El 25 de julio del año pasado Diógenes Gutiérrez (60) trabajaba en un buque pesquero que estaba amarrado en el Puerto de Caleta Paula, Caleta Olivia, Santa Cruz. De forma intempestiva, se desprendió una tapa de hierro de 700 kilos, por el mal estado de las sogas, y cayó sobre él. Sufrió lesiones graves en la cabeza y la columna y tras cinco días de agonía, murió en el hospital. Su familia aún espera que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) pague la indemnización.
¿Por qué no lo hizo aún? “Es un enigma. Prefieren retener la plata, usarla financieramente y pagar con una condena judicial. Mientras tanto, las víctimas quedan sometidas a una situación de extrema vulnerabilidad económicamente y emocionalmente”, dice Nicolás Schick, abogado de la familia de Diógenes.
Los juicios por accidentes laborales y enfermedades profesionales van en aumento. En 2024 se reportaron 124.425 reclamos judiciales, cuando en 2023 hubo 117.843, según los datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT). Se trata de la cifra más alta desde 2018. Y se estima que este año se podría superar el récord de 130.679 demandas de 2017.
Los reclamos más frecuentes son por las indemnizaciones insuficientes, falta de reconocimiento del carácter laboral del accidente y falta o poco reconocimiento de las secuelas incapacitantes.
Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) dicen que “sólo en el último año, la industria del juicio impulsó demandas por el equivalente a 6.891.653 salarios mínimos, una judicialización sin control”.
Según la estimación de la cámara, en 2025 se superarán las 130.000 nuevas demandas, lo que implica más de 10.000 juicios por mes.
La Provincia de Buenos Aires es donde más juicios se inician, con el 40%, seguido por la Ciudad, 19%; y Santa Fe, 14%.
“Hay crecimientos preocupantes en Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y San Luis. Esa litigiosidad está desconectada de todas las variables: del empleo, de la actividad, de los indicadores de siniestralidad y de cobertura que tiene el sistema y de lo que sucede en el mundo con sistemas similares”, explican fuentes de UART.
Las aseguradoras hablan de un combo explosivo que incluye “pericias médicas judiciales infladas —que superan en promedio en 12,5 puntos la tabla vigente— y tasas de interés judiciales desproporcionadas que convierten cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo”.
En la otra vereda, Adriana Séneca, doctora en ciencias económicas, licenciada en administración y contadora pública, sostiene que “desde las matemáticas ha quedado demostrado que, en la mayoría de los casos, el inicio de un reclamo judicial no obedece ni a lo que ofensivamente denominan ‘industria del juicio’, ni a que el ‘sistema judicial beneficia la litigiosidad’, ni a que ‘los peritos muchas veces inflan los montos porque sus haberes son un porcentaje del resultado final’, sino a que el sistema actúa en forma refractaria dejando, cada año, sin cobertura a cientos de miles de damnificados”.
En ese sentido, ejemplifican con que en 2023, en el contexto de crisis del sector de salud, el sistema de Riesgos del Trabajo brindó más de 5,6 millones de prestaciones asistenciales. “El Sistema de Riesgos del Trabajo en Argentina es uno de los que brinda una cobertura más completa en el mundo”, aseguran.
Menos accidentes, más juicios
Según el último informe provisorio de accidentabilidad laboral que fue elaborado por la SRT, la cobertura del sistema de riesgos del trabajo entre enero y marzo de 2025 alcanzó un promedio de 10.139.577 de trabajadores (los casos de accidentes o enfermedades notificadas fueron 124.706). La cifra determinó una disminución del 1,8% respecto al mismo período de 2024.
El 98,9 % de los AT y EP corresponde a empleados en unidades productivas, mientras que el 1,1% restante involucra a quienes realizan tareas en casas particulares.
Además, siguiendo el informe, se registraron 129 fallecimientos: 67 ocurrieron en lugar y en ocasión del trabajo y 62 fueron accidentes de trayecto. Estos valores determinaron que los AT y EP mortales disminuyeron un 6,9%, mientras que los accidentes in itinere mortales aumentaron un 14,8% con respecto al mismo trimestre del año anterior.
Schick, abogado laboral especializado en accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, cuestiona el hecho de que haya estadísticas de la SRT que no estén publicadas. “Por ejemplo, la industria petrolera no muestra los índices de siniestralidad desde 2014 por lo cual hay muchos accidentes y enfermedades que están sucediendo y no están reflejados en la página de la Superintendencia. Asimismo, por un conflicto salarial, este año tampoco se publicaron las cifras de la industria pesquera”, menciona.
Y advierte que el dato no es menor porque Pesca, Petróleo y Minería son las industrias con las tasas de siniestralidad más altas. Justamente, en ese rubro trabajaba Diógenes Gutiérrez, que murió por un accidente laboral y su caso sigue judicializado.
