La madrugada del 2 de marzo de 2016 dos hombres cruzaron el umbral de una casa en la pequeña ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras, y dispararon. Diez años después, el país centroamericano todavía aún escucha el eco de aquella detonación. El asesinato de Berta Cáceres ha marcado la historia reciente hondureña, uno de los países más peligrosos en el mundo para los defensores de derechos humanos. La lideresa lenca convirtió la defensa del río Gualcarque en un pulso contra empresarios, militares y bancos internacionales. Una década más tarde, el crimen es al mismo tiempo símbolo de avance judicial y recordatorio de una impunidad persistente. Este reportaje reconstruye las últimas horas de la activista y la lucha del pueblo lenca, que no desfallece en la búsqueda de justicia y en la protección de sus valiosos recursos naturales.
I. La escena del crimen
Cuatro impactos de bala en los muros de la habitación recuerdan la pesadilla que sufrió Berta Cáceres aquella madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016. “Esta fue su casa durante los últimos días de su vida. Y fue aquí donde la asesinaron”, dice Berta Zúniga Cáceres, hija de la activista, que señala los huecos en los muros de la estancia, la escena de un crimen que estremeció al mundo. Una mancha de sangre en la pared recuerda que aquel atentado fue un aviso para quienes osaran plantar cara a grupos poderosos.
El inmueble es pequeño, con paredes pintadas de verde, ese color que domina los bosques y montañas que rodean a La Esperanza, localizada en la provincia de Intibucá. Donde antes estuvo el comedor —recuerda Zúniga— celebraron la última cena navideña en diciembre de 2015. “Aquí compartimos muchos momentos acogedores”, rememora mientras señala el espacio que también fue sala. La cocina, hoy vacía, será modificada como parte de un proyecto que busca honrar la memoria de la defensora lenca y la lucha de su pueblo.
En la parte trasera de la vivienda hay una puerta que no es la original. “Por aquí ingresaron los sicarios”, explica Zúniga, quien es coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que creó Cáceres. La puerta actual reemplaza a la que fue derribada de una patada aquella noche. La original permanece bajo custodia del Ministerio Público como parte de la evidencia del caso. Tras el asesinato, la casa estuvo varios meses bajo resguardo de las autoridades antes de ser entregada a la familia.
El activista mexicano Gustavo Castro, único testigo y sobreviviente del ataque, cuenta que al menos dos hombres armados entraron por esa puerta. Uno de ellos se dirigió a la habitación donde él dormía, que se hospedaba en el cuarto de una de las hijas de Cáceres. En una de las paredes aún se distingue la marca de un disparo. Fue la bala que lo alcanzó y de la que logró sobrevivir. Recuerda que tras un largo día de trabajo impartiendo talleres junto a la ecologista, a quien no veía desde hacía cinco años, aquella noche fueron a cenar y luego condujeron en un Volkswagen gris al hogar de Cáceres, solitario esa noche.
Conversaron un rato en el porche y, sobre las once, decidieron irse a dormir. Unos minutos después escucharon un estruendo y Berta Cáceres gritó: “¡Quién anda ahí!”. Uno de los matones entró al cuarto de la ambientalista, mientras otro se dirigió al del mexicano, sorprendido de que hubiera otra persona en aquella casa insegura, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Gobierno hondureño garantizar protección a Cáceres. El sicario le apuntó con el arma y disparó a matar. Castro sobrevivió al atentado con una herida leve en la oreja, pero fingió estar muerto. Después, escuchó varias detonaciones en la otra habitación. Cuando los asesinos se marcharon, corrió junto a su amiga, que le pidió que llamara a su exmarido. No hubo tiempo. La vida de Cáceres se apagó en sus brazos.
Lo que siguió fue un laberinto de persecución política. El Estado hondureño intentó fabricar culpables y retener a Castro, dice, bajo un “secuestro de Estado” disfrazado de legalidad. El activista asegura que el Gobierno hondureño quiso inculparlo por el crimen. “No pudieron inventar ninguna prueba, aunque me hicieron muchas trampas”, asegura en San Cristóbal de la Casas, Chiapas, donde vive ahora. Incluso intentaron envenenar a su hermano, cuando llegó a Honduras para ayudarlo, cuenta. Aquella experiencia le generó un trauma que duró años: llegó a poner botellas de cristal en las puertas, incluso en su casa, por temor a que alguien entrara a hacerle daño.
