Augusto Rodríguez, uno de los alfiles más cercanos al presidente Gustavo Petro y uno de los pocos funcionarios de alto perfil que no ha sido relevado de su cargo suele ser un hombre poco visible ante los medios pero ahora ha estado en el centro del debate. Un mes y medio después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, la violencia política ha vuelto al foco y con ella, las tensiones alrededor del sistema de protección del Estado. Desde la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad encargada de la seguridad de más de 13.000 personas, Rodríguez enfrenta críticas de la oposición por no garantizar su seguridad, mientras él sostiene que el país atraviesa un pico de violencia por parte de grupos armados ilegales que buscan legitimarse ante el Gobierno. “Entre más víctimas causen, mayor estatus creen tener para negociar”, dice Rodríguez.
Su nombre ha estado resonando porque recientemente la Procuraduría abrió una indagación contra la entidad para determinar si hubo omisiones en la seguridad del senador Uribe. En diálogo con EL PAÍS, el funcionario explica lo que, para él, hubo “errores terribles” del senador con su esquema de protección y asegura que “parlamentarios de la oposición han buscado aprovechar la desgracia que está viviendo el país”. Insiste, además, en que la entidad vive una sobredemanda de solicitudes de protección y que hay que “racionar la utilización de los recursos que existen”. Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe Turbay, ha rechazado las acusaciones del director de la entidad y le ha pedido retractarse.
Pregunta. ¿Qué ocurrió con la seguridad del senador Miguel Uribe el día de su atentado? ¿Qué responsabilidad asume la UNP?
Respuesta. El doctor Miguel Uribe contaba con un esquema de protección robusto, un poco superior al de otros parlamentarios: cuatro policías y tres escoltas de la UNP. Sin embargo, tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas. Él decide, junto con su jefe de seguridad, fraccionar el esquema de protección y extenderlo a su familia. Ordena que unos hombres se queden con su familia y otros con él. Eso no se debe hacer. Si bien el esquema puede cubrir al grupo familiar, eso aplica cuando el protegido —en este caso, él— está en un lugar seguro. No se puede descuidar al protegido para atender a su familia. Tomó otra decisión que también fue inadecuada. Los escoltas deben descansar por lo menos un día a la semana, y para eso la UNP dispone de una persona fresca y descansada que cubre los relevos. Pero él no aceptó ese apoyo. Prefirió que los escoltas se rotaran entre ellos, lo que implicaba que siempre había como mínimo una persona menos, y se negó a que cubriéramos ese faltante. Esa es una forma de debilitar el esquema de protección y el día del atentado decidió desplazarse solo con dos hombres, de los siete que tenía, lo cual es muy riesgoso.
P. La defensa de Miguel Uribe ha dicho lo contrario, que ustedes negaron solicitudes para reforzar su esquema de protección y un juez ordenó indagar su responsabilidad por omisión…
R. Lo más delicado aquí son las mentiras. No encontramos ni una sola solicitud de reforzamiento del esquema de protección. Lo que hubo fueron solicitudes de apoyo puntual para sus desplazamientos en ciertas ciudades, pero nunca para reforzar su esquema ni para modificarlo. También se afirmó que había múltiples amenazas contra él, pero la Fiscalía nos ha confirmado que no existía ni una sola denuncia. Han partido de una cantidad de mentiras tremendas.
P. ¿Entonces quién estaba a cargo de la protección del senador?
R. La jefatura de ese esquema la ejerce un suboficial de la Policía Nacional. Él es la persona que decide, junto al protegido, cómo va a ser la protección de cada día. Ese día la decisión que tomó Miguel Uribe, y que le comunica a su jefe de esquema, es que va a dejar una parte del esquema con su familia. Y como no tenían el reemplazo porque él no lo aceptó nunca, alguno estaría descansando. La noche antes del atentado él estuvo hasta las tres de la madrugada, y sus escoltas estuvieron con él. Obviamente los esquemas se agotan. Por eso insistimos en que acepten los relevos, pero él desconfiaba.
P. A propósito del atentado contra Uribe, el temor a la violencia política ha estado muy presente desde entonces. ¿Qué condiciones tienen los precandidatos para la campaña?
R. Ya veníamos atendiendo un incremento de solicitudes porque hay que reconocer que la violencia en los territorios ha aumentado por los grupos armados que están en este momento confrontando al Gobierno. Estos grupos han asumido acciones de mayor violencia para mejorar, bajo su óptica criminal, su poder a la hora de negociar. Es decir, entre más víctimas causen, mayor condición creen tener para negociar con el Gobierno un acuerdo de paz. Pasamos de recibir 41.000 solicitudes en 2022, a recibir 50.900 en el 2024.
P. ¿Por qué no había hablado de esto antes?
R. Por respeto. Nunca quisimos controvertir públicamente lo ocurrido, precisamente por la gravedad del hecho y por respeto a Miguel Uribe y su familia. Pero ese silencio se interpretó como si tuviéramos algo que ocultar o fuéramos responsables por omisión. Eso no es así. Ahora que tanto la Fiscalía como la Procuraduría han abierto investigaciones, estamos listos para asistir y explicar todo lo que ocurrió. Tenemos la certeza de que actuamos conforme a los protocolos y a la normativa. Pero cuando el debate se llena de rumores, mentiras y se usa políticamente, nos vemos obligados a dar nuestra versión con claridad.
