Por estos días, una narrativa inquietante ha ganado espacio en el debate público: la supuesta vulnerabilidad de las elecciones colombianas por cuenta del software de escrutinios. Se afirma, a mi parecer, con premura, que el sistema estaría en riesgo estructural. Desde distintos sectores han llegado advertencias sobre fraudes, cuestionamientos a los algoritmos y dudas sobre si el sistema tecnológico podría alterar los resultados. Esa conversación, sin embargo, se sostiene sobre una confusión que conviene despejar con precisión: no es el software electoral quien decide a los ganadores, sino la voluntad expresada en los votos.
El escrutinio en Colombia es, ante todo, un acto jurídico complejo, manual y escalonado que comienza, sin intermediación tecnológica, a las cuatro de la tarde del día de las elecciones, cuando los jurados de votación abren las urnas. Estos —ciudadanos corrientes, seleccionados al azar y transitoriamente investidos de función pública— realizan el conteo primario voto a voto, en voz alta y en presencia de testigos electorales —más de un millón en las elecciones de Congreso del 8 de marzo pasado—, y consignan los resultados en los formularios físicos E-14, que constituyen la fuente originaria de la voluntad popular. Los jurados no solo cuentan votos: verifican la correspondencia entre sufragantes y tarjetas y, si hay más votos que votantes, nivelan la mesa conforme a reglas estrictas. Asimismo, reciben solicitudes de reconteo y reclamaciones formales, que deben registrarse en actas y ser resueltas posteriormente por las comisiones escrutadoras.
Así, el escrutinio no ocurre en un único lugar ni en un solo momento, sino que se despliega en niveles sucesivos de verificación. El primero, como acabamos de ver, es la mesa de votación, donde los jurados realizan el conteo inicial y consignan los resultados en el formulario E-14. De este se generan tres copias idénticas: una destinada al preconteo —difundido la misma noche de la elección con fines informativos y sin valor jurídico—, otra que se digitaliza para consulta pública, y una tercera, custodiada por los claveros, que sirve de base para los escrutinios.
El segundo nivel lo conforman las comisiones escrutadoras zonales, auxiliares, municipales y distritales, integradas por jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, quienes suman los E-14 de todas las mesas del país. Si un candidato, su apoderado o un testigo electoral encuentra un error, puede presentar una reclamación formal en esta instancia. El tercer nivel es el departamental, integrado por delegados del Consejo Nacional Electoral; y el cuarto y último es la Sala Plena de dicha corporación, que consolida el escrutinio nacional, declara, por regla general, los resultados definitivos del Senado y de las circunscripciones especiales, y expide las credenciales en todos los casos.
En cada etapa, se habilitan mecanismos de reclamación, contradicción y apelación. Esta arquitectura no es accidental: responde a un modelo que privilegia el control humano, la publicidad y la trazabilidad documental.
Es en este contexto donde debe situarse el debate sobre el software. Y es aquí donde conviene disipar la confusión con precisión: el sistema informático que opera la Registraduría la noche de las elecciones no realiza el escrutinio; cumple una función distinta y limitada, la del preconteo. Son, por tanto, dos sistemas claramente diferenciados, con finalidades propias.
El preconteo es un conteo rápido de carácter meramente informativo. Cuando los jurados terminan de contar los votos en la mesa, entregan una de las copias del E-14 para que sean transmitidas a los centros de recepción provistos por la Registraduría y distribuidos en todo el país. Esa información se publica en la página web de dicha entidad: es el dato que vemos actualizarse en tiempo real durante la noche electoral. Pero ese dato carece de validez jurídica: no define ganadores, no produce efectos legales y no se traslada automáticamente al escrutinio.
Ante cualquier diferencia entre el preconteo y el escrutinio oficial, solo este último es vinculante. En 2022, esa diferencia en el Senado fue del 5,49%; en 2026, según la Misión de Observación Electoral, apenas del 0,2%, una variación sin relevancia estadística.