En el dormitorio principal, donde dormía Berta Cáceres, también se conservan huellas de aquella madrugada. Las puertas fueron sustituidas por el Ministerio Público, que recolectó pruebas balísticas y otras evidencias. Sin embargo, todavía quedan rastros visibles: las perforaciones en las paredes, impactos en el baño y una mancha de sangre que el paso del tiempo no ha borrado del todo. La familia no pudo entrar a la vivienda durante los primeros días posteriores al crimen. Solo dos meses después, cuando cesó la custodia oficial, pudieron recorrerla y reconstruir lo ocurrido con base en el testimonio de Castro, quien les relató los hechos durante el velorio y el entierro de la lideresa.
Castro fue protegido aquella noche por los integrantes de Copinh, ya que oficiales del Ejército y autoridades hondureñas lo que querían detener. Tras días de colaboración con los funcionarios de la Fiscalía, pudo viajar a Tegucigalpa, la capital de Honduras, para refugiarse en la embajada mexicana. “Los funcionarios de la embajada se portaron muy bien”, explica. Cuando al fin tuvo el permiso para viajar salió junto a la embajadora y el cónsul rumbo al aeropuerto. Allí, un grupo de oficiales se le acercó para apresarlo. La embajadora, Dolores Jiménez, y el cónsul hicieron un círculo a su alrededor y gritaron: “¡Protección consular, protección consular!» Castro dejó un mes después Honduras para intentar seguir con su vida a pesar del trauma. “El asesinato de Bertita representa un antes y un después. Berta se sembró en los corazones de los movimientos internacionales. Lograr justicia total en su caso es vital; si no hay justicia para ella, ¿qué nos espera a los demás defensores en América Latina? Es un mensaje para los poderes empresariales: no pueden asesinar impunemente”, dice el activista.
Ocho hombres han sido condenados por el crimen, entre ellos los sicarios. Un alto ejecutivo de la empresa desarrolladora fue sentenciado como coautor. El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca quedó paralizado. Pero los señalados como máximos responsables —los accionistas que discutían el “problema Berta” en juntas directivas, según consta en el juicio— no han enfrentado todavía un tribunal. “El caso de Berta es una grieta en el muro de la impunidad”, dice Camilo Bermúdez, abogado del Copinh. Diez años después, la grieta existe. Ahora, el hogar de Cáceres dejará de ser únicamente la escena de un crimen. Se transformará en un espacio de memoria para honrarla y mantener viva la defensa de los territorios y los ríos por los que luchó. “Seguimos exigiendo justicia”, dice Zúniga.
II. La resistencia que nació bajo un roble
Felipe Gómez tiene 68 años y toda una vida en la comunidad lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De pie, frente a un roble frondoso, señala el árbol como si mostrara un monumento. “Este roble es un emblema para nosotros. Aquí nos apoyamos para hacer la lucha contra la empresa”, dice. La empresa es la Desarrollos Energéticos S.A. (Desa) titular del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que pretendía represar el río Gualcarque, sagrado para el pueblo lenca. La resistencia comenzó formalmente el 1 de abril de 2013, cuando la comunidad decidió en asamblea tomarse el paso que conducía al río, por donde debían ingresar las máquinas.
El poblado está localizado a cuatro horas de distancia de La Esperanza, a través de caminos sin asfaltar que hacen saltar y repiquetear la camioneta y que son atravesados por ríos de agua cristalina. Al borde de estos caminos se abre un abismo de montañas verdes y extensos bosques tropicales que resguardan una de las mayores riquezas de biodiversidad de Honduras. La que quería proteger Berta Cáceres.
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A diez años del asesinato de Berta Cáceres, su legado sobrevive
Adolfo Gómez, de 41 años, recuerda también al pie del roble los detalles de aquel movimiento como si los estuviera viviendo otra vez. “Hicimos cuatro grupos. Doce horas un grupo, doce horas otro. En el día éramos 25 personas y en la noche otras 25”. Cavaron una cuneta para impedir el paso de los vehículos, tendieron un cable atravesando la calle y levantaron casetas improvisadas para protegerse del sol y la lluvia. Dormían en colchones sobre tapescos de madera, mientras el agua corría por debajo. “Estuvimos aquí día y noche durante meses, hasta julio, sin faltar una hora”, dice.
