La Iglesia católica la «suplicó» al ministro de Salud, Mario Lugones, la regularización y aumento de los pagos de las prestaciones por discapacidad “ante la grave situación que atraviesan numerosas instituciones dedicadas al cuidado y acompañamiento de personas” con esta situación en el país. A la vez que sostienen que esta problemática “no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”.
“Muchas de ellas se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales, lo que ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”, advierte.
En una carta firmada por el presidente del Episcopado, el arzobispo Marcelo Colombo, los vicepresidentes, el cardenal Ángel Rossi, y el obispo Daniel Fernández, afirman que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025, mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento personal.
“Las consecuencias ya comienzan a hacerse sentir: endeudamiento creciente, riesgo de cierre de hogares, imposibilidad de incorporar nuevas personas y deterioro en la calidad de los servicios”, subrayan y completan: “En muchos casos, además, se trata de residentes que requieren atención integral para alimentarse, higienizarse y realizar las actividades más básicas de la vida cotidiana”.
Recuerdan que “en mayo del año pasado habíamos advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar” por lo que “ante la angustiante situación actual queremos pedirle encarecidamente el cumplimiento de la Ley 24.901 -sancionada en 1997-, que establece el sistema de prestaciones básicas para las personas con discapacidad”.
“Las obras que hoy se encuentran en peligro de continuidad, muchas de ellas nacidas del compromiso de comunidades religiosas y civiles, constituyen un verdadero patrimonio social de nuestra patria”, destacan y sostienen que “el respeto de la vida humana y el cuidado de los más frágiles, en especial de las personas con discapacidad, son cimientos sobre los que se edifica toda sociedad”.
Y demandan: “Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. En nombre de tantas instituciones, familias y personas que hoy viven con angustia esta situación, nos urge pedir que el Estado pueda ofrecer una pronta respuesta que asegure la continuidad de estos servicios indispensables”.
Además, apuntan que “en estos días se ha hecho visible, de manera especialmente dolorosa, la situación de muchas instituciones, donde se sostiene una tarea silenciosa y generosa que expresa lo mejor de nuestra tradición solidaria: el cuidado cotidiano de quienes más necesitan de la comunidad. Entre las muchas que podríamos nombrar señalamos, por ejemplo, los Cottolengos Don Orione, obra con un profundo arraigo en la vida social y comunitaria donde la continuidad del cuidado de 1.200 personas con discapacidad se encuentra hoy en riesgo real e inmediato”.
“Quedamos a disposición para todo diálogo que pueda contribuir a una solución”, concluyen.
