El peronista Axel Kicillof (Buenos Aires, 54 años) era ministro de Economía cuando el Gobierno encabezado por Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones de la empresa española Repsol en la petrolera YPF. Era 2012. Dos años después, el Gobierno de Kirchner acordó pagar 5.000 millones de dólares como compensación a Repsol, pero esa operación dio pie a que un grupo de inversores minoritarios patrocinados por el fondo de inversión Burford Capital —al que define como “buitre”— iniciara un juicio en Nueva York contra el Estado argentino. Alegaban discriminación por no haber recibido la misma oferta que Repsol, tal y como contempla el estatuto de YPF.
La defensa del Gobierno peronista fue la misma que la de los tres gobiernos que le sucedieron: señalar que la legislación argentina estaba por encima del estatuto de una empresa. Después de un fallo en primera instancia contrario a Argentina en 2023, en el que se ordenó al país pagar más de 16.000 millones de dólares a modo de compensación, la Corte de Apelaciones revocó este viernes la sentencia. Kicillof es hoy gobernador de la mayor provincia de Argentina, la de Buenos Aires, y es uno de los nombres que más suenan para encabezar la candidatura del peronismo a las presidenciales de 2027. Desde Uruguay, habla por teléfono con EL PAÍS:
Pregunta. Usted era ministro de Economía cuando se expropió YPF. ¿Cuál es su opinión sobre el fallo que se conoció hoy?
Respuesta. Tuvimos fallos adversos en primera instancia, pero todo este tiempo sostuve la misma opinión: es una denuncia, una causa y un fallo absurdo, que no tiene sustento jurídico y nunca lo tuvo. Así que hoy, lo primero que tengo que decir es que se hizo justicia, que los argumentos que sostuvo la Cámara de Apelaciones son exactamente los mismos que vengo sosteniendo yo y que viene sosteniendo la defensa de Argentina desde, prácticamente, el comienzo del juicio.
P. ¿El juicio lo ve cerrado ya?
R. No. Así como fue tan sorprendente el fallo desfavorable en primera instancia, ahora también podría haber novedades.
P. Hay especialistas que creen que el fallo marca un mal precedente para el mercado de capitales porque, como la ley de expropiación es posterior al estatuto, entonces cualquier gobierno puede expropiar así, con una ley posterior, sin importar el compromiso previo que se ha tomado con los inversores.
R. El Gobierno de Estados Unidos, si no me equivoco, expropia General Motors después de la crisis de 2008 [la intervino y tomó una participación mayoritaria temporal durante una reestructuración por bancarrota en 2009] y también el Gobierno británico hizo expropiaciones. Siempre las leyes de expropiación son un derecho del soberano que tiene que respetar ciertas reglas, como la indemnización a quienes son expropiados. Repsol, por ejemplo, aceptó en un acuerdo lo que recibió por las acciones y retiró las demandas en todos los tribunales. Esto era una cosa distinta. Era un accionista minoritario que reclamaba arbitrariamente la aplicación de un estatuto que pretendía que estaba por encima de una ley.
P. Milei se ha atribuido el mérito del fallo. ¿Coincide con él?
R. Milei usó el juicio políticamente para responsabilizarme de haber implementado la expropiación de manera inadecuada. Lo cierto es que la ley de expropiación fue votada por prácticamente todos los partidos políticos del Congreso nacional y los abogados del Gobierno defendían los mismos argumentos que yo: que se hizo todo de acuerdo a la ley.
P. ¿Su vínculo con Donald Trump pudo haber influido en el fallo?
R. Si se lo quiere atribuir a su vínculo con Trump, lo que estaría queriendo implicar es que el tribunal no falla así por cuestiones jurídicas o de derechos, sino por influencia política, lo cual no creo que deje a nadie contento en Estados Unidos. Le va a costar mucho a Milei explicar cómo festeja que los buitres no tenían razón, porque, si los buitres no tenían razón, entonces [el proceso de expropiación] estuvo bien hecho, y, si estuvo bien hecho, ¿por qué critica a los que lo hicieron?
