El Salvador inició el lunes un juicio masivo contra 486 miembros de la Mara Salvatrucha, entre ellos los integrantes de la cúpula conocida como ‘ranfla nacional’, a quienes el Gobierno acusa, entre otros delitos, de ordenar la masacre de 86 personas cometida durante el último fin de semana de marzo de 2022. Ese hecho detonó la instauración del régimen de excepción por parte del Gobierno de Nayib Bukele, una medida renovada 49 veces.

De acuerdo a los argumentos expuestos por la Fiscalía, los acusados son cabecillas de la estructura criminal y responsables de ordenar más de 47.000 crímenes a nivel nacional entre 2012 y 2022. Entre los cargos que se les atribuyen figuran homicidios, feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas.

La institución publicó una serie de fotografías en las que se observa a cientos de reos en instalaciones de la prisión de máxima seguridad conocida como CECOT y otras cárceles del país destinadas a pandilleros. En las imágenes, los detenidos aparecen sentados en sillas plásticas y con grilletes en manos y pies, asistiendo a la audiencia por teleconferencia mientras son custodiados por hombres armados.

Las imágenes revelan por primera vez el paradero y estado de varios de los líderes nacionales de la estructura criminal de quienes no se sabía nada desde hace muchos años. Uno de ellos es Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias ‘El Diablito de Hollywood’, el máximo líder de la MS-13. También se ve a Rubén Antonio Rosa Lobo, alias ‘Chivo’ de Centrales Loco, identificado por las autoridades como ‘el CEO’ de la pandilla, miembro de la ‘Ranfla Nacional’ y solicitado en extradición por Estados Unidos. Otro líder es César Humberto López Lario, alias ‘Greñas de Stoners’, un pandillero que enfrentaba un juicio en una corte de Nueva York, pero que fue devuelto a El Salvador como parte de las negociaciones entre Bukele y Donald Trump. A todos ellos se les ve demacrados.

“Entre estos criminales se encuentran los responsables de la ola de violencia ordenada en el 2022. Este hecho dejó 86 víctimas que marcaron un punto de quiebre en la respuesta del Estado”, publicó la Fiscalía en su cuenta oficial de X. De acuerdo con investigaciones periodísticas, la masacre fue una demostración de fuerza luego de que se rompiera el pacto entre las pandillas y el Gobierno de Bukele.

Política de represión

Con el régimen de excepción empezó una política de represión masiva que suspendió garantías constitucionales a toda la población, como el derecho a la defensa y la no intervención de las comunicaciones, modificó las leyes secundarias y la Constitución para incrementar las penas y la cadena perpetua, incluso para menores de edad.

La medida lleva vigente cuatro años y bajo ella el Gobierno ha capturado ya a más de 91.500 personas, es decir, el 2% de la población adulta del país centroamericano. También ha implementado los juicios masivos dirigidos por jueces anónimos. En los procesos se agrupan a cientos de detenidos acusándolos transversalmente de pertenecer a la misma pandilla.

Con el juicio iniciado el lunes, el Tribunal 6º Contra el Crimen Organizado de San Salvador podría imponer nuevas condenas contra varios de los máximos líderes de la MS-13 que ya estaban presos y condenados antes del régimen de excepción. La Fiscalía informó que del total de acusados, 413 ya se encuentran detenidos mientras que 73 aún siguen prófugos de la justicia.

De acuerdo con Luis Enrique Amaya, consultor internacional en temas de seguridad pública, el régimen de excepción es una política de seguridad y justicia similar a “pescar con red”. Así lo explica: “(El Gobierno) se ha apartado del principio de individualización de la responsabilidad en materia penal. Lo jurídicamente aceptado es ‘pescar con caña’, que supone un esfuerzo de investigación, captura y juzgamiento orientado a comprobar la participación de cada individuo en unos hechos determinados, incluso en casos de delitos cometidos por grupos”.

El Estado salvadoreño ha acusado por primera vez a pandilleros por el delito de “rebelión”, al argumentar que los pandilleros “intentaron mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo, desafiando la autoridad del Estado y atentando contra la soberanía nacional y el orden constitucional”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el martes “serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción en El Salvador” y reiteró su llamado al Gobierno de Bukele a ponerle fin a uso continuado.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional también advirtió de los riesgos en la impartición de justicia bajo el estado de excepción, ya que muchos de los capturados durante el régimen solo habían sido detenidos “porque la Policía estaba bajo presión para cumplir con las cuotas diarias de arresto. Por lo tanto, las detenciones a menudo se basaron en pruebas falsas o no confirmadas, denuncias anónimas o controles de personas discriminatorios”, dice el informe.

La Fiscalía salvadoreña implementará el uso de IA en sus investigaciones

Mientras el juicio contra los pandilleros iniciaba con troda una puesta en escenca, la Fiscalía anunció que empezará a implementar Inteligencia Artificial para hacer su trabajo. En el marco de una conferencia internacional de IA realizada en San Salvador, llamada “SovAI 2026”, representantes de la Fiscalía anunciaron que la “Plataforma de IA soberana” servirá inicialmente para recibir, estructurar y calificar las denuncias interpuetas por los ciudadanos. Las autoridades no detallaron si el uso de inteligencia artificial estará vinculado a procesos relacionados con el régimen de excepción.

“Lo que suena a ciencia ficción en todos los demás lugares, se está convirtiendo en realidad aquí. @FGR_SV será la primera institución de justicia de todo el mundo en funcionar con IA”, publicó en su cuenta de X la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial de El Salvador, junto a fotografías del fiscal general Rodolfo González, anunciando el “Sistema de Denuncias Penales asistido por IA”.

Las apuestas tecnológicas del presidente Bukele parecen estar tocando todos los aspectos de la vida de los salvadoreños. La semana pasada, el mandatario anunció que delegará buena parte de la gestión del sistema de Salud a la IA de Google, Gemini. Ya antes, una de sus mayores futuristas fracasó: la implementación del bitcoin como moneda de curso legal.