El Gobierno porteño está llevando a cabo este jueves el desalojo de un predio de La Paternal que se encuentra tomado por más de 100 ocupas desde el año 2000.

La propiedad, que abarca desde la calle San Blas 1972 hasta Andrés Lamas 2097, le pertenece a una sola persona y tiene sentencia firma para desalojo desde 2009.

⁠El lugar tiene denuncias y los ocupas cuentan con antecedentes, algunos están imputados y tienen sumarios judiciales, según le revelaron a Clarín fuentes de la administración de Jorge Macri.

En este sentido, agregaron que los usurpadores no permiten que se realice una inspección al inmueble, que fue autorizado por la titular del Área de Flagrancia Este del Ministerio Público de la Ciudad, Nancy Aron, por el peligro de derrumbe que existe.

Mientras tanto, la Policía no permite el ingreso a la cuadra cortada por el operativo. Hay un grupo de vecinos que está apoyando a los habitantes del predio en conflicto para que traten de resistir el desalojo. «No hay una orden judicial. Acá hay gente discapacitada y niños», aseguran para justificar su postura contraria al operativo.

La Guardia de Auxilio porteña llegó este jueves muy temprano a la zona, y tras la revisión del lugar se decidió un desalojo administrativo. Tras esto una mujer, que decía ser hija de una de las ocupantes de la vivienda, quiso ingresar a la misma, pero las fuerzas de seguridad no se lo permitieron y por ello se produjeron golpes y empujones.

Extraoficialmente, se señaló que en el lugar se está haciendo un censo para determinar con una mayor precisión cuántas personas viven en el predio. Esto para poder ofrecerles un subsidio habitacional, que podría ser de $ 150.000 por persona y de hasta $ 227.000 per cápita si el habitante cuenta con un Certificado Único de Discapacidad que acredite su condición de salud, y que se otorga por el plazo de un año.

El conflicto por el predio de La Paternal comenzó en el año 1998, cuando la dueña dejó a cargo del inmueble a una mujer y, cuando regresó años después, se encontró con que más personas vivían en el lugar.

A partir de este momento, y hasta ahora, se dio una puja legal en la cual los ocupas que los acumularon una serie de denuncias y antecedentes, e incluso algunos están imputados y tienen sumarios. Uno de ellos, incluso, sería delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de acuerdo a las fuentes consultadas.

En diálogo con LN+, una de las personas que se acercó hasta el lugar afirmó: “Las personas adentro están incomunicadas, no nos dejan entrar. Es un procedimiento irregular: no hay notificaciones previas. Vienen por un pedido de inspección. Las familias tienen derecho a decir sí o no”.

A su vez, otra persona aseguró que “los estafaron, hay familias que pagaban… Los estafaron porque era alguien que seguro había comprado esta propiedad. Hay una mamá que la compró a quien decía ser el dueño. ¿Les parece justo esto? Esto es todo mentira».