Este domingo inicia la última batalla de Gustavo Petro en el Congreso de Colombia. En la nueva legislatura, el Gobierno destinará el capital político que le queda para que los parlamentarios aprueben su controvertida reforma a la salud, la ley de paz total que establece las reglas para el sometimiento de las bandas criminales, y un proyecto que busca bajar las tarifas de energía. Son tres de las principales promesas de campaña del presidente, pero ninguna será fácil. No tienen las mayorías aseguradas y es inusual que en el cuarto año legislativo, previo a las elecciones de marzo, los senadores y representantes a la cámara apoyen las leyes del Ejecutivo.
En el primer año de la legislatura los Gobiernos recién elegidos tienen toda la fuerza para aprobar sus proyectos, pero a medida que pasa el tiempo, las coaliciones se desgastan, la popularidad baja y pierden poder real en el Congreso. Esta vez no será la excepción. Aunque Petro viene de lograr la aprobación de la reforma laboral y la reforma pensional al final de la tercera legislatura, dos victorias importantes e inesperadas, lo más probable es que este cuarto año esté destinado a los proyectos de autoría de los congresistas, porque están buscando votos en sus regiones para ser reelegidos. Necesitan algo propio que mostrar.
Además, la relación entre presidente y muchos parlamentarios es una tensa cuerda que en los últimos meses estuvo varias veces a punto de romperse. Petro ha sostenido una pelea frontal contra un sector del Congreso que está en contra de sus reformas sociales. El presidente usó su cuenta de X, los discursos en la plaza pública y los consejos de ministros televisados para insultar y amenazar a los legisladores que no votaron a favor sus proyectos. El mandatario de izquierda especialmente se enfrentó a los partidos de independientes y de oposición, como el conservador Efraín Cepeda, presidente del Senado, y a parlamentarios de la Comisión Séptima que hundieron su reforma laboral. Los llamó “esclavistas y hasta HPs”.
Ese clima de enfrentamiento hará más difícil el trámite legislativo de los proyectos emblema del Gobierno. A la reforma a la salud, por ejemplo, le hacen falta dos debates para volverse ley, el primero en la comisión séptima del Senado, que hace un año hundió la primera versión del proyecto, y después en la plenaria, donde el presidente no tiene la fuerza necesaria para aprobar la reforma más polémica de toda su gestión. Por eso, desde esta semana, Petro ha empezado a advertir que si el Senado no pasa la ley, se verá obligado a “intervenir todo el sistema”. Parece que su estrategia será presionar al Congreso con una amenaza mayor para que aprueben la reforma como un mal menor, de la misma manera en que lo hizo con el decreto de la consulta popular para que el Senado le diera el visto bueno a la reforma laboral.
El otro proyecto que será una prioridad para el Gobierno en este nuevo año legislativo es el que busca reducir el costo de las tarifas de electricidad para los hogares más pobres. El presidente Petro ha insistido en esta idea desde antes de llegar al poder, pero solo hasta ahora va a presentarlo al Congreso. El ministro de Energía, Edwin Palma, está socializando el borrador y espera radicarlo a principios de agosto. La nueva ley busca, entre otras cosas, que sean los estratos 4, 5, y 6, y el comercio y la industria, quienes paguen la deuda acumulada de $2.9 billones del Estado con las empresas comercializadoras de energía. También pretende modificar la conformación de la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas (CREG) y, lo más importante, cambiar la fórmula con la que se calculan las tarifas para bajarlas y que las personas más pobres paguen menos cada mes. Este proyecto podría tener más aceptación en diversos sectores políticos, pero tendrá la oposición del sector empresarial.
La última gran apuesta será la ley que quiere darles beneficios a los criminales que dejen las armas, se desmovilicen y se reintegren a la vida civil. El presidente ha insistido en que este proyecto es clave para la implementación de su anhelada paz total, sobre todo los procesos con el Clan del Golfo y con las bandas criminales de Medellín. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció este viernes que el proyecto ya recibió el visto bueno del Consejo de Política Criminal, y que lo radicará este domingo, cuando empieza la nueva legislatura. “Colombia debe tener la seguridad que aquí no estamos construyendo una alambrada de impunidad. Siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”, dijo. Pese a las intenciones del Gobierno, no hay probabilidades reales para que un proyecto que le da beneficios a delincuentes tenga ambiente en el último año del Congreso.
En paralelo con estas tres grandes iniciativas, el Gobierno también buscará la aprobación de la ley de jurisdicción agraria que regula la creación de tribunales y jueces especializados en el campo, clave para la implementación de la reforma agraria, y a la que le hace falta solo un debate conjunto en las plenarias de la Cámara y Senado.
Además, en los próximos días, se espera que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presente los puntos principales de la reforma tributaria, que busca recaudar 20 billones de pesos, necesarios para la inversión en programas sociales que desea hacer el Gobierno en su último año.
Una prioridad final, la única iniciativa que quizás tiene el apoyo unánime de todos los sectores políticos en el Congreso, es la ley de competencia que determinará el funcionamiento de la reforma al Sistema General de Participaciones que se aprobó en la pasada legislatura. Es una reforma que le permitirá a los congresistas mostrar que les interesa llevar más recursos a sus regiones. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien lideró ese proceso, dijo recientemente que el consenso entre los congresistas y el Gobierno “está cerca”. El proyecto, que avanza de forma más silenciosa que la reforma a la salud, se radicará en las primeras semanas de agosto.
