El ministro de Salud, Mario Lugones, anticipó que el Gobierno avanza en un plan para modificar la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina, que entre otras cuestiones contemplaría restringir que cualquier médico prescriba cualquier tipo de receta, como sucede hoy. El objetivo a partir de este requisito es que haya un mayor control en el sistema por parte de los especialistas de cada patología y de las instituciones para las que trabajan.

La novedad se conoció en una jornada de salud de la que participaron funcionarios del Gobierno, diputados, senadores, jueces federales, miembros del Cuerpo Médico Forense y representantes de obras sociales y prepagas, para hacer un balance del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), cuyo objetivo es reducir la cantidad de causas judiciales que acumuladas por demandas de prestaciones que enfrentan a pacientes con sus coberturas.

Según los datos que se dieron a conocer en ese marco, hasta marzo de este año se realizaron 351 mediaciones de las cuales el 50 por ciento fueron resueltas con acuerdo de las partes. Y en los casos en que el Ministerio de Salud era una de las partes involucradas como financiador el acuerdo llegó al 60 por ciento de las controversias. Lugones abrió esta jornada y en su discurso hizo hincapié en el uso racional de los recursos escasos.

“Tienen que controlar muy bien el gasto y a los médicos”, les dijo Lugones a los interlocutores de obras sociales y prepagas presentes, antes de avisar que el Gobierno está avanzando en la modificación de la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina. La lógica sería que a partir del cambio se acotaría la posibilidad de que cualquier médico pueda recetar todo tipo de medicamento, tema que se vuelve más sensible cuando ese medicamento es de alto precio.

El ministro utilizó como ejemplo su caso personal, al recordar que su especialidad es la cardiología, y que a pesar de que hace años que no la ejerce ni la certifica, él estaría actualmente en condiciones de recetar cualquier tratamiento terapéutico contra las patologías cardiovasculares, algo que consideró inapropiado. Esa situación se aplicaría del mismo modo para cada especialidad, aunque aún resta conocer cómo sería la implementación.

Fuentes del Ministerio de Salud aclararon a Clarín que el proyecto está en análisis y todavía puede tener ajustes. Sobre el cambio propuesto, explicaron que «se propone actualizar el marco normativo que rige el ejercicio profesional. Se impulsa teniendo en cuenta la aparición de nuevas tecnologías, el cambio de la relación paciente-médico, la implementación de nuevos procedimientos médicos y los cambios normativos que fueron surgiendo desde la fecha del dictado de la ley 17.132 que data -nada más ni nada menos- del año 1967, es decir, de hace casi 60 años”.

Agregaron que el cambio de la ley “es necesario a la luz de una nueva realidad social que beneficie a los profesionales de la salud en particular y a la sociedad en general, en el marco de una cultura justa de seguridad del paciente, considerando los principios de eficiencia operativa, desburocratización y libertad”.

La actual prescripción sin filtro podría estar contribuyendo a que un mayor volumen de cautelares aterricen en la Justicia federal. Tres jueces presentes en esta jornada de «diálogo transversal» sobre el sistema PROMESA aseguraron que alrededor del 70 por ciento de las tareas cotidianas en los juzgados civiles y comerciales de ese fuero hoy se lo llevan los amparos por temas de salud.

Ante la ausencia de una agencia de evaluación de tecnologías que tenga un rol rector para que los jueces ajusten sus fallos en función de un criterio objetivo sobre lo que la seguridad social debería cubrir o no, y ante la falta de conocimiento específico sobre los temas de salud que les toca evaluar, hoy los magistrados responden sin matices a favor de los demandantes que se presentan para reclamar la cobertura de determinado medicamento o prestación.

“Poco podemos aportar desde los tribunales. No somos expertos. Nos urgen los plazos. Nos urgen los dramas de las familias y de los pacientes. Ante la duda de una petición médica y de que un cuadro clínico puede empeorar… Quiero dormir de noche tranquilo yo también. No quiero que se me muera un paciente en el escritorio”, dijo el juez federal Alfredo Guzmán y agregó: “El ritmo de litigiosidad sube a un ritmo súbito”.

Por su parte, el juez federal bonaerense Ramón Alonso Bogado Tula, señaló: “Les quiero hablar con la verdad y con el corazón. No podemos dejar de lado nuestro rasgo de humanidad. No lo hacemos desde una posición ingenua. Todos queremos que la salud financiera sea sostenible y que las desesperación por la vida de un hijo tenga una respuesta”.

A su turno, el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, planteó que “hoy los medicamentos de alto costo se llevan más del 40 por ciento del presupuesto. Creció de una manera desmedida. Y la ley cubre todo lo que el médico indique con medicamentos y prestaciones”. El hecho de que las cámaras que agrupan a los laboratorios farmacéuticos no fueran invitadas al evento impidió tener una respuesta sobre este punto.

Stivelman hizo hincapié en el avance de otro proyecto ya anunciado: la modificación del Programa Médico Obligatorio (PMO). Según dijo, posiblemente cambie de nombre. Y la que también podría cambiar de nombre -circuló en el subsuelo del Hotel Continental durante la jornada- es la postergada ANEFiTS (Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias). Dicha oficina técnica fue anunciada en marzo de 2025 pero nunca implementada. Según trascendió, la idea es que no sea un órgano independiente sino que funcione dentro del ámbito de la ANMAT.

Otro elemento que podría llegar a descomprimir la catarata de amparos que se presenta en la Justicia es la posibilidad de que el sistema PROMESA deje de ser voluntario y se vuelva obligatorio, pero para eso hace falta una ley del Congreso. Con tal fin, el diputado Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, confirmó en el marco del debate que trabajan en un proyecto en ese sentido, que pueda conjugar ese imperativo con derechos constitucionales ya establecidos.