Atentando contra CFK: La querella pidió 15 años para Sabag Montiel y Brenda Uliarte | Críticas a Capuchetti y absolución para Gabriel Carrizo

Atentando contra CFK: La querella pidió 15 años para Sabag Montiel y Brenda Uliarte | Críticas a Capuchetti y absolución para Gabriel Carrizo

«Tres años después del atentado sabemos dos grandes cosas: Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel fueron responsables directos del hecho, ya lo sabíamos a horas del atentado. La segunda es que la jueza (María Eugenia) Capuchetti hizo todo lo posible para que no supiésemos nada más. A lo largo de todos estos años obstruyó todas las líneas de investigación posibles, encubrió a todos los sospechosos posibles y revictimizó a Cristina Fernández de Kirchner cada vez que pudo». Así comenzaba su alegato Marcos Aldazabal, uno de los abogados de la querella de la expresidenta en la causa por su intento de magnicidio, el 1 de septiembre de 2022. Era una forma de explicar por qué durante el juicio oral sólo se trató la autoría material y no la intelectual, pese a la existencia de pistas. Su colega José Manuel Ubeira aludió al contexto de odio creciente y dirigido hacia CFK con la participación de medios de comunicación, dirigentes y el propio Poder Judicial. «La violencia retórica en el marco de la violencia política conlleva naturalmente a la violencia material», dijo.

Para Fernando Sabag Montiel, quien intentó dispararle a la expresidenta a centímetros de su cabeza (aunque la bala no salió), y para su novia, Brenda Uliarte, pidieron una pena de 15 años de prisión por tentativa de homicidio doblemente agravado por el uso de un arma de fuego y por violencia de género. Respecto de Gabriel Carrizo, el dueño del emprendimiento de copos de azúcar que la pareja vendía y usaba para merodear por la casa de CFK, plantearon la absolución. Dijeron que si bien no tienen la certeza de que no haya tenido relación con el hecho, no cuentan con elementos para acusarlo. Relataron que la expresidenta sostuvo: ‘yo no uso el derecho penal para hacer política, no lo uso para vengarme, si creen que no hay que acusar, no acusen’».

La audiencia de este miércoles ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que preside la jueza Sabrina Namer, se hizo en el subsuelo de Comodoro Py, en el Salón de Usos Múltiples. Hasta ahora transcurría en la llamada «sala AMIA». Uliarte y Sabag Montiel cambiaron detalles de su aspecto físico. Ella se tiñó el pelo más oscuro y ahora lleva flequillo. El se sacó la barba. Ambos estaban vestidos con jean y buzo. Carrizo sigue con su pelo largo lacio, su cara pálida y, como siempre, procuró una vestimenta formal, de camisa blanca con un pantalón oscuro. Las exposiciones empezaron a las 9.30 y terminaron al mediodía, pasadas las 13.30. El miércoles próximo alega la fiscalía.

Pruebas e irregularidades

«Es relevante saber cómo llegamos hoy aquí al juicio porque si bien vamos a acreditar la responsabilidad de Uliarte y Sabag Montiel, estamos en una situación que afecta a nuestra democracia» por lo que implica «no saber qué pasó en un atentado de estas características», señaló Aldazabal. Anticipaba por qué daría una larga lista de irregularidades durante la etapa a cargo de la jueza Capuchetti.

Recordó que el celular del principal acusado primero fue peritado dentro del juzgado (a riesgo de que se corte la luz, algo que ocurrió, o que haya interferencia de señales). Lo hizo un policía federal que no estaba especializado, falló y entonces la jueza mandó el aparato con su custodia personal a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sin cadena ni planilla de custodia, en un sobre abierto y roto. Estaba encendido y terminó reseteado de fábrica. Nunca se pudo acceder al contenido, clave para saber con quién hablaba Sabag. Demoró la detención de Uliarte, que casi se escapa. El secretario que la concretó, Federico Clerc, fue apartado de la investigación.

La jueza había pedido durante la instrucción que el informe del celular de la chica excluyera cuestiones sobre la organización violenta Revolución Federal (con al que Uliarte se vinculó) y personajes como el influencer libertario Eduardo Prestofelippo (El Presto). No secuestró los teléfonos de las secretarias del diputado Gerardo Milman pese a que intentaron mentir. Luego fueron borrados en una oficina de Patricia Bullrich. Tampoco investigó la adulteración de esas pruebas. Recién ahora mandó a peritar un teléfono del legislador, un modelo posterior al atentado, y solo permite que lo haga Gendarmería. El letrado planteó que le da a Milman un trato especial, tanto que le pareció normal que –por ejemplo– habiendo sido director de inteligencia dijera que perdió el teléfono que tenía al momento de los hechos en una mudanza.

En el Consejo de la Magistratura tramita una denuncia contra la magistrada y este mismo miércoles la Comisión de Disciplina decidió avanzar con medidas referidas al daño al teléfono de Sabag Montiel, y convocó a testigos, entre ellos los peritos de la PSA, el actual ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, la excustodia que trasladó el celular, Priscila Santillán y el exdirector de Inteligencia Criminal, Damián Neustadt.

Aldazabal explicó, en cuanto al intento de magnicidio propiamente dicho, que Uliarte y Sabag Montiel no vivían juntos por una cuestión sentimental sino porque estaban planeando el atentado. La convivencia empezó un mes antes. Incluso buscaron un departamento en Recoleta, cerca del de CFK. Les atribuye una «coautoría funcional».