La compañía encargada de la obra era Sinohydro, gigante estatal china de ingeniería contratada por la desarrolladora del proyecto. Cuando los trabajadores intentaban pasar, la comunidad lo impedía. “Queríamos el río libre. El río no tiene precio, es fuente de vida”, resume Adolfo. La tensión escaló. Llegaron policías y militares. Les botaban la comida y el agua, pero los vecinos se reorganizaban. Delegados religiosos celebraban actos bajo el roble. El campamento se convirtió en un espacio de resistencia permanente.
En julio de 2013, durante una manifestación en el campamento de la empresa, la represión dejó un muerto: Tomás García, líder comunitario. “No les dieron tiempo de hablar. Los recibieron a balazos”, recuerda Adolfo. El hijo de García resultó herido. Otros manifestantes también fueron alcanzados por disparos.
La violencia no terminó allí. Hubo amenazas, atentados, estigmatización. “Nos dicen que somos enemigos del desarrollo”, afirma Felipe. “Pero ese proyecto iba a enriquecer a la empresa, no a nosotros. Ya había daño en el suelo, derrumbes, fuentes de agua secándose”. El río Gualcarque abastece múltiples nacimientos de agua en la zona. “Toda esta riqueza está aquí”, dice Adolfo señalando las montañas. “Por eso querían esta tierra”.
La resistencia tuvo el acompañamiento de Berta Cáceres, coordinadora del Copinh. Aunque le prohibieron entrar en vehículo a la comunidad, llegaba caminando por veredas. “Se ponía botas de hule y caminaba igual que nosotros”, recuerda Felipe. “Nos decía que luchábamos contra un monstruo grande, multimillonario”. Cáceres rechazó ofertas y presiones. “Le ofrecieron dinero para que se quedara quieta. No aceptó”, cuenta Adolfo.
Tras su asesinato en 2016, algunos pensaron que el proyecto avanzaría. No ocurrió. La empresa se retiró. “Fue una baja dolorosa”, admite Felipe. “Pero también un triunfo, porque la lucha no murió. Los que mueren por una causa justa no se pueden llamar muertos”.
En Río Blanco han muerto al menos cinco personas vinculadas a esta resistencia. Aun así, la comunidad mantiene el control del territorio y continúa enfrentando conflictos por la tierra y denuncias de desalojos. Desconfían de las autoridades locales y señalan a sectores políticos y empresariales de facilitar concesiones sin consulta previa.
A más de una década del inicio de la toma, el roble sigue en pie y su sombra es una metáfora que cobija la lucha lenca. Bajo esa sombra se organizó la defensa del río y se consolidó una experiencia que trascendió la comunidad. “Nosotros nacimos aquí”, dice Adolfo. “Somos nosotros los que tenemos que defender lo que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos”. Para ellos, la lucha de Río Blanco no es solo un episodio local, sino un precedente. “Es un ejemplo para otras comunidades”, afirma Felipe. “Porque lo que se siembra con lágrimas, algún día da fruto”.
III. Una grieta en el muro de la impunidad
El crimen contra Cáceres se ha convertido en un símbolo internacional de la violencia contra defensores ambientales, pero la justicia en Honduras sigue incompleta. Camilo Bermúdez, integrante de la Comisión Ejecutiva del Copinh y responsable del área de litigio estratégico, sostiene que el proceso judicial representa un avance inédito en la región, pero aún insuficiente. “Existe impunidad, pero también es uno de los pocos casos en América Latina donde se ha logrado avanzar. El caso de Berta es una grieta en el muro de la impunidad”, afirma.
Hasta ahora, ocho personas han sido condenadas, entre ellas los autores materiales y el presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), David Castillo. Sin embargo, para el Copinh, los máximos responsables —los autores intelectuales— siguen sin enfrentar la justicia.