En este orden, el sistema tecnológico electoral colombiano tiene tres componentes. El software de preconteo, a cargo de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026 —liderada por la empresa Thomas Greg & Sons—, procesa los datos que llegan de los centros de recepción. El software de consolidación y divulgación del preconteo, que es de la empresa española Indra. El software de escrutinio municipal, distrital y departamental también a cargo del consorcio privado contratado por la Registraduría. Y el software de consolidación del escrutinio nacional, que es propiedad del Estado, específicamente del CNE.
En suma, el software electoral colombiano es, en esencia, una herramienta de transmisión y consolidación de datos. Muestra lo que los jurados contaron. Organiza lo que las comisiones escrutadoras verificaron. No inventa votos, no los borra, y tampoco decide ganadores. Los votos no están en el software; reposan en las actas físicas, en el papel. De allí se sigue que, si el sistema de transmisión falla, los votos siguen ahí. Si hay un error aritmético en el preconteo, el escrutinio lo corrige. Si alguien altera un dato en el sistema, las actas físicas siempre prevalecen.
De hecho, la combinación entre automatización y manualidad —esto es, entre procesamiento digital y respaldo físico verificable— constituye la fuente de fortaleza de nuestro sistema. Aun en el escenario hipotético de una intrusión informática, sus efectos serían, en el mejor de los casos, transitorios: bastaría la revisión de las actas físicas, o inclusive de los votos depositados en la urna, para restablecer la verdad electoral.
En ese marco, nuestro mecanismo electoral se articula con un entramado robusto de garantías complementarias: todos los partidos pueden acreditar auditores para revisar el sistema, con acompañamiento de misiones internacionales (CAPEL, UE, OEA, IFES). El software —público, auditable y bajo control directo del Estado— incorpora auditorías independientes, exposición del código fuente a los partidos, congelamiento previo a la jornada electoral y distribución de claves de verificación entre múltiples actores institucionales. A su vez, la digitalización de las actas de escrutinio garantiza acceso público y trazabilidad, permitiendo a cualquier ciudadano contrastar los resultados con los documentos que los sustentan.
Ahora, es un sistema claramente perfectible, sin duda. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos ha recomendado ampliar los protocolos de verificación para incluir también las bases de datos y los procedimientos automatizados dentro del software, no solo el código principal. Expertos y misiones de observación han señalado también la necesidad de auditorías independientes con resultados públicos, que no solo permitan identificar errores, sino que también fortalezcan la confianza ciudadana en el proceso. Esas son conversaciones legítimas y necesarias, y desde el Consejo Nacional Electoral estamos comprometidos a promoverlas y desarrollarlas.
Con todo, el debate no debería centrarse únicamente en una supuesta vulnerabilidad del software, sino en comprender —y defender— la arquitectura del modelo electoral colombiano: un diseño híbrido en el que la tecnología cumple una función auxiliar, mientras el control es, en esencia, humano, material y verificable. De allí surge la paradoja que estas líneas buscan esbozar: pretender un fraude basado en el software en un sistema cuyo conteo es manual, público y sustentado en actas físicas. La fortaleza del modelo no reside en una línea de código, sino en la multiplicidad de controles, instancias y mecanismos de corrección que lo estructuran; esa es, precisamente, su mayor garantía y la mejor prueba de su solidez.
Por estas razones, sembrar la sospecha de que el software de escrutinios decide elecciones, o que puede alterar resultados sin dejar huella, no solo revela un desconocimiento del sistema: erosiona, además, uno de los pilares de toda democracia, la confianza. Y esa desinformación no es inocua. Tiene un costo tangible: debilita la credibilidad en instituciones que, con sus imperfecciones, han sostenido durante décadas la arquitectura electoral; pero, más complicado aún, fractura la relación del ciudadano con su deber cívico, desalentándolo de participar en el acto que define su voz en la vida pública. Por eso, como bien advierte Fernando Carrillo, las reformas democráticas no exigen desmontar lo construido, sino comprenderlo y perfeccionarlo. No se trata de empezar de cero, sino de avanzar con rigor sobre lo ya alcanzado. Porque las democracias, si han de perdurar, deben ser capaces no solo de resistir, sino de corregirse y fortalecerse desde dentro.
