“Un día de luto”. Así es como definió la jornada la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, después de que el Congreso Nacional propinara el golpe más duro en años a la legislación ambiental de Brasil. Los diputados brasileños, de mayoría conservadora, aprobaron la madrugada del jueves un proyecto de ley que en la práctica desmonta buena parte de la legislación ambiental que Brasil ha ido construyendo en las últimas décadas. La norma se estaba tramitando desde hace más de 20 años y logró salir adelante ahora, con el Congreso Nacional más escorado a la derecha que nunca (más incluso que en los años de Bolsonaro), a pesar de que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, sea progresista.
La ley busca flexibilizar las normas ambientales sobre todo en lo que respecta a la declaración de impacto ambiental y los permisos necesarios antes de iniciar una obra. Permite autorizar obras con alto potencial contaminante o dañino para el medio ambiente si el Gobierno las clasifica como “estratégicas” y en algunos casos crea la figura de la “autodeclaración”, en la que el propio empresario se otorga el permiso rellenando un formulario en Internet, sin pasar por órganos externos de evaluación. A partir de ahora tampoco será necesario conseguir un permiso ambiental para ampliar una carretera o para diversas actividades agrícolas y ganaderas, y tampoco para construir presas para abastecer a pequeños municipios o haciendas de ganado. Los órganos federales de control de obras de alto riesgo en minería, por ejemplo, se vacían de competencias, mientras que estados y municipios (más vulnerables a las corruptelas locales) ganan poder. La ley incluso flexibiliza el corte de vegetación nativa en la Mata Atlántica, la selva tropical más amenazada de Brasil, de la que sólo queda una cuarta parte de su superficie original.
Ecologistas y científicos venían avisando desde hace meses de que la aprobación de la que llaman “ley de la devastación” sería una tragedia. En un comunicado, el Observatorio del Clima, que agrupa a decenas de entidades, destacó que al contrario de lo que defienden sus defensores, la ley derivará en conflictos e inseguridad jurídica para emprendedores e inversores. “Es el fin de cuatro décadas de construcción de la legislación ambiental y el retorno al modelo de desarrollo económico que causa descontrol, contaminación y muerte”, criticaron.
La ley fue aprobada por amplia mayoría (267 votos a favor y 116 en contra) y sale adelante cuando faltan cuatro meses para la COP30 del clima que Brasil celebrará en Belém do Pará, en el corazón de la Amazonía, y donde el Gobierno de Lula pretendía presentar a Brasil ante el mundo como un líder global contra el cambio climático y en favor del desarrollo sostenible. Además, el voto de los diputados añade incertidumbre a las negociaciones para ratificar definitivamente el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, porque arma de argumentos a quienes se oponen al pacto por considerar que buena parte de los productos que Brasil exportará son fruto de la deforestación y de una concepción más laxa de las leyes de preservación.
El movimiento ecologista brasileño pide ahora que Lula ejerza el derecho de veto y diga “no” al texto en su totalidad, aunque lo más probable es que vete únicamente los fragmentos más escandalosos. Silva, la ministra de Medio Ambiente, aseguró que el Gobierno no descarta recurrir a los tribunales porque considera la norma inconstitucional. Habrá que ver en los próximos 15 días si Lula opta por librar esta batalla, dado que la relación con el Congreso está más tensa que nunca.
A finales de junio, la Cámara y el Senado anularon una subida de impuestos a las transacciones financieras aprobada por el Gobierno y Lula llevó el caso al Tribunal Supremo, algo inédito. El juez Alexandre de Moraes convocó una mesa de diálogo, pero no hubo acuerdo y acabó dando buena parte de la razón al Ejecutivo. Los parlamentarios, contrariados, devolvieron el golpe el miércoles con una sesión maratoniana antes de las vacaciones de julio. Las acaloradas votaciones se extendieron hasta la madrugada, y además de la ley de flexibilización ambiental aprobaron 30.000 millones de reales (casi 5.400 millones de dólares) de créditos subsidiados al sector agrícola y ganadero, justo cuando el Gobierno intenta cortar gastos.
