EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
El agua es vida y bienestar. Es fundamental para nuestra salud, para garantizar nuestra seguridad alimentaria, para dinamizar la economía de nuestros países, para conservar el equilibrio del planeta y de la naturaleza, y para aumentar nuestra resiliencia frente a los efectos del cambio climático. Está tan presente en todas las facetas de nuestra vida y del desarrollo de nuestras sociedades que hemos dado su disponibilidad por sentada.
Sin embargo, los efectos del cambio climático, la pérdida desmedida de biodiversidad y la degradación de las cuencas hidrográficas están afectando la salud de los ecosistemas de agua dulce. Con ello, también se está poniendo en peligro nuestro suministro de agua y, por ende, el de nuestras sociedades y economías. Se están exacerbando las desigualdades, ya que estos desafíos afectan de manera desmedida a las comunidades más vulnerables, para quienes los costos de acceso al agua, el aumento de las interrupciones en el servicio y la disminución de la calidad del agua son retos diarios.
Las políticas públicas son la llave para proteger el agua a escalas regionales y nacionales. Ellas permiten crear las condiciones para que las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) puedan escalar y convertirse en parte integral de la gestión del agua en América Latina y el mundo. Se ha demostrado que implementar SbN como la restauración de humedales, la reforestación y la protección de riberas ayuda a frenar graves problemas hídricos, a disminuir los costos en los servicios de agua y de saneamiento, a garantizar la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades. Además, son fundamentales para el desarrollo de la agricultura y la economía de nuestros países a largo plazo.
El nuevo informe El Poder de la Política Pública, publicado por The Nature Conservancy (TNC), IVL Swedish Environmental Research Institute y Arup, muestra que en 17 países ya existen marcos regulatorios que han permitido implementar proyectos exitosos de conservación y de seguridad hídrica con las SbN. Los ejemplos presentados demuestran que sí es posible avanzar, pero que para hacerlo el conocimiento técnico debe venir acompañado de un cambio profundo en las formas en que gobernamos y gestionamos nuestros recursos hídricos, y que es necesario escalar y multiplicar los casos de éxito.
América Latina es una región estratégica para el abastecimiento de agua a nivel planetario, un factor que necesita ser protegido de manera contundente y urgente. La región alberga importantes ecosistemas como los cenotes subterráneos de la Selva Maya en México, la cuenca del Orinoco en Colombia y Venezuela y la región de la Amazonia, con la cuenca más grande y biodiversa del mundo, entre muchas otras arterias de agua vitales. Estos lugares no solo son indispensables para la seguridad hídrica de millones de personas que se ubican en las ciudades, sino que también son el hogar de comunidades que dependen directamente de la salud de estas fuentes de agua en todas las facetas de su vida.
Las decisiones que tomemos hoy sobre nuestras formas de gobernar y de gestionar nuestros recursos hídricos definirán nuestro futuro y el de la naturaleza. El Poder de la Política Pública, precisamente, presenta ejemplos contundentes de países latinoamericanos en los que las políticas públicas han permitido y facilitado escalar iniciativas apoyadas en las SbN para garantizar nuestra seguridad hídrica.
TNC ha desempeñado un papel clave en canalizar la política pública hacia la seguridad hídrica al demostrar, con evidencia científica y casos concretos, que las SbN pueden integrarse en marcos regulatorios y planes de desarrollo. TNC ha logrado que el sector público y privado, de la mano de la sociedad civil, reconozca que la conservación de cuencas, páramos y bosques es una infraestructura esencial para garantizar agua limpia y resiliente.
Es así como hay casos que reflejan avances y tienen el potencial de escalar. Brasil, por ejemplo, ha desarrollado un marco regulatorio e institucional avanzado para la gobernanza hídrica, gracias al cual varios programas incorporan SbN para la gestión del agua, permitiendo proteger miles de hectáreas de bosque y reduciendo los costos de potabilización del agua en ciudades medianas. En algunos municipios, su impacto ha sido hasta en un 20 %. Uno de ellos es el programa de ‘Productores de Agua’, coordinado por la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico (ANA), que promueve la restauración de las cuencas hidrográficas a través de Pago por Servicios Ambientales (PSA). El foco está en incentivar a los agricultores a conservar áreas de recarga hídrica.
En Colombia, se estableció un mecanismo regulatorio para permitirles a las empresas de servicio asignar voluntariamente los ingresos de las tarifas de servicios a la conservación de cuencas hidrográficas, a través de medidas como la compra de tierras, la restauración de ecosistemas y el pago por servicios ambientales. Esto ha permitido proteger ecosistemas estratégicos como los páramos —que abastecen de agua a ciudades como Bogotá—, y generar incentivos económicos para que las comunidades rurales sean parte de la estrategia de conservación. Adicionalmente, el marco legal del país exige a departamentos, distritos y municipios dedicar al menos el 1 % de los ingresos de libre destinación a la conservación de cuencas hidrográficas.
El Fondo de Protección de Agua FONAG en Ecuador, creado en el año 2000 y estructurado como un fideicomiso financiero que agrupa Empresas Públicas Metropolitanas de Agua Potable y Saneamiento (EMAPS), empresas privadas y donantes internacionales, financia esfuerzos de conservación y restauración en áreas estratégicas para el abastecimiento de agua de Quito. El fondo prioriza la protección de agua a través de acuerdos de gestión de tierras, restauración y educación ambiental, y es propietario de tierras ambientalmente importantes para garantizar la seguridad hídrica de la capital del país. Es el único fondo con un modelo de financiamiento estable y continuo en Ecuador. Este modelo se ha replicado alrededor del mundo.
Como estos casos existen muchos más. Todos ellos muestran cómo las políticas públicas pueden incentivar y acelerar la integración de SbN a la gestión del agua. El trabajo conjunto entre instituciones, gobiernos, empresas y comunidades es el único camino para contribuir a la seguridad hídrica en América Latina, garantizando un futuro sostenible para nuestras comunidades y ecosistemas. Las soluciones gana-gana son las que entienden la dimensión ambiental como integral a las sociales y económicas. Aseguran un mejor futuro, pero todo depende de cómo actuemos ahora.
