El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó este jueves la nueva ley de minas, una norma que —tal y como ocurrió con la de hidrocarburos— abre al capital extranjero el subsuelo venezolano, rico en minerales. La aprobación de esta norma de 131 artículos, que deroga la sancionada por Hugo Chávez en 2013, ha tomado varias sesiones y llevaba semanas en discusión. Finalmente, se ha votado por unanimidad en la misma jornada en la que se ha elegido al nuevo fiscal general y la nueva defensora del pueblo.

La ley autoriza a empresas o consorcios nacionales, extranjeros, estatales y privados a explotar oro y “minerales estratégicos”. Las concesiones tendrán una duración máxima de 30 años, pero podrán prorrogarse hasta por dos períodos de 10 años. El diputado Orlando Camacho, uno de los principales promotores del proyecto, ha señalado que uno de los objetivos de esta norma es “atraer capital nacional y extranjero con seguridad jurídica” y “actualizar el marco legal para los retos actuales del país”.

Sobre los objetivos de la ley, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lleva generando expectativas varias semanas. Durante las reuniones que ha mantenido con inversionistas privados, nacionales y extranjeros, la mandataria ha ofrecido oportunidades de negocio en un país que lleva desde la intervención militar del 3 de enero tutelado por Estados Unidos, el primer interesado en los recursos naturales venezolanos.

En la norma se ha incorporado la posibilidad de la mediación y el arbitraje internacional para la resolución de conflictos, una precaución que las empresas han pedido como garantía ante expropiaciones y confiscaciones como las que el chavismo ha ejecutado en el pasado.

La ley cruza, de hecho, algunas de las líneas rojas que impuso Chávez cuando nacionalizó la industria petrolera y de minería, que dejaba al Estado el control exclusivo de los derechos de explotación, una cuestión de honor del chavismo. Pero, como también ocurrió en la nueva ley de hidrocarburos, aprobada el pasado 30 de enero, el marco legal mantiene el principio de que la propiedad de los yacimientos la tiene la República.

Esta ley comenzó a discutirse inmediatamente después de la visita, a principios de marzo, del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, a la que también siguió el levantamiento de las sanciones que había sobre el oro venezolano.

El presidente Trump ha expresado de forma reiterada su interés en los minerales venezolanos, especialmente las tierras raras, que a nivel global están bajo el control de China, su enemigo comercial. Por ello, tras el restablecimiento de relaciones entre Washington y Caracas, los barriles de petróleo y los cargamentos de oro han empezado a fluir desde el país sudamericano. Los más grandes yacimientos de oro y otros minerales están ubicados en el sur del país, sobre un área estratégica de 112 mil kilómetros cuadrados de extensión: el Arco Minero del Orinoco.

La actividad minera en este vasto territorio ha sido voraz y ha avanzado con gran opacidad por parte del Gobierno. Organizaciones ambientalistas han denunciado una enorme devastación que abarca áreas protegidas ambientalmente y que el producto extraído puede considerarse “oro de sangre”. Informes de Naciones Unidas han documentado graves violaciones de derechos humanos, esclavitud y asesinatos en las minas, donde el control se lo reparten militares y grupos criminales, incluida la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Investigaciones periodísticas han revelado además que el oro ilegal extraído del Arco Minero del Orinoco es contrabandeado a través de redes criminales para ocultar su origen antes de llegar a Europa y otros mercados.

Sobre el oro, la nueva norma establece que el Banco Central de Venezuela “tiene el derecho preferente para la compra del mineral que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera ejercida en el territorio nacional”. Se establece un tope para el pago de regalías al Estado del 13% sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final. Los parámetros de esos pagos serán establecidos por el Ejecutivo, pero la ley señala que el Estado podrá exigirlos “en dinero o en especie”.