La Fiscalía del tribunal de apelación de París ha solicitado este miércoles una condena de siete años de prisión y una multa de 300.000 euros para el expresidente francés Nicolas Sarkozy (2007-2012) en el juicio en apelación por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 por parte del régimen libio de Muamar el Gadafi. Sarkozy fue condenado en primera instancia el pasado mes de septiembre a cinco años de cárcel por ello e incluso entró en prisión. Pasó 20 días entre rejas antes de salir en libertad provisional.

El juicio en apelación arrancó el pasado mes de marzo y entra en su recta final. En sus alegatos, la Fiscalía ha considerado probado que Sarkozy orquestó un “pacto de corrupción” con el régimen de Gadafi para, a través de algunos de sus colaboradores más cercanos, conseguir fondos para financiar su campaña hacia el Elíseo cuando era aún ministro del Interior.

El Ministerio Público pide por ello que se le considere culpable de todos los delitos que se le imputan, no solo el de asociación ilícita, por el que ya fue condenado, sino también por corrupción y financiación ilegal. Por estos últimos fue absuelto en primera instancia. La Fiscalía ha solicitado la misma pena para Sarkozy que en el primer juicio y no ha pedido, por ejemplo, que la entrada en prisión se haga efectiva, algo que hubiera agravado su situación. Su ingreso en prisión provocó un gran revuelo en Francia y él dijo ser víctima de una persecución política y judicial.

Uno de los tres fiscales, Rodolphe Juy-Birmann, el encargado de leer la pena solicitada para Sarkozy, dijo: “No voy a recordar a nadie la carrera política de Nicolas Sarkozy y lo que ha hecho por Francia”, pero “hay que sancionarle a la altura de los hechos porque el principio de igualdad en la República hace que hoy, como simple ciudadano, se le castigue como a uno más”.

La Fiscalía le considera culpable de haber maniobrado para conseguir dinero del régimen de Gadafi a cambio de favores políticos para “sacar del ostracismo” a Libia. Los contactos se produjeron a través de varios de sus colaboradores, también implicados en el proceso y que fueron ministros durante su presidencia, y “él fue el único beneficiario de todo ello, con el objetivo de ser elegido”, dijo el fiscal.

En primera instancia, Sarkozy fue condenado solo por un delito de asociación ilícita y no por corrupción pasiva, pues el tribunal no logró probar que el dinero llegara a sus manos. Los implicados “no han tenido ninguna introspección ni ningún remordimiento”, al considerarse inocentes, dijo el fiscal, que ve una “peligrosidad criminal en el comportamiento de Sarkozy” en este sentido. Ha recordado que “los políticos son el corazón de la democracia representativa”, a los que se pide “imparcialidad y responsabilidad, una ejemplaridad”.

El lunes comenzarán los alegatos de la defensa, que durarán unos 10 días y en los que los abogados de Sarkozy tratarán de probar su inocencia. Creen que el hecho de que no se haya endurecido la petición de pena es positivo y podrán demostrar su inocencia. “Vamos a demostrar que no hay dinero libio ni en su campaña ni en su patrimonio”, señaló uno de sus letrados, Christophe Ingrain. El tribunal pronunciará su veredicto el 30 de noviembre.