El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños, ha emitido este jueves una nota de prensa para informar de que 29 personas (1 juez y 28 fiscales) “han comunicado oficialmente” a día de hoy su participación en la huelga de principios de julio contra las reformas legales en materia de justicia impulsadas por el Gobierno. Por tanto, según el Ejecutivo, solo a ellos se les hará la “correspondiente deducción” en sus sueldos de este mes. Las asociaciones convocantes cifraron el seguimiento medio del paro en el 70%.
La tensión con el Ministerio prosigue casi un mes después de la huelga impulsada por cinco asociaciones de jueces y fiscales (mayoritariamente, de corte conservador), que se celebró entre el 1 y 3 de julio. Durante la protesta se produjo una guerra de cifras entre los convocantes y Bolaños, quien insistió además en varias comparecencias en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había concluido que la huelga no tenía base legal. También cargó contra la falta de comunicación para poder descontar la parte proporcional de los sueldos: “Yo respeto las movilizaciones, los paros, el derecho a huelga de jueces y fiscales en nuestro país. Pero sí le digo que el derecho a huelga conlleva un deber, que es la obligación de no cobrar ese día de trabajo. Para no cobrar hay que comunicar al organismo pagador, que este caso es el ministerio, las personas que han ejercido su derecho a huelga. Y en este momento el número de personas que se nos ha comunicado y que, por tanto, le deduciremos el día de salario ha