P. La UNP también se encarga de la seguridad del presidente, quien ha venido denunciando supuestos intentos de asesinarlo
R. La protección del presidente es un esfuerzo conjunto entre la UNP, la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y otros organismos de seguridad. En los últimos meses se han registrado situaciones muy delicadas y difíciles que han aumentado mucho el nivel de tensión. No puedo entrar en detalles por tratarse de temas de seguridad nacional, pero los riesgos han venido creciendo y también la frecuencia de estos reportes que hace el Departamento Nacional de Inteligencia.
P. Su entidad ha sido centro de polémicas también porque se le han retirado los esquemas a otros políticos que ya no son funcionarios. ¿Qué tiene por decir al respecto?
R. Ahí hay oportunismo. Una tragedia como la que está viviendo el país con un hecho de violencia tan condenable, y ser aprovechado por personas que están en campaña política, a mí me parece ruin. Hay personas que creen que tener esquema de protección deben ser algo eterno, pero no es así. Por ejemplo, Juan Carlos Pinzón fue ministro de Defensa hace varios años y aún tiene esquema. Lo hemos ido reduciendo, como corresponde, porque su riesgo ha disminuido. También sucedió con Jorge Enrique Robledo. Cuando dejó de ser senador, empezamos a reducir su esquema gradualmente, no fue de un día para otro. Se molestó y lo convirtió en un escándalo. Ahora que se va a lanzar otra vez al Congreso, evaluaremos si se le asigna nuevamente como candidato. Pero no se puede pensar que ese derecho es permanente. Necesitamos esos recursos para proteger a quienes hoy realmente lo requieren: los líderes sociales. Ellos son los más vulnerables. Viven en territorios donde operan economías ilegales, donde los actores armados quieren silenciarlos. Es ahí donde más nos duele no tener con qué responder.
P. Ante un momento de alta demanda de seguridad, ¿qué estrategia están implementando?
R. Acá hay dificultades de dos tipos. Primero, los recursos. El país está atravesando una situación presupuestal diferente a la del comienzo del Gobierno y es complejo porque todos estos equipos y personal cuestan. Lo otro es la flota de vehículos. Muchos de los carros con los que contamos son de modelos 2015 o 2016 y eso para una labor de protección es problemático, son muy viejos, pero los propietarios de los vehículos se han negado a actualizarlos. Como estrategia, en los casos de menor riesgo, hemos implementado los esquemas ligeros en los que ponemos a un escolta y entregamos recursos para que se desplacen. En los casos de riesgo extraordinario y alto, buscamos alternativas como apoyarnos también en la Policía Nacional.
P. Cambiando de tema, usted protagonizó una de las polémicas en el primer Consejo de Ministros televisado, cuando relacionó a Armando Benedetti con ‘Papá Pitufo’ [el zar del contrabando]. ¿Qué costo político le trajo esa afirmación?
R. Lo que quise hacer en ese momento fue advertir sobre un episodio que me tocó vivir en torno a la seguridad del entonces candidato Gustavo Petro. En algún momento, de 2021 o 2022, detecté que había personas, algunas señaladas en redes sociales por comportamientos irregulares, que intentaban acercarse a su campaña. Uno de los episodios que detectamos ocurrió en Madrid, en una reunión política donde estuvo presente ‘Papá Pitufo’. Una persona que tenía relación con él me comentó que ese señor, a través de la DIAN, había intentado canalizar dinero hacia la campaña. Ese dinero nunca llegó. Y esa persona también me contó que en esa misma reunión había estado gente cercana a la campaña, entre ellos Armando Benedetti. Pero quiero ser claro: en ningún momento se dijo que Benedetti hubiera llevado a ‘Papá Pitufo’. Yo no tengo pruebas de eso. Lo que yo señalé, en su momento, es que no me parecía conveniente que Benedetti ingresara a la Casa de Nariño en una posición tan cercana al presidente. Ya había tenido enfrentamientos con Laura Sarabia, y consideré que eso generaba ruido innecesario en el Gobierno.
P. ¿Y esa denuncia qué consecuencias le acarreó en el Gobierno?
R. Generó mucho ruido y tensiones. No quiero entrar en detalles sobre con quiénes, pero reafirmo mi lealtad al presidente Gustavo Petro. Él decidió mantener a Armando Benedetti en su cargo, y claro que me ha tocado trabajar con él. Yo hago lo que tengo que hacer, respondo por mi trabajo y ambos entendimos que una cosa es el trabajo y otras son las diferencias que tengamos.
La defensa de Miguel Uribe asegura que el director de la UNP falta a la verdad
En diálogo con este diario, Víctor Mosquera, abogado de Miguel Uribe Turbay, ha rechazado la versión que entregó el director de la UNP. Sobre el supuesto debilitamiento del esquema de protección, asegura que está en marcha una solicitud de rectificación por considerar que «falta a la verdad con sus señalamientos del día del atentado». Según su versión, la razón por la que el senador fraccionó su esquema de seguridad es porque «el programa de protección era extensivo a su núcleo familiar». Sobre las solicitudes de reforzamiento de protección, reconoció que la mayoría eran peticiones de seguridad para desplazamientos a otras ciudades, pero afirmó que «lo que alegamos es que si mandamos tantas solicitudes, es porque evidenciábamos un problema de fondo, y es que se necesitaba más seguridad de la que se está brindando», dijo.
