos en la Escuela 40 Mariano Moreno, de San Cristóbal, al norte de la provincia de Santa Fe.

La escopeta lleva dos cartuchos. Al accionarse el gatillo, salen disparados los perdigones. A mayor distancia, mayor daño, ya que se amplía el radio de impacto cuando más metros avanza.

Según precisó el fiscal regional de Rafaela, Carlos Vottero, la 12/70 usada por el adolescente tenía «dos caños superpuestos» y «se habrían efectuado cuatro disparos«.

Es decir, recargó una vez. La segunda vez que lo hizo, intervino el portero Fabio Barreto, que evitó así una masacre, porque el tirador tenía más de 30 cartuchos en un cinturón para continuar disparando.

Vottero desmintió una versión que había circulado con fuerza apenas ocurrió el ataque. El arma no estaba en un estuche de guitarra. G.C. la llevó en su mochila y la ocultó en un buzo cuando los estudiantes se encontraban formados en el patio para iniciar la jornada e izar la bandera, pasadas las 7.10.

El fiscal también sumó un dato revelador. El abuelo del sospechoso denunció esa misma mañana que se la habían sustraído de su casa, ubicada a 60 metros de donde vive el chico con su mamá.

Néstor Oroño, abogado de la familia del adolescente, contó que el papá vive en San Jaime de la Frontera, en Entre Ríos, distante a 516 kilómetros.

Consultado sobre quién le enseñó a manipular la escopeta, ya que el portero contó que «era muy ágil para abrir, recargar rápido y disparar, se veía que tenía experiencia», Oroño respondió: «Lo desconocemos. Eso, la verdad, no lo sabemos nosotros».

Lo que trascendió es que el fin de semana había ido a cazar con un familiar. Algunos dijeron que era el abuelo, un detalle que nadie confirmó.

Según Vottero, G.C. fue hasta al baño del colegio para ensamblar el arma, ponerse el cinturón con los cartuchos y preparar el ataque. Allí adentro hizo el primer disparo, donde hirió en un brazo a Ian Cabrera Núñez, alumno de 1° año.

Luego salió del baño y caminó casi cinco metros. Tiró otra vez y mató a Ian de un tiro en el pecho, que era el único hijo de un empleado municipal y una maestra jardinera. Además, fueron heridos otros dos estudiantes.

Después fue hasta un ventanal hacia un patio externo, sin impactar a nadie. Allí fue cuando intervino Barreto para desarmarlo.

“Todos salimos corriendo. Ahí se abalanzó el portero, le sacó el arma y le preguntó ‘¿qué hacés?’. Y solo le dijo ‘fui a cazar el fin de semana’ y nada más, no entendía nada”, afirmó a Clarín uno de los alumnos que presenció el horror.

El propio Barreto acotó sobre ese momento: «Salió del baño con la escopeta tirando tiros. Yo lo vi, lo encaré, él se paró y me apuntó, pero no alcanzó a gatillar porque no le di tiempo. Lo reduje y le saqué el arma. Pensé en la vida de los demás chicos«.

Los testigos señalaron que el tirador estaba «en trance» y «desorientado».

Ahora G.C. permanecerá en un lugar cuya ubicación es confidencial, incluso para los propios internos del establecimiento donde está resguardado. Esto responde a una protección legal contemplada en el marco del proceso penal juvenil.

Según fuentes oficiales, al tratarse de un menor de edad, el caso se rige por una normativa especial: tras la modificación de la ley, los menores imputables quedan sometidos a un proceso penal específico en el que las medidas adoptadas son de seguridad, y no punitivas como ocurre con los adultos.

El chico se encuentra acompañado por su madre, quien oficia como referente afectiva y asume la responsabilidad legal en los términos que establece el Código Procesal Penal de menores. Se trata de uno de los derechos que asisten al imputado en razón de su edad.

Vottero expresó que «esta persona va a estar en esta situación de encierro hasta el viernes de la audiencia, se van a incorporar informes, y un juez va a resolver sobre las medidas que tienden al resguardo del menor, la integridad física y psíquica, de las víctimas».

Colaboró: Emmanuel Dalbe. Enviado especial a San Cristóbal.