Ricardo Ferris, el exinspector de la Policía Nacional juzgado por vincular a la población extranjera irregular con el crimen en una conferencia organizada por Vox en Valencia en 2022, no cometió un delito de odio (artículo 510 del Código Penal), que está castigado con hasta cuatro años de prisión. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a este exmando policial para el que la Fiscalía y las acusaciones populares de las asociaciones pro inmigrantes València Acull y CIM Burkina solicitaban inicialmente tres años de cárcel.
“Aun admitiendo que el acusado se extralimitó en algunos momentos de su charla, debemos ser restrictivos en las limitaciones a la libertad de expresión”, apunta la sentencia, a que ha tenido acceso EL PAÍS, y sobre la que cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv).
Los hechos probados sostienen que Ferris participó en unas jornadas en octubre de 2022 sobre inmigración y seguridad ciudadana organizadas por Vox y el think thank ultra Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes). Fue presentado como inspector de la Policía Nacional y jefe de la Comisaría Centro de Valencia. Y, en su intervención, expuso: “inmigración ilegal es igual a delincuencia”. Y añadió: “desde hace cinco años, ya no trabajamos con delincuentes nacionales. Cuando tenemos a un detenido nacional, siempre hago la misma broma: en vez de pasarlo al juzgado, lo vamos a pasar al Centro de Especies Reservadas de El Saler [pedanía de Valencia con una instalación de recuperación de fauna], porque ya no existen. En otras comisarías es exactamente igual”.
La resolución estima que el exmando, al vincular inmigración y delincuencia, pudo ofender, pero no delinquir. “La referencia a que [los extranjeros] proceden de países que están en la Edad de Piedra, donde la violencia forma parte de su modo de comunicarse, puede resultar ofensiva. Pero esta clase de argumentos, muy discutibles, están al servicio de la idea que se quiere transmitir”, sostiene la sentencia.
Admite también que Ferris exageró en sus estadísticas. “No todos los delincuentes son extranjeros”, señala el fallo. La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron e investigaron en 2022 a 38.872 españoles y 19.766 extranjeros en la Comunidad Valenciana. De ellos, 1.034 delitos contra la libertad sexual fueron cometidos por nacionales y 608 por inmigrantes, según el Ministerio del Interior. La Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana sostiene que, en el distrito Valencia-Centro, donde Ferris trabajó como inspector, las detenciones de extranjeros superan a los españoles, especialmente en delitos contra el patrimonio (433 frente a 172), el orden público (35 contra 17), y la libertad sexual (13 frente a 11).
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial concluye: “el discurso del acusado no contiene una incitación directa a la violencia, en la medida en que no propone expresamente acciones concretas contra los extranjeros”.
Durante el juicio, el pasado junio, la Fiscalía y las acusaciones populares redujeron su petición de pena contra Ferris a un año.
Tras la conferencia de 2022 que sentó a Ferris en el banquillo, el Ministerio del Interior destituyó al inspector, que después solicitó su pase a segunda actividad. Y hoy, este exmando, abogado y criminólogo de formación, está jubilado.
