Si algo quedó en evidencia a lo largo de más de un año de juicio oral por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, es el contexto de violencia política en el que se produjo. El miércoles último terminó la etapa de testimonios y de producción de pruebas. En forma sorpresiva pidió ampliar su indagatoria uno de los acusados, Gabriel Carrizo, el dueño del negocio de venta de copos de azúcar que usaron Fernando Sabag Montiel, el hombre que quiso matar a la expresidenta, y su novia, Brenda Uliarte, para hacer inteligencia en la zona de la casa de CFK. La parte menos publicitada de esta declaración fue la más interesante: la que muestra cómo los discursos de odio y violencia replicados por redes sociales y medios penetran en la opinión pública, en la vida cotidiana. Un rato después del atentado y la detención de quien llamaba «mi empleado» y describía como «héroe», Carrizo escribió en un estado de whatsapp que el gobierno era «vulnerable» y tildaba a sus integrantes de «parásitos». Cuando le preguntaron por la publicación, dijo que no eran palabras suyas. «Era una frase de Milei, cuando decía parásitos, básicamente hice un copy-paste de lo que decía Milei», explicó.
Odio político y de género
Parece una obviedad afirmar que el intento de matar a Cristina fue un hecho de violencia política pero –salvo por algunas referencias de la fiscalía de Carlos Rívolo– no había sido tratado así por la jueza María Eugenia Capuchetti en la etapa de instrucción. Es un aspecto que, sin embargo, en el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 8 (TOF8), quedó totalmente expuesto. Lo que no apareció con nitidez fueron elementos sobre la autoría intelectual del ataque, pero se debió a un problema de arranque: la magistrada había mandado el tribunal solo las cuestiones ligadas a la autoría material y el resto se lo quedó ella en una causa residual que maneja a su gusto. Los alegatos comienzan el 13 de agosto, con la querella de Cristina, seguirá la fiscalía de Gabriela Baigún, y luego las defensas. Habrá una audiencia para cada uno. Estará en juego si se utiliza el agravante de «femicidio», que en principio el tribunal admitió estudiar para determinar si la violencia tuvo razones de género. Podría haber penas de entre 10 y 15 años.
La pintura sobre el contexto violento la introdujo el propio Sabag Montiel cuando el año pasado prestó declaración indagatoria. Estaba consustanciado con la narrativa mediática y de redes (y con eso, del poder económico) que asocia a la dos veces presidenta con «corrupción» y dijo que por eso había intentado matarla, sin mostrar arrepentimiento. «Es corrupta, roba, hace daño a la sociedad», «es una asesina», fueron algunas de sus palabras. «Es un acto de justicia, no traté de beneficiarme económicamente. Tiene una connotación más profunda, más ética, más comprometida con el bien social que otra cosa», quiso justificar, a la vez insinuando que no tiene sentido buscar si alguien le pagó. «Soy el resultado o el factor de muchas fallas de la justicia», aseveró. Quedó claro que no era un «loquito».
Como recordó CFK cuando declaró como víctima el intento de magnicidio se produjo días después de que el fiscal del juicio de «Vialidad», Diego Luciani, terminara su famoso alegato virulento, transmitido nueve días como un espectáculo por Youtube, con más calificativos y repeticiones de la palabra «corrupción» que pruebas. Es decir, lo extraño es que en la lógica de Sabag Montiel, pese a sus quejas, estaba bien eso que ocurría en el juicio, tanto que cuando lo detuvieron, sin distinguir entre un defensor y un fiscal dijo que quería que lo defendiera Luciani. Cuando la fiscalía le preguntó en el juicio oral por qué su problema era al expresidenta y no otro funcionario usó un argumento de la condena de Vialidad que se resume en «no podía no saber» y que Sabag tradujo así: «Ella es la cúspide de todo esto. Si ella no lo permite, nadie puede hacer algo».
CFK declaró que considera que «Luciani contribuyó al clima de violencia de manera indubitable». Por su casa se habían multiplicado los insultadores que, contó ella, eran protegidos por la policía porteña. La condena a 6 años le llegaría el 6 de diciembre de aquel 2022, tres meses después del atentado; la confirmación de la Corte, el último 10 de junio (se sabe, en un tiempo récord de dos meses desde que había recibido el expediente). Es imposible disociar el ataque contra su vida de la condena por Vialidad, un concepto que ella sintetizó al decir «me quieren presa o muerta» como formas de intentar borrarla de la vida política. En su primera declaración ante la jueza y el fiscal, aún en shock, Cristina dijo que no se había dado cuenta de que habían intentado matarla, hasta que le dijeron y vio la televisión. El hecho, de todos modos, está filmado.
En el juicio pudo explayarse sobre el contexto. Señaló cómo había sido la antesala del intento de magnicidio, con una escalada de violencia en los meses previos, que incluyó un ataque a piedrazos a su despacho en el Senado cuando se votaba el acuerdo con el FMI en Diputados, las protestas derivadas de la pandemia donde también la ponían como blanco de hostigamiento, las bolsas mortuorias en la Casa Rosada, la guillotina y consignas en su contra de la de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. Habló de la aparición reiterada en la zona de su casa de una combi que traía «señoras y señores grandes que ponían marchas militares e insultaban».
