El papá de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, presentó una denuncia penal contra la psicóloga Jennifer Grisel Leiva (36), que realizó informes clave en la causa con los que la Justicia se basó para darle la tenencia del chiquito a su madre biológica, Mariela Altamirano (28), hoy detenida por el crimen junto a su pareja Maicol González (36).

Luis López (34) hizo la denuncia junto a su abogado Roberto Castillo. Acusan a Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD) de Comodoro, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte. La psicóloga fue una de las que redactó los informes con los que el juez Pablo José Pérez decidió sacarle la tenencia del nene a López y entregarlo a Altamirano y González.

«Hoy denunciamos a Leiva, que tuvo un rol preponderante en la muerte de Ángel», dijo Castillo, tras la audiencia donde se constituyó como querellante en la causa que investiga la muerte del menor.

Esta no es la primera denuncia penal que recibe Leiva. La fundación Más Vida también la denunció ya que “sus informes habrían sido clave para que el juez ordenara enviar al menor con Mariela Altamirano”. Y que ella junto a Vanesa Marín disponían de la información necesaria para proteger a Ángel y obraron en la dirección contraria.

«Expusieron a Ángel al sufrimiento y torturas que finalmente desencadenaron su muerte”, dijo la Fundación en su denuncia.

Según el abogado Castillo, los informes técnicos elaborados por Leiva fueron uno de los fundamentos centrales que llevó al juez Pablo José Pérez a ordenar la entrega del nene de cuatro años a su mamá biológica. Además, dijo que los mismos «carecen del rigor científico mínimo exigible cuando está en juego la vida de un infante».

El letrado alega que las evaluaciones de la profesional de la salud «se basaron en entrevistas de escritorio, sin constatación fáctica del entorno y la dinámica intrafamiliar real». Por eso, solicitó la designación de un perito psicólogo forense independiente para que audite el trabajo de Leiva y la incorporación de testimonios clave.

“Nos tomamos semanas para estudiar el expediente e identificar qué le correspondía hacer a cada uno y qué no hicieron. Un psicólogo que interviene tiene que tener los informes de que esa criatura va a estar cuidada”, afirmó Castillo.

Para el abogado, la actuación de la psicóloga no fue un “error de diagnóstico” aislado, sino el resultado de «un modus operandi avalado por la dirección del SPD», que incidió en el desenlace final de Ángel. Además aclaró que más adelante pedirán el juicio político al Juez Pablo José Pérez.

Castillo ya había realizado una denuncia en sede administrativa para solicitar la intervención urgente del Servicio de Protección de Derechos (SPD).

«Si un sistema permite que se firme una restitución basada en entrevistas de escritorio, ignorando antecedentes de violencia documentados en dos expedientes previos, si tolera que se desestimen videos de un niño suplicando no ser entregado, la falla es del sistema que habilita, ampara y reproduce estas prácticas», dice un extracto.

En aquella denuncia, no solo solicitó que se ordene la separación preventiva y suspensión del salario de Leiva sino también del Director del SPD y de todo el equipo técnico que intervino en los expedientes de familia de Ángel Nicolás López.