“El proyecto Agua Zarca no era un negocio cualquiera. Era su proyecto estrella”, sostiene Bermúdez. Según datos expuestos en el proceso judicial y en investigaciones independientes, implicaba una inversión cercana a 60 millones de dólares, con financiamiento de bancos internacionales y transacciones en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
Durante el juicio se presentaron mensajes y documentos que evidenciaban cómo ejecutivos de la empresa discutían el “problema Berta Cáceres” y daban seguimiento a sus movimientos. Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Naciones Unidas concluyó que fondos del proyecto fueron utilizados para pagar a los sicarios y que existió coordinación entre actores empresariales y estructuras de seguridad.
El informe detalla el recorrido del dinero hasta su cobro en cheques por más de medio millón de lempiras (25.000 dólares). También señala la existencia de redes financieras que incluían cuentas en paraísos fiscales. Para Bermúdez, el caso no es solo penal: “Expone un modelo donde la extracción está por encima de la vida”.
Los investigadores del GIEI han centrado su atención en la familia Atala Zablah, uno de los clanes empresariales más poderosos de Centroamérica, con intereses en la banca y otros sectores. El informe del GIEI detalla las actuaciones y comunicaciones de Daniel Atala, gerente financiero de Desa, y otros miembros de la familia antes y después del crimen. Desa —participada por el holding Inversiones Las Jacarandas, vinculado a los Atala Zablah, y por la firma Pemsa, de Castillo— impulsaba desde finales de los años 2000 la construcción de la represa.
La empresa, detalla el GIEI, contaba con el apoyo del Estado. El equipo de expertos recuerda que “los expedientes judiciales revelan la convergencia entre estructuras empresariales y agencias estatales, los vínculos de cuatro personas imputadas por el asesinato con las Fuerzas Armadas y la creación de Desa por parte de un oficial de inteligencia militar que, al mismo tiempo, ocupaba un cargo estratégico en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.
“Integrantes de la familia Atala”, señala el informe, “participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo [de WhatsApp] denominado ‘Seguridad PHAZ’, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres y el Copihn”. Hay una orden de captura contra Daniel Atala Midence, exdirectivo de DESA, imputado por el asesinato y actualmente prófugo. Además, hay denuncias abiertas por corrupción y asociación ilícita contra miembros de la estructura empresarial vinculada al proyecto. Desa ha reiterado en diversos comunicados que la empresa no tuvo participación en el crimen contra Cáceres.
Otras investigaciones por corrupción y asociación ilícita siguen abiertas. “La lucha no termina con una sentencia”, insiste el abogado Bermúdez. “Termina cuando todos los responsables enfrenten la justicia y cuando defender un río no signifique una sentencia de muerte”, agrega.
El proyecto hidroeléctrico permanece paralizado desde 2016. Parte de sus licencias ambientales han sido anuladas y el contrato de suministro eléctrico cancelado, aunque aún subsisten actos administrativos susceptibles de impugnación. Para la comunidad de Río Blanco, el riesgo no ha desaparecido.
Más allá del proceso penal, Bermúdez plantea que el caso expone un modelo económico basado en la extracción sin consulta y en la desprotección de los defensores del territorio. “Aquí no se trata solo de responsabilidad penal. Se trata de cambiar una forma de hacer negocios donde el dinero está por encima de la vida”, dice.
Respecto al nuevo Gobierno hondureño, encabezado por Nasry Asfura —quien recibió antes de la elección presidencial de noviembre de 2025 el apoyo de Donald Trump—, un político de perfil conservador y proempresarial, las expectativas son limitadas. “Nunca ha habido condiciones favorables. Lo que ha habido es trabajo, documentación, presión y alianzas. Nada se ha regalado”, dice Bermúdez.
Para el Copinh, la grieta abierta en el muro de la impunidad aún es frágil. Pero existe. Y, según Bermúdez, puede ampliarse si la sociedad mantiene la exigencia de justicia. “La lucha no termina con una sentencia. Termina cuando todos los responsables enfrenten la justicia y cuando defender un río no signifique una sentencia de muerte”, dice el activista.
IV. La utopía hecha realidad
Catalina Hernández, responsable de la coordinación organizativa del Copinh, recibe a este periódico en las instalaciones de Utopía, el proyecto comunitario que salió a luz con el impulso de Cáceres. Es un amplio terreno localizado a unos 10 minutos en coche desde La Esperanza. Aquí hay huertos, salones para capacitar a los campesinos, barracas nuevas donde estos descansan cuando participan en las reuniones en las que se toman las decisiones sobre el trabajo de Copinh. El 2 de marzo aquí se reunirán unas 800 personas para homenajear a Cáceres en una ceremonia llena de sincretismo que reúne tradiciones indígenas con liturgia católica. Las personas de Copinh lo llaman “la siembra”, porque, dicen, la muerte de Cáceres ha sido una semilla que ha brotado en una lucha viva. La utopía es una comuna que defiende la idea de igualdad y fraternidad con la defensa de la tierra.