Ella, explicó, fue «organizadora» y «planificadora» y él tuvo el papel de «ejecutor». Esto se puede advertir en chats obtenidos del Whatsapp de la chica, donde les dice a sus conocidos que quiere matar a Cristina, incluso desde más de dos meses antes. «Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya”, decía Uliarte, que tenía 23 años en aquel entonces. Le daba instrucciones a Sabag Montiel, lo que permitió advertir que hubo un intento anterior al 1 de septiembre, que fue el 27 de agosto, el día que la Policía de la Ciudad atacó a manifestantes, a quienes además espiaba, y se ensañó con dirigentes como Máximo Kirchner y hasta el gobernador Axel Kicillof. «Hoy me convierto en San Martín», había dicho la joven ese día. «Mandé a matar a Cristina». Aldazabal explicó que ella se vinculaba a grupos que pedían «un país sin Cristina».

El día del atentado, Brenda estaba con Sabag Montiel. Después que falló el disparo ella se escabulló entre la multitud. Estuvo tres días yendo de casa en casa y, en el ínterin, fue con Carrizo y otros miembros del grupo a Telefé a tratar de despegarse y fingir sorpresa por lo que había hecho su novio. Su última parada fue una casa en la avenida Montes de Oca, en Barracas, donde se solían juntar antes de salir a vender algodón de azúcar.

Según explicó Aldazábal, el arma estaba apta para el disparo y lo que ocurrió es que no ingresó ninguna bala a la recámara. Incluso según testigos atinó a hacer otro intento. La pistola fue custodiada correctamente, dijo la querella, nadie la tocó tras caer al piso y las pruebas de los peritos incluyeron 50 disparos, de los cuales ninguno falló. Hay un video recuperado de Sabag Montiel manipula un arma con habilidad. No descarta algún error al accionar la corredera. Según el letrado es irrelevante porque la idoneidad de la Bersa calibre 32 usada es indudable. Recordó que, además, en su indagatoria Sabag Montiel no sólo reconoció su objetivo sino que buscó cómo justificarlo, lo que aportó argumentos para entender el hecho como un caso de violencia política agravado por violencia de género. Tanto respecto de él como de Uliarte recordó que todos los peritajes psicológicos/psiquiátricos indican que no padece ninguna alteración mental.

Odio y violencia

Ubeira describió la «construcción de la cultura del odio» y cómo se generó el escenario propicio para que pudiera ocurrir un acto de violencia dirigido contra la expresidenta. Se refirió a la existencia de «un contexto político, social, judicial, histórico y cultural» en el que «a este grupo de personas que a ustedes les toca juzgar –se dirigió al tribunal– no se los puede catalogar como extraños a ese contexto cultural, judicial, son producto de eso». «No nacemos odiadores, el odio se inocula», afirmó y conduce a la «violencia material». Para ejemplificar cómo «permea» lo que ofrece el entorno, dio ejemplos de cómo ciertos dirigentes machacan con la lógica de la «otredad por exclusión». Mostró un tuit de Ricardo López Murphy, de aquellos días de manifestaciones en la zona de la casa de CFK, en medio del juicio Vialidad, donde decía «son ellos o nosotros» como quien construye un concepto de superioridad, que también utiliza, señaló, el presidente Javier Milei, cuando habla de «gente decente». Es un «lenguaje de exclusión».

Dijo que en el juicio se vio «rota», «una representación de una estructura de la sociedad que está enferma y completamente distópica». Mostró vieja «una cantidad de cadenas retóricas que se vinieron replicando durante años y años y que por un proceso de sedimentación fueron calando dentro de determinadas conciencias del colectivo social». Responsabilizó a los grandes medios y mostró la reproducción de imágenes desde tiempos inmemoriales que simbolizaban un ataúd de CFK, la horca o un traje de prisionera. Mostró una parte de la declaración de Sabag Montiel, donde dice que él quiso matar a Cristina como quien se hace cargo de las fallas del sistema judicial. Se vio la imagen en las pantallas de la sala y la declaración: “Belliboni (Eduardo) está libre, Cristina está libre. Las cosas en este país no se hacen correctamente, pero tiene que venir un don nadie a decir ‘basta”, se reprodujo su indagatoria.

Ubeira recordó que Sabag Montiel también tildó a la expresidenta de «asesina», como quienes intentaron vincularla con el suicidio del fiscal Alberto Nisman o las muertes por covid. «No es más que una construcción goebbeliana», señaló. Explicó cómo opera la «deshumanización», «la asociación con un mal moral o social» por la «repetición de un estigma». «Los jueces juegan como voceros de esta narrativa», agregó. Señaló en particular el papel del fiscal de Vialidad, Diego Luciani, cuyo mensaje caló a tal punto que Sabag Montiel pidió que fuera su abogado defensor. Añadió el papel de Estados Unidos, repudió rápidamente el atentado como quien dice «nosotros no fuimos» y ahora el futuro embajador Peter Lamelas dice que vendrá para que se juzgue a CFK, como si no estuviera condenada, detenida y proscripta. Repasó publicaciones, su persecución como líder política mujer, e insistió en que no fue un atentado en medio de un robo de una cartera, aunque se lo haya tratado de minimizar.

Citó a Hannah Arendt y sus planteos sobre «los orígenes del totalitarismo» para explicar que los discursos de odio no son inocentes:» cuando se deja de discutir ideas y se comienzan a anular existencias, se transforman en la antesala de la violencia». Recordó su frase: «El sujeto ideal del régimen totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido sino personas para quienes la distinción entre hechos y ficción y entre verdadero o falso ya no existe».