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En este mismo momento del año pero en 2025, pacientes internados en centros de salud de todo el país recibían como sedante ampollas de fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes a los antibióticos. A un año de esos días y por fuera de la abultada causa que tramita el Juzgado Federal Nº3 de La Plata por la muerte de 111 personas, este miércoles se supo que la Auditoría General de la Nación (AGN) analizará la gestión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) entre 2021 y 2025.

La novedad, confirmada por la propia AGN, comenzó a circular a raíz de que familiares de las víctimas del fentanilo adulterado fueron convocados a participar, este jueves a las 10.30, de un Taller de Planificación de Auditoría de tres horas en el edificio “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” de esa dependencia, sito en Rivadavia 1745. La idea fue gestada por Participación Ciudadana, área de la AGN a cargo de Andrea Salgueiro.

Si bien estaba destinada a organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos y “afectados directamente a la temática por trabajar” (expresaba un correo electrónico enviado a esta cronista), Clarín solicitó sumarse al encuentro. La respuesta fue negativa, con el argumento de que el “taller se enmarca en una instancia de trabajo técnica, dirigido exclusivamente a organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la temática, por lo que en esta oportunidad no se prevé la participación de prensa”.

En consultas a fuentes relacionadas con los directivos del órgano de control se dejó entender alguna intención de evitar una cobertura mediática que atribuyera la determinación de la AGN de auditar la ANMAT con el sensible tema del fentanilo contaminado.

Sin embargo, no sólo los familiares de las víctimas fueron formalmente invitados por quienes organizaron el taller este jueves, sino que, según contó a Clarín -terminado el encuentro- Alejandro Ayala, hermano de Leonel, una de las decenas de víctimas de opiáceo adulterado, “la idea de enmarcar esta auditoria en la gestión de la ANMAT desde 2023 a 2025 fue justamente por el fentanilo. La idea es revisar qué pasó y cuáles pueden ser las mejoras que se podrían hacer para que nunca más vuelva a pasar algo así”.

La que se hará este año no será la primera auditoría sobre el organismo de control de medicamentos y alimentos del país, pero hay más de un motivo por el que no caben dudas de que la causa del fentanilo movilizó o aceleró la inclusión de este tema en el Programa de Acción Anual (PAA) de la AGN.

Hay que recordar que la Auditoría General de la Nación es un organismo de control externo con autonomía funcional, que se mantiene en la órbita del Congreso, ya que (según indica el artículo 85 de la Constitución) ese tipo de control del sector público nacional es competencia del Poder Legislativo.

Si bien la decisión de auditar tal o cual “raviol” o área del Estado surge de las propuestas de los auditores que (en representación de distintas gerencias abocadas a temas diversos) encabezan este cuerpo colegiado -cuyo presidente debería ser de la oposición al Gobierno de turno; en este momento es el justicialista Juan Manuel Olmos-, el Congreso también tiene intervención, en este sentido.

Y este fue el caso. Fue en los primeros días de septiembre de 2025 cuando la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Senado (entonces presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto), acusando recibo de un pedido hecho en esos días por la diputada del PRO por la ciudad de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri, y de su par radical por Tierra del Fuego Pablo Blanco, impulsó darle prioridad a dos auditorías puntuales y, en un punto, ásperas.

Ambas estaban relacionadas con escándalos bochornosos en el ámbito de la salud pública: por un lado, la ANMAT, por la presunción de que el organismo pudo haber aplicado cierta laxitud a la hora de mirar el funcionamiento de laboratorios de poca mote, como los que desarrollaron y comercializaron el fentanilo contaminado; y por otro lado, la ANDIS, la (ahora rebajada a Secretaría) Administración Nacional de Discapacidad, entonces bajo la lupa por los explosivos audios de Diego Spagnuolo (titular hasta agosto de 2025), que revelaron un supuesto flujo de coimas entre la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional y la droguería Suizo Argentina.

Ayala, uno de los que empujan que se haga Justicia en esta causa por la que la Justicia contabiliza -por ahora- 111 muertes y un total de 159 damnificados (contando los sobrevivientes), luce entusiasmado por la inspección que hará la AGN. Según compartió con Clarín una vez terminado el taller de este jueves, “la sala estaba llena: asistieron unas 50 personas; no estuvieron los auditores propiamente dichos sino representantes suyos”. Los profesionales presentes fueron personas ajenas al arco político, dijo.

“Se cumplió lo que plantearon como objeto de esta planificación de auditoría. La idea de invitarnos era rescatar las voces de las víctimas y nuestra experiencia en el marco de este desastre sanitario. La intención de la auditoría es dar recomendaciones al Gobierno, de modo que haya parámetros de los que partir a futuro, a fin de evitar otra tragedia”, observó.

En 2025, el Ministerio de Salud explicó en distintas ocasiones que la SIGEN, un organismo que, al revés de la AGN, efectúa un control interno de las áreas del estado, estaba realizando una auditoría de la ANMAT. Al cierre de esta nota y según se pudo averiguar, la cartera que conduce Mario Lugones no había recibido el informe correspondiente a esa inspección.

Así que muchos ponen fichas en lo que saldrá de la AGN, que por cierto tiene previsto hacer dos auditorías distintas este año, según consigna el sitio oficial del -reconocido internacionalmente- organismo de control.

La primera lleva el número de proyecto 50601020 y corre por cuenta de la Auditoría Especializada Informática. Su objeto es auditar la gestión del “sistema nacional de trazabilidad de medicamentos y sistemas relacionados” a lo largo de 2024 y 2025.

La segunda, llevada adelante por la Auditoría Especializada Ambiental con el número de proyecto 50402457, evaluará, entre 2023 y 2025, dos cosas. La primera, sin dudas importante, está desligada del fentanilo. Se trata de la “gestión del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en el control, la fiscalización y vigilancia de la inocuidad y calidad de los alimentos en el marco de la promoción de la alimentación saludable”.

La segunda, en cambio, se enfocará en la “gestión sobre los procedimientos y sistemas de alerta, controles preventivos y de seguridad en la producción, fiscalización y distribución de medicamentos”.

La última inspección de la AGN a la ANMAT se había hecho en 2021, cuando el organismo auditó un subprograma de control y fiscalización de medicamentos y productos para diagnóstico. Como los controles son ex post facto (después del hecho), el análisis se circunscribió al ejercicio 2016 y 2017. Ese mismo año, además, evaluaron un informe de la ANMAT relacionado al ejercicio fiscal de 2017.

Vale aclarar que, como la AGN está presidida por la oposición al Gobierno de turno pero la mayoría de sus auditores (al menos en los últimos años) tendieron a tener filiación con el justicialismo, se podría decir que, entonces, el Gobierno de Alberto Fernández impulsaba dos auditoría de la ANMAT tomando como foco la gestión de Mauricio Macri.

Por el delay que a veces tienen las auditorías (ese caso es un ejemplo, ya que en 2021 se audita 2016 y 2017) y dada la alternancia ya tradicional del partido gobernante en la Argentina, no es raro que un signo político (sea por quién es el presidente como por quien tiene mayoría de representantes en el cuerpo colegiado) termine, en alguna medida, auditándose a sí mismo.