Con casi un centenar de muertos confirmados, el escándalo por el uso de fentanilo clínico contaminado en hospitales de Argentina crece día a día y se encamina a ser uno de los mayores desastres sanitarios en la historia del país. La investigación judicial, aún abierta, computa 87 personas fallecidas y estima que otros nueve casos se confirmarán en las próximas horas, por lo que la cifra llegaría a 96. Si bien el opiáceo sintético infectado con bacterias ya no está siendo utilizado, no se descarta que puedan identificarse nuevas víctimas.
Mientras los familiares de los fallecidos exigen justicia, el escándalo quedó envuelto en la disputa política previa a las elecciones legislativas de octubre. El presidente Javier Milei acusa al kirchnerismo por supuestas relaciones con uno de los empresarios sospechados y reclama que el juez de la causa lo detenga. La oposición señala al Gobierno ultraderechista por serios fallos en los controles a cargo del Estado, en el marco del proceso de ajuste y desregulación de la administración pública que lleva adelante.
El fentanilo es usado en hospitales y centros de salud como un poderoso analgésico o anestésico. En todos los casos analizados, las víctimas son personas que estaban internadas por distintas dolencias y, cuando se les proporcionó el fármaco, resultaron infectadas por bacterias que causan enfermedades graves, como neumonía.
Las primeras muertes que alertaron a médicos y autoridades sanitarias se produjeron en abril pasado, en la ciudad de La Plata. Para mayo, ya se había determinado que dos lotes de fentanilo inyectable elaborados en diciembre de 2024 por la farmacéutica HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo contenían bacterias multiresistentes: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
La contaminación alcanzó a más de 300.000 ampollas distribuidas en al menos 118 centros de salud, a lo largo de todo el país. Cerca de 45.000 ampollas, se calcula, fueron utilizadas en pacientes. El resto no llegó a distribuirse, fue incautado o retirado de uso.
“Esto es un asesinato en masa”, dijo Daniel Oviedo, padre de una de las víctimas, en declaraciones a la prensa local. “Ya me sacaron lo más preciado de mi vida… Todas las mañanas sigo esperando a mi hijo para desayunar. Ya no tengo nada que perder. Solo quiero justicia y responsables”. Su hijo Daniel sufría una dolencia renal crónica y había sido internado en febrero en el Hospital Italiano de La Plata. Murió el 17 de mayo debido a una neumonía intrahospitalaria, según le informaron a la familia. Hoy se sabe que es uno de los tantos pacientes que recibieron el fentanilo contaminado.
La pesquisa judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, tiene varias aristas, pero la central es determinar quiénes fueron los responsables de la contaminación. Las sospechas de los investigadores se centran en 24 personas que se desempeñaban en los laboratorios involucrados, desde profesionales hasta empleados, empezando por sus dueños, el empresario Ariel García Furfaro y su socio Jorge Salinas.
En la causa todavía no hay nadie imputado formalmente, explican en el juzgado, porque aún se están produciendo pruebas e, incluso, contabilizando víctimas. Sostienen que la falta de trazabilidad del fentanilo en el país, la ausencia de registros digitales en muchos hospitales, así como la reticencia de los centros de salud a verse involucrados en la causa, obligan a una búsqueda casi artesanal.
La relación entre los pacientes muertos y el fentanilo de HLB-Ramallo por ahora se pudo establecer fehacientemente en 44 casos: el Instituto Malbrán —el organismo público dedicado a investigar y prevenir enfermedades infecciosas— verificó la misma identidad genética entre las bacterias detectadas en las ampollas y en las víctimas.
Hasta que se puedan realizar más análisis, el criterio del juzgado fue considerar también los casos de personas que, en el período abarcado, fallecieron infectadas con las mismas bacterias después de recibir fentanilo de los lotes contaminados. Así, se descartaron algunos casos sospechosos y se añadieron 43 víctimas. Hay otras nueve posibles bajo análisis en la ciudad de Bahía Blanca. Para los investigadores, todavía pueden aparecer más.
El avance de la pesquisa está ahora pendiente de dos peritajes técnicos, cuyos resultados el juez espera recibir esta semana. Uno está enfocado en las historias clínicas de los pacientes fallecidos, en busca de establecer el vínculo entre los tratamientos que recibieron y las causas de los decesos.
El otro peritaje consiste en un análisis de la documentación recabada cuando fueron allanados los laboratorios, referida a los procesos de producción del fentanilo. El propósito es determinar si se respetaron los protocolos, en qué instancias se verificaron deficiencias que habrían derivado en la contaminación y si alguno de los sospechosos conocía los riesgos asumidos.
Tanto la responsabilidad de los laboratorios como la de los organismos de control del Estado están bajo cuestión, tras conocerse que evaluaciones previas a los hechos habían alertado sobre graves irregularidades en la producción del fármaco. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizó una serie de inspecciones del Laboratorio Ramallo, donde se elaboraba el fentanilo de HLB Pharma, entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024. La conclusión fue que había “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” que afectaban “la calidad, seguridad y eficacia de los productos”.
Pero la ANMAT demoró dos meses, hasta el 10 de febrero, en disponer que el laboratorio “no podrá continuar con su actividad productiva” hasta corregir las falencias. Para entonces, el fentanilo contaminado ya había sido elaborado y distribuido.
Del silencio a la disputa política
El Gobierno de Javier Milei, incluido su ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo un llamativo silencio sobre el caso hasta la última semana. La comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado, por iniciativa de legisladores opositores e incluso aliados del oficialismo, un pedido de informes al Ejecutivo. “Es la peor situación de intoxicación medicamentosa en Argentina desde la creación de la ANMAT [1992]. Queremos saber, que nos expliquen cuáles fueron los signos de alarma […], para saber si hubo negligencia”, planteó el presidente de la comisión, el diputado peronista Pablo Yedlin.
Un día después, el jueves, el Gobierno decidió pronunciarse públicamente. En un acto de campaña, en La Plata, Milei relacionó al kirchnerismo —principal fuerza de oposición en las próximas elecciones— con el fármaco adulterado y se refirió al “encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo”. Luego, preguntó: “¿Acaso les parece casualidad que el juez que tiene la causa sea justo el hermano del ministro de Salud de [Axel] Kicillof?”, el gobernador de Buenos Aires. “Ese es el modelo del amiguismo. Corrupción, encubrimiento y crimen”, añadió el presidente ultra. Hasta el momento, no se conoce ninguna vinculación entre el caso y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak. A través de un comunicado, el Ejecutivo amenazó con recusar al juez si no ordena “la inmediata detención” del empresario García Furfaro.
El juez Kreplak le pidió a Milei “respeto por las víctimas y las instituciones”, y le respondió: “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”.