Hernández recorre más de tres décadas de lucha del pueblo lenca. Desde la defensa del bosque en los años noventa hasta el asesinato de Berta Cáceres, su relato es también la historia de una organización que nació en medio de la persecución y la guerra. “El Copinh surge en 1993, cuando en Intibucá, el departamento que es territorio lenca, había muchos aserraderos que estaban devastando el bosque. Las comunidades no sabíamos qué hacer”, recuerda. A la deforestación se sumaba el impacto del conflicto armado en el vecino El Salvador. “Éramos zona fronteriza y el Ejército perseguía a indígenas y a personas solidarias con la lucha salvadoreña. Hubo torturas y violaciones de derechos humanos. No teníamos organización y necesitábamos defendernos”.
De esa necesidad nació el Copinh. Con el tiempo, la organización logró algo fundamental: el reconocimiento del pueblo lenca por parte del Estado hondureño. “En esos años ni siquiera éramos reconocidos como pueblo indígena. A través del Copinh conseguimos que se reconociera nuestra existencia en Intibucá, Lempira y La Paz”, explica Hernández.
Ella acompañó desde el inicio a Berta Cáceres. “Caminamos juntas visitando comunidades, casa por casa. Hablábamos con mujeres, jóvenes, ancianos. Decíamos que la organización era el primer paso para defender nuestros derechos. Sin organización, nadie nos iba a escuchar”, recuerda. Describe el trabajo de Cáceres como “de hormiga”: constante, paciente, pedagógico. “Era como una voz que llegó a abrirnos los ojos, una luz que iluminaba el camino. Nos enseñó que debíamos formarnos, conocer nuestros derechos para poder exigirlos”.
El asesinato fue, dice, un golpe devastador. “Fue impactante e indignante. No podíamos creer que defender el agua, el bosque, la tierra significara un delito que se pagara con la muerte”. Hernández recibió aquella llamada estremecedora de madrugada. “Parecía imposible que algo así hubiera pasado”. Pero el crimen no paralizó a la organización. “Quisieron callar la voz del Copinh y no lo lograron. Pensaron que matando a Berta se detenía la lucha, pero seguimos aquí”. Hernández habla de la “siembra”: “Enterramos su cuerpo, pero su espíritu está con nosotros. La semilla crece cada año”.
Diez años después, reconoce que su lucha ha sido un camino lleno de obstáculos. “Ha sido una etapa dura, de amenazas y estigmatización. Nos llaman revoltosos, tirapiedras. Pero cuando las autoridades no escuchan, tenemos que salir a las calles para hacer sentir nuestra voz”. A pesar del miedo y la presión, el Copinh continúa activo en la defensa del territorio lenca. “No podemos quedarnos callados. La lucha sigue porque nuestros derechos siguen siendo vulnerados”, sentencia Hernández.
Epílogo. Una saga de mujeres luchadoras
María Austra Bertha Flores López se llama y nació en 1933 en La Esperanza, cuando en Honduras las mujeres no votaban y la política era territorio exclusivo de hombres. Décadas después, se convirtió en la primera mujer en dirigir una alcaldía en el país. “Creían que solo servíamos para parir hijos y cocinar”, recuerda. “Demostramos que sí podíamos”.
Estamos en su casa en La Esperanza, una construcción que hace esquina y que está custodiada por policías. Las autoridades, de hecho, ordenaron construir una caseta para los oficiales frente a la casa. Ahí nos recibe la oficial de guardia, que sonriente y amable abre la puerta que da un porche con jardín lleno de flores. Dentro, espera María Austria, sonriente, dispuesta a contar la historia de una saga de mujeres luchadoras.
