En medio de un peligroso avance de amenazas y episodios violentos en los entornos escolares de la Provincia -y de otras jurisdicciones- la Justicia de Menores allanó este viernes dos viviendas de alumnos de una escuela de Olmos (a 20 kilómetros del centro de La Plata), que estarían involucrados en la difusión de mensajes en redes con advertencias de presuntas “masacres”.

Las autoridades judiciales pudieron detectar un posteo de este menor, de 14 años, que cursa en el secundario de la Cooperativa Educativa “Colegio Emanuel”, en 200 entre 40 y 41, de esa localidad del oeste platense. En su cuenta había puesto: “Mis armas. Los espero mañana”, con una foto en la que mostraba dos escopetas, una pistola y un chaleco antibalas colgado en la pared de lo que sería su habitación.

Casi al mismo tiempo, y a sólo a media hora de ese lugar, en el Colegio Nuestra Señora de Luján, de 59 entre 3 y 4 de la capital provincial, un adolescente ingresó al turno mañana con una réplica de un arma de puño. Las autoridades se enteraron, advirtieron al 911 y un patrullero se llevó al chico (y a sus padres, a quienes convocaron de urgencia) hasta la comisaría novena, ubicada a 300 metros del establecimiento.

Todo fue confusión en ese centro educativo que tiene jardín, primaria y secundaria y al que asisten más de 600 alumnos. Los padres fueron llamados por las cadenas de Whatsapp para que retiraran a sus hijos. Y para una “reunión urgente”. Después de esa asamblea se resolvió suspender la actividad y convocar a las autoridades del área educativa.

Ambos episodios se inscriben en una seguidilla de advertencias que se extienden por todo el país y que comenzó esta semana con un escrito que se repitió -con mínimas variantes- en muchos establecimientos educativos: “Jueves 16 de abril, tiroteo. No vengan”, decía. Se lo vio en pareces, baños o pupitres escolares.

Tuvieron que intervenir en sedes educativas de San Cristóbal, Caballito, Balvanera, el Carlos Pellegrini de la UBA, el «Lengüitas» perteneciente a la Ciudad y otros de CABA. También en Tucumán, Córdoba y Salta.

Todo, a menos de un mes de uno de los hechos más conmocionantes de la historia educativa del país: 30 de marzo, un estudiante de 15 años originó una masacre en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de San Cristóbal, Santa Fe,. Asesinó a Ian Cabrera (13 años) e hirió a ocho alumnos. La investigación reveló que el atacante planificó el ataque durante meses, vinculado a redes internacionales de la «True Crime Community» (TCC).

No está claro si la ola que se desprendió esta semana es un desafío (challenger) de redes sociales o tiene otra connotación.

Sí se sabe que en Provincia hay réplicas en buena parte del territorio. Se reportaron casos en San Isidro, Lanús, Avellaneda, Berisso, Balcarce, Mar del Plata, Bahía Blanca.

La Dirección General de Escuelas se mantiene sin informar sobre las acciones concretas. Sólo dieron a conocer un “protocolo” que está lleno de generalidades. Tanto que hasta el gremio kirchnerista Suteba, le pidió al Gobierno de Axel Kicillof una intervención más activa».

Se lo plantearon a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, a quien le solicitaron la convocatoria urgente a la comisión interministerial para abordar el problema de manera integral.

“La escuela sola no puede ni debe”, dicen en un comunicado desde el gremio que conduce Roberto Baradel, histórico aliado del gobernador. En este punto no hay alianza. Reclaman la “intervención inmediata del Estado para investigar delitos cibernéticos”.

Sostienen que muchas de las nuevas conflictividades tienen origen en entornos digitales, que forman parte de la vida cotidiana de estudiantes y terminan trasladándose a las aulas. Para el gremio, este fenómeno exige respuestas que exceden a la institución escolar.

Este viernes, la fiscal del fuero de Menores, Carmen Ibarra, ordenó los allanamientos y estableció la primera aprehensión en este caso. No es una restricción a la libertad, porque el niño es inimputable. Pero fueron advertidos los padres. Y también la familia de otro menor.

Según trascendió, se hicieron procedimientos en dos domicilios cercanos a la escuela. Secuestraron un aire comprimido 5.5 y otro rifle del mismo calibre, balines y otros elementos. Además incautaron los celulares desde donde se emitieron los mensajes.

Los organismos de protección del Menor serán notificados para que intervengan en tareas de asistencia y ayuda. Los padres, podrían ser procesados por responsabilidades civiles y por los eventuales daños derivados de estos hechos.