Un juez federal ha ordenado este martes la paralización de las obras de construcción del salón de baile de la Casa Blanca, que Donald Trump está construyendo en el ala este, en un proyecto valorado en 400 millones de dólares y financiado por donantes privados y amigos del mandatario republicano. El magistrado ha justificado su decisión en que la nueva construcción, que modifica sustancialmente el entorno arquitectónico de la histórica residencia del presidente, reciba la aprobación del Congreso.
El juez de distrito estadounidense de Washington, Richard Leon, aprobó la solicitud sobre medidas cautelares presentada por una organización sin fines de lucro dedicada a la preservación del patrimonio histórico, National Trust for Historic Preservation. La ONG presentó una demanda argumentando que Trump se ha extralimitado en su autoridad al demoler el histórico ala este e iniciar la construcción del nuevo salón de baile, que tiene una extensión de casi una hectárea, como un campo de fútbol, sin la aprobación del Congreso. “Ninguna ley se acerca siquiera a otorgarle al presidente la autoridad que afirma tener”, señala el juez.
El juez que fue nombrado por George Bush ha escrito en su auto: “El Presidente de los Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es el propietario!“.
La decisión judicial refleja las preocupaciones del juez respecto a que el presidente aborde, sin consultar al Congreso, unas obras de tal envergadura, que perdurará durante generaciones, en un edificio histórico.
“A menos y hasta que el Congreso dé su aprobación a este proyecto mediante una autorización legislativa, ¡la construcción debe detenerse!”, ha escrito el juez Leon, en una sentencia de 35 páginas. “El Congreso conservará así su autoridad sobre los bienes de la nación y su función de supervisión sobre el gasto del Gobierno”, añade en su conclusión final.
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