Ella organizó un frente femenino en tiempos en que la participación política de las mujeres era vista como una transgresión. Recorrió comunidades, convocó a otras compañeras y, junto a un grupo de seis o siete mujeres, logró ganar la alcaldía municipal de La Esperanza. Repitió mandato y luego fue electa diputada al Congreso Nacional. Su liderazgo no nació en los salones políticos, sino en el trabajo comunitario. Fue enfermera y partera, la primera de la provincia. Dice que acompañó más de 6.000 partos. Esa cercanía con las familias de Intibucá le dio un capital simbólico que rompió resistencias. “Los hombres me aceptaron porque conocían mi trabajo”, dice.
Entre las niñas que la acompañaban en aquellas giras políticas estaba su hija menor: Berta Cáceres. “Siempre me acompañaba a las comunidades. Creo que eso la indujo a ser dirigente”, cuenta.
Diez años después del asesinato de Cáceres, la figura de la lideresa lenca se ha convertido en símbolo global de la defensa ambiental y de los derechos indígenas. Pero en la casa materna la memoria es menos abstracta. “Para mí, Berta no murió. Berta se multiplicó”, afirma Flores. “Ella defendía la Madre Tierra y los ríos, especialmente el Gualcarque, que es sagrado para nuestro pueblo”, dice su madre en el pequeño salón de su casa en La Esperanza, un lugar lleno de recuerdos, cuadros de antepasados políticos, donde resguarda el prestigioso Premio Medioambiental Goldman (conocido como el “Nobel Verde”) que Cáceres recibió en 2015 por su lucha contra la represa de Agua Zarca. Además, en 2021, recibió póstumamente el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.
Hay un lugar en esta casa donde, sin embargo, Flores no quiere entrar: al otro lado de un hermoso jardín interior está la que fue la habitación de la activista, que su madre no visita desde el día del crimen. “No puedo entrar ahí”, dice con la voz cortada. Quien si entra es el hermano de Berta, Gustavo, quien abre para este periódico las puertas de la habitación no sin antes persignarse por la memoria de su hermana. Adentro hay pocos muebles, un ropero donde Cáceres guardaba la ropa de sus hijas cuando eran niñas. Y sobre una pequeña cómoda un documento escrito a mano. “Es la letra de mi hermana”, dice Gustavo emocionado. Escrito con una hermosa caligrafía en cursiva se lee en el encabezado: “Análisis de la coyntura”. El texto analiza las acciones de parte del Gobierno hondureño contra los movimientos sociales y expone propuestas en la estrategia de la lucha lenca.
“Es inconcebible que los que prepararon ese asesinato no estén presos”, sostiene Flores. “Solo están los que ejecutaron el crimen”. Para María Austra, la mayor victoria fue que su hija ayudara a organizar comunidades indígenas aisladas, a que reconocieran sus derechos sobre la tierra, el agua y la educación. “No eran bestias de carga. Tenían derechos”, dice.
La historia de ambas mujeres recorre casi un siglo de luchas: de la exclusión política femenina a la defensa territorial indígena; de la primera alcaldesa en un país conservador a la activista que enfrentó a empresarios y militares. “Lo importante”, insiste la madre, “es que la lucha sigue”.
En Intibucá, donde María Austra rompió el primer techo de cristal municipal y Berta desafió un modelo extractivo nacional, la herencia no es solo familiar. Es política. Y, diez años después del asesinato, esa llama no se extingue. Berta Zúniga, hija y nieta, la mantiene viva. “Para nosotras, este crimen representa la persecución y la violencia que enfrentan quienes defienden los territorios y los ríos, especialmente los pueblos indígenas en un país donde el racismo y la discriminación están profundamente arraigados”, afirma.“Si no hay sanción, incluso en un crimen tan emblemático, las estructuras criminales continúan operando”, sostiene.
A una década del crimen, Zúniga asegura que no viven paralizadas por el miedo, pero sí con indignación ante los retrocesos democráticos y el avance de discursos que niegan la crisis climática y los derechos ambientales. “Seguimos exigiendo justicia. Reivindicar la memoria de mi madre es también defender la vida digna de nuestros pueblos”, concluye la heredera de una saga de mujeres luchadoras.
Créditos:
Texto: Carlos Maldonado.
Fotografía y video: Nayeli Cruz.
Edición de video: Paulina Estrada.
Edición visual: Gladys Serrano.
Diseño y maquetación: Mónica Juárez Martín y Ángel Hernández.
