El Gobierno de El Salvador inició un juicio masivo contra 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha-13, incluidos 22 supuestos miembros de la cúpula conocida como Ranfla Nacional, a quienes las autoridades acusan de ordenar 29.000 homicidios cometidos entre 2012 y 2022. De acuerdo con la acusación, la cúpula de la pandilla operó desde el penal de Zacatecoluca, en el centro del país, desde donde ordenaba “cometer homicidios a gran escala” a los principales líderes en la calle, quienes a su vez transmitían las órdenes hasta los sicarios encargados de ejecutarlas. El proceso, sin embargo, ha sido criticado por defensores de derechos humanos, quienes advierten de que un juicio de esta naturaleza no busca establecer responsabilidades individuales, sino que opera como un “atajo” para condenar de forma masiva a los acusados. Bukele ha calificado el juicio como “histórico” y lo ha comparado con los procesos de Núremberg.

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