Miles de personas saldrán en la tarde de este jueves a marchar desde Calilegua a Libertador General San Martín para recordar los secuestros de las “Noches del Apagón” en la zona de influencia del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy. La movida se replicará en la Plaza de Mayo para acompañar a las Madres en su tradicional marcha. Será otro aniversario con una sensación de impunidad. Pese a que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó poner fecha para juzgar al único directivo de la empresa agroindustrial que sigue vivo tras la muerte de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el proceso sigue trabado en los tribunales jujeños. Las causas que se centran en la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad son las que históricamente más obstáculos han mostrado. Prueba de ello es que, desde hace tres años, la Corte Suprema dilata la confirmación de la sentencia contra un exjerarca de automotriz Ford.
Alberto Lemos tiene 82 años. Fue durante los años de la dictadura la mano derecha de Blaquier y el administrador del ingenio. Está elevado a juicio por secuestros que ocurrieron inmediatamente después del golpe de Estado y por aquellos que tuvieron lugar en julio de 1976 –cuando se cortó el suministro eléctrico para que los grupos de tareas pudieran operar sin mayores complicaciones. Para hacerlo, contaban con vehículos que pertenecían a Ledesma.
En abril pasado, la defensa de Lemos pidió que lo sobreseyeran por algunos delitos. Entre otros, el allanamiento y los tormentos que sufrió el exintendente Luis Arédez, que había sido médico del ingenio. Su esposa, Olga Márquez de Arédez, se convirtió en el emblema de la denuncia contra la empresa de los Arrieta-Blaquier.
“Lemos fue quien recibió a mi madre cuando detienen a mi padre. Le dice que mi padre iba a estar preso durante ocho años”, reconstruye Ricardo Arédez, que este jueves estará marchando en Plaza de Mayo. A él le resultó imposible volver a Jujuy desde que Blaquier murió impune –gracias a un cajoneo de seis años de la Corte Suprema. “Sentí que triunfaba el poder genocida”, dice.
Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy, se está organizando para la marcha en la provincia del noroeste. Mientras conversa por teléfono, prepara sanguchitos para quienes se movilizarán en las próximas horas. Repasa los últimos movimientos de la causa y los planteos dilatorios de la defensa de Lemos, encabezada por Jorge Valerga Aráoz, excamarista del Juicio a las Juntas.
“No soy derrotista, pese a que el contexto es difícil y preocupante. Rescato siempre el esfuerzo, cómo distintas generaciones pusieron el cuero, lo que construyó en su época Olga y cómo lo hemos sostenido. Lo de Blaquier trasciende lo individual porque es un poderoso que utilizó su poder para sojuzgar y matar gente”, reflexiona y destaca cómo Ledesma sigue usando hoy su influencia para despedir e impedir reclamos gremiales.
La de Ledesma es quizá el emblema de las causas por responsabilidad empresarial, pero hay otras que también muestran resistencias en los tribunales o avances trabajosos. La más avanzada es la que se centró en lo que pasó con 24 trabajadores de la Ford. En 2018, fueron condenados dos exdirectivos, Pedro Müller y Héctor Sibilla, junto con Santiago Omar Riveros, comandante de Institutos Militares. En 2021, la Sala II de la Casación confirmó la condena. Desde principios de 2022, el tema está en la Corte, que no tiene el mismo apuro en confirmar la sentencia que el que mostró en el caso de Cristina Fernández de Kirchner.
Actualmente, está en juicio lo sucedido en 1975 en Acindar, empresa que sirvió de trampolín a José Martínez de Hoz para pasar de presidir su directorio a ocupar el ministerio de Economía de Jorge Rafael Videla. Allí están siendo juzgados dos exdirectivos, Roberto Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo. Si no hay demoras, el lunes próximo la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, a cargo del fiscal Adolfo Villatte, formulará el pedido de penas.
El mes pasado, hubo pedidos para que arranque en Tucumán el juicio por los secuestros en el ingenio La Fronterita contra dos de sus directivos, Jorge Alberto Figueroa Minetti (86) y Eduardo Butori (86). “Queremos que empiece el juicio. Se produjo la muerte de varias víctimas y testigos ya por las demoras. Los acusados tienen más de 80 años”, dice el fiscal Pablo Camuña.
También la justicia federal de San Martín debe poner fecha para que arranque el juicio contra el exgerente de Mercedes Benz Juan Ronaldo Tasselkraut, acusado de entregar a los trabajadores Héctor Ratto y Diego Núñez. En abril pasado, hubo una inspección ocular anticipada porque la planta de González Catán estaba por ser desactivada.
En La Plata, ya presentaron la prueba para el juicio oral que deberá sustanciarse contra Emilio Jorge Parodi, exjefe de personal de Molinos Río de La Plata, una empresa que pertenecía a Bunge&Born. Parodi fue procesado en 2023 por los secuestros de tres trabajadores que fueron llevados en las inmediaciones de la fábrica. “Es un pequeño fragmento de todo lo ocurrido en el lugar. Por eso, desde la fiscalía seguimos trabajando en buscar otras pruebas”, explica la auxiliar fiscal Ana Oberlin.
Hubo otros avances. El año pasado, la jueza federal de San Martín Alicia Vence procesó a Alfredo Katzenstein –exdirectivo de Cattaneo– y Manuel Puigdevall –exdirectivo de Lozadur– por secuestros de trabajadores ceramistas. En mayo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas en lo que se conoce como La Veloz del Norte II, causa que fue emblema porque el dueño de la empresa de transportes, Marcos Levín, fue el primer empresario en ser condenado por crímenes de lesa humanidad.
Hay otros expedientes que se mueven con especial lentitud. En 2022, la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, que conduce Miguel Palazzani, volvió a imputar a Vicente Massot, exdirector del diario La Nueva Provincia. Lo hizo en esta oportunidad por su presunta responsabilidad en el secuestro de 30 docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Massot ya había contado con la inestimable ayuda del Poder Judicial para no dar explicaciones por los secuestros, tormentos y asesinatos de dos operarios del diario. La discusión está frenada en la Cámara Federal de Bahía Blanca, explicaron fuentes judiciales. Massot sigue siendo un personaje influyente que solía confluir tanto con la vicepresidenta Victoria Villarruel como con Agustín Laje o Nicolás Márquez, cercanos al presidente Javier Milei.
Nada de lo que sucede es ajeno a la batalla que se libra desde el oficialismo contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. «Desde el Gobierno se está haciendo un enorme esfuerzo por desarmar los equipos y espacios de derechos humanos que sostenían las investigaciones, pero el peso de las pruebas acumuladas con un trabajo colectivo de décadas y la necesidad histórica mantienen en pie el esfuerzo por lograr justicia«, resalta la historiadora Victoria Basualdo, pionera en los estudios sobre la responsabilidad empresarial en los crímenes de la última dictadura.
