La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en la madrugada de este miércoles el proyecto de ley que habilita la eutanasia en casos de enfermedad incurable y sufrimiento extremo. La iniciativa partió del oficialista Frente Amplio (FA-centroizquierda) y contó con el respaldo de legisladores de los partidos de centroderecha Nacional y Colorado. Alcanzó una amplia mayoría: 64 votos a favor, frente a 29 en contra.
Con esta media sanción, el proyecto denominado “Muerte digna” será tratado y votado en el Senado, donde el camino está allanado para que sea aprobado durante este semestre. La bancada progresista es mayoría en esa Cámara. De ese modo, Uruguay se convertiría en el primer país en regular la eutanasia por la vía legislativa en América Latina, diferenciándose de Colombia y Ecuador, países que despenalizaron esta práctica mediante fallos de la Corte Constitucional.
El texto aprobado es el resultado de un intenso debate social y político que se remonta al año 2019, cuando el uruguayo Fernando Sureda pidió la legalización de la eutanasia para terminar con el sufrimiento generado por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padecía y que le provocó la muerte en 2020. En marzo de ese año, el entonces diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley que sumó contribuciones del FA y obtuvo media sanción en 2022. Pero no corrió la misma suerte en Senadores.
De acuerdo con el actual proyecto de ley, podrá acogerse a este derecho toda persona mayor de edad y “psíquicamente apta” que esté cursando “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o que como consecuencia de esa enfermedad “padezca sufrimientos que le resulten insoportables” y atraviese un “grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.
El diputado del FA Federico Preve resume el espíritu de esta iniciativa: “Habilita el derecho a morir con dignidad en un marco de circunstancias y con un sistema de garantías”. En diálogo con EL PAIS, Preve subraya que este derecho amparará a las personas que de forma “libre y autónoma” decidan “acelerar” el proceso de final de su vida en las circunstancias descriptas. El paciente (o un representante mayor de edad) deberá solicitarlo personalmente y por escrito.
Asimismo, se requerirá una “primera opinión” del médico tratante (en un plazo de tres días) y una segunda de otro médico independiente (en cinco días), tras la cual regresa el primero para que el enfermo mencione su última voluntad. Si existieran diferencias de opinión, se establecerá una junta médica para resolverlas en cinco días como máximo.
“Este es un sistema sólido de garantías que funciona desde hace más de 20 años en Países Bajos o Bélgica”, apunta Preve. Además, el proyecto de ley dispone la creación de una comisión honoraria que evaluará los casos anuales de eutanasia y enviará informes al Ministerio de Salud y al Parlamento. “Si no se cumplen a rajatabla las condiciones y el procedimiento, se aplicará la ley penal como hasta hoy”, añade el legislador.
“Si el proyecto es aprobado próximamente en el Senado, se habrá llegado a una nueva evolución de signo liberal que caracteriza a la historia uruguaya”, dice a EL PAIS el exdiputado colorado Ope Pasquet, autor del proyecto de eutanasia que naufragó en 2023. Para Pasquet, este texto tiene en cuenta dos “valores fundamentales”: la libertad de la persona para decidir sobre la propia vida y la propia muerte y la solidaridad de la sociedad con quienes padecen enfermedades incurables y experimentan sufrimientos insoportables.
“Todas las encuentas que se han hecho sobre este tema dicen que la sociedad uruguaya respalda por abrumadora mayoría el proyecto de ley de eutanasia. Cuando las encuestas se hicieron exclusivamente entre los médicos, el resultado fue el mismo. Espero que el Parlamento uruguayo se ponga a tono con la opinión de la sociedad”, afirma.
En la acera contraria se encuentra el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, quien considera que legalizar la eutanasia “es validar por ley la posibilidad de renunciar al derecho a la vida”, lo que a su juicio supone “la antesala” de la desprotección de ese “derecho principal”. “Se valida una discriminación para los enfermos que pueden pedir la muerte, porque la premisa es que su vida vale menos y, por lo tanto, merece menos protección”, dice Goñi a este periódico.
Con esta ley, los enfermos quedarán expuestos a sufrir “presión, condicionamientos y abusos”, asegura el legislador, motivo por el cual propuso la creación de un “comité de garantías” destinado a verificar que la solicitud fue formulada de manera libre y voluntaria. Pero no tuvo éxito. La alternativa a la regulación de la eutanasia planteada por Goñi es que “todos tengan el alivio del dolor y acceso a los cuidados paliativos”.
Preve considera que la existencia de estos cuidados no es incompatible con la iniciativa aprobada hoy: “La eutanasia y los cuidados paliativos conviven y se desarrollan en los países donde la eutanasia está regulada”.
“Aspectos controversiales hay muchos, porque sobre esto no hay verdades absolutas; lo importante es que se respeten las diferentes creencias, que las personas que piensan que tienen que seguir hasta el final lo hagan, y que quienes quieran adelantarlo y cumplan con las condiciones también puedan hacerlo”, zanja el diputado.