Sabag Montiel reconoció que había asistido al menos una protesta de Revolución Federal (RF), grupo al que seguía Uliarte. Capuchetti nunca quiso investigar el papel de esa organización, que pedía «cárcel o bala para el kirchnerismo», exhibía horcas además de una guillotina y en vivos en Twitter Spaces llamaban a matar a Cristina e incluso sugerían cómo. Esto incluía lo que hizo Sabag Montiel: meterse entre los simpatizantes de CFK y hacerse pasar por militante para poder acercarse a ella. Otras de sus consignas eran «que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas» y «todos presos, muertos o exiliados». «Exterminar al kirchnerismo» o «un país sin Cristina», fueron consignas de varios dirigentes de derecha. Los referentes RF fueron procesados por incitación a la violencia colectiva por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, pero nunca concluyó la pista del financiamiento, pese a que según un peritaje, recibieron millones sin razón de Caputo Hermanos, de la familia del ministro de Economía, Luis Caputo.
Muy cuerdos
Aunque Sabag Montiel se mostraba excéntrico y procuró que no se le entendieran algunas frases, al final su discurso se ordenaba perfectamente. Uliarte fue sometida, a pedido de su defensa, a una pericia psiquiátrica y médica. La conclusión fue que simulaba. El día de su indagatoria, de hecho, balbuceaba y parecía no recordar cosas elementales, como su apellido o donde vivía. Un día se escabulló de la custodia del Servicio Penitenciario y le quiso pegar al abogado de Carrizo, Gastón Marano, porque había (mal)interpretado que quería complicar su situación.
Carrizo dedicó buena parte de su última declaración a decir que estaba preso por «pelotudo». Que todos los mensajes donde les decía a familiares y amigos que Sabag era un héroe, que él mismo había aportado un arma, y que como su amigo había fallado él iba a terminar «el trabajo», eran chistes de humor negro. «Una fabuleada», dijo. Que era la forma de provocar a sus conocidos «kirchneristas». Pero también tenía mensajes que denotaban preocupación: decía que creía que los investigaban a él y los «copitos», así como a Brenda, y les podían pinchar el teléfono. El abogado de CFK, Marcos Aldazabal, le hizo notar que era contradictoria su preocupación con las supuestas humoradas.
Uno de los estados de whatsapp después del intento de magnicidio anunciaba «el próximo sos vos Alberto» (por el expresidente Alberto Fernández) Otro decía: «El gobierno es vulnerable, espero que les quede claro. Nosotros somos los que mantenemos a estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que estaría haciendo un gran favor a la República Argentina». Carrizo dijo que no eran palabras suyas. La defensora de Sabag Montiel, Fernanda López Puleio, le pidió que lo explicara. «Era una frase de (Javier) Milei cuando decía parásitos, básicamente hice un copy-paste de lo que decía Milei, ‘estos parásitos’, vamos a dinamitar el Banco Central y cosas así».
El caso de Brenda es el que refleja con más claridad su atracción por vincularse con grupos y referentes de ultraderecha, algunos libertarios, y odiadores, aunque el resto de los acusados, los «copitos» y sus amigos eran igualmente permeables. Ella no sólo iba detrás de Revolución Federal. Como surgió en el juicio, tuvo un romance con el influencer libetario Eduardo Prestofelippo («El Presto»), condenado por amenazar a CFK, y que en el juicio por el atentado dijo «aborrezco al kirchnerismo», «nunca nos van a perdonar que pusimos a un presidente gracias a las redes sociales». La chica también se vinculó con Hernán Carrol, fundador de Nueva Centro Derecha (quien se acercó en distintos momentos a José Luis Espert, Patricia Bullrich y Milei) y a través de él estuvo en el cumpleaños del humorista libertario Martín Almeida. Este y El Presto participaron de un grupo que se hacía llamar «El ministerio del odio». Según los mensajes analizados en la causa, Uliarte planificó el intento de magnicidio y le daba instrucciones a Sabag Montiel, que le quería demostrar que él podía.
Peritajes, limitaciones, irregularidades
La declaración de los peritos que testearon el arma que utilizó Sabag Montiel, una Bersa 84 Lusber calibre .32, fue central ya que confirmaron que era una pistola apta para disparar. El hecho de que la bala no hubiera ingresado a la recámara pudo responder al nerviosismo del agresor, la impericia o alguna falla. Fue probada 51 veces y siempre funcionó, incluso con una de las balas originales que contenía.
Lo que nunca se pudo terminar de peritar fue el celular de Sabag Montiel. Esto tiene dos consecuencias: no se sabe con quién se comunicaba en las horas y días previos al atentado, lo que achicó caminos para saber si hubo alguien detrás del intento de magnicidio al menos en el juicio; y además quedaron al desnudo irregularidades en el manejo de una prueba tan delicada como ésta por parte del juzgado de Capuchetti. Policías Federales contaron que primero intentaron extraer la información del celular en las horas posteriores al hecho dentro del juzgado, donde no hay bloqueo de señales y se acababa de cortar la luz. El procedimiento falló. Luego la jueza, según contó su propia excustodia policial, Priscila Santillán, la mandó con un sobre con el celular a la Policía de Seguridad Aeroportuaria en plena noche (algo que debe hacer personal especializado). Dos peritos de la PSA contaron que recibieron el aparato en un sobre abierto, encendido y sin protección ni cadena de custodia. Cuando intentaron bajar la información quedó reseteado de fábrica. Capuchetti tiene pedido de juicio político.
Capuchetti sigue a cargo de la causa sobre la pista política y/o financiera del atentado. Cuando comenzó a quedar expuesta en el juicio le quitó a Rívolo la instrucción de la causa y reactivó una investigación cerrada sobre el papel de la policía. Esta semana recibió el tardío peritaje del celular del diputado Gerardo Milman, imputado, a quien un testigo escuchó decir «cuando la mate yo estoy camino a la costa», dos días antes del atentado. Para la Gendarmería, que hizo el análisis, el 99,9% de lo que encontró era irrelevante. La querella y la fiscalía pidieron que se vuelva a hacer. No están los mensajes del período crucial, entre agosto y octubre de 2022.
