El juicio más grande que enfrenta Argentina en el exterior tuvo este miércoles una audiencia clave. Los querellantes del fondo Burford Capital y los abogados argentinos expusieron frente a la Corte de Apelaciones de Nueva York, responsable de revisar el fallo que en 2023 condenó al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares más intereses. Una jueza neoyorquina de primera instancia consideró entonces que los accionistas habían sido discriminados en el proceso de expropiación de la petrolera a Repsol y falló contra el país sudamericano.
Argentina intentó convencer a la cámara de apelaciones de que se trata de un caso que no debería ser juzgado en Estados Unidos sino bajo la jurisdicción nacional y que la condena inicial fue arbitraria. Burford, por el contrario, defendió el proceso en curso y pidió confirmar la condena inicial.
La Procuración del Tesoro, el organismo responsable de la defensa argentina, subrayó que los demandantes obtuvieron las participaciones de YPF “mediante transacciones privadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción”.
Al exponer sus argumentos, acusó a Burford Capital, un fondo de cobertura especializado en litigios internacionales, de ser consciente de que cualquier controversia debía resolverse conforme a la legislación argentina y ante los tribunales argentinos. La decisión de llevar a Argentina ante los tribunales estadounidenses tuvo como objetivo, según la defensa, obtener “ganancias absurdas”: los demandantes pagaron 15 millones de dólares por unas acciones por las que, de confirmarse el fallo en primera instancia, recibirían unos 18.000 millones de dólares.
“Esta postura revela que el objetivo del fondo trasciende cualquier pretensión jurídica legítima: busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República, afectando no solo a la Argentina sino también a los intereses de sus socios e inversores internacionales”, cuestionó la Procuración del Tesoro de Argentina.
Críticas a Kirchner
La defensa del Gobierno de Javier Milei acusó a la expresidenta Cristina Kirchner de ser también responsable del juicio en curso. “Este caso refleja el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner, durante los cuales determinados grupos empresariales, amparados por el poder político, se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”.
Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson hicieron preguntas incisivas sobre el caso tanto a los representantes de la defensa argentina como a los abogados de Burford Capital. La audiencia se prolongó durante dos horas.
Burford intentó convencer este miércoles a la Corte de Apelaciones de que la condena vaya también contra YPF y no solo contra el Estado argentino. La petrolera está bajo control estatal desde 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner ordenó expropiar el 51% de las acciones que tenía Repsol, pero el 49% de los títulos restantes pertenecen a accionistas privados.
Los litigantes sostuvieron que el Estado argentino violó el estatuto de YPF durante la expropiación, ya que el mismo obligaba a ofrecer a todos los accionistas las mismas condiciones que a Repsol.
Al ser consultados sobre la decisión de recurrir a la justicia estadounidense, los demandantes argumentaron que en su momento “existía el temor fundado de que los abogados fuesen perseguidos penalmente en la Argentina por intentar ejecutar un fallo extranjero”, y afirmaron que “la elección de foro estadounidense es común en casos donde el demandante teme no obtener un trato imparcial en juzgados extranjeros”.
Después de fallar contra el Estado argentino, la jueza en primera instancia Loretta Preska ordenó entregar a los litigantes en concepto de pago el 51% de los títulos que el Estado argentino posee en YPF. La Corte de Apelaciones, sin embargo, lo desestimó.
La privatización de facto que suponía la decisión judicial de la jueza era de cumplimiento imposible. Aun si quisiera, el Gobierno de Javier Milei no puede deshacerse de las acciones de YPF sin la aprobación del Congreso argentino, en el que está en minoría.
El Gobierno de Donald Trump respaldó la postura argentina con una presentación escrita en la que advertía de los riesgos legales y diplomáticos de una aplicación incorrecta de los principios de inmunidad soberana extranjera.
Caída de las acciones de Burford Capital
Los mercados interpretaron como negativa la audiencia para el fondo británico demandante, que es el principal beneficiario del fallo de Preska. Sus acciones en Wall Street se desplomaron casi un 10% cuando concluyó la audiencia de apelación.
En el marco de la causa YPF, el Gobierno argentino informó a la jueza Preska su decisión de cooperar con la entrega de los mensajes y correos electrónicos solicitados por la justicia estadounidense. Para hacerlo, pidió prorrogar el plazo hasta el 21 de noviembre.
A partir de ahora, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito está en condiciones de fallar en cualquier momento. Aunque no hay plazos previstos, se prevé que la sentencia se conocerá a mitad de 2026. Posteriormente, cualquiera de las partes podrá pedir la revisión del caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque solo acepta un número muy reducido de casos cada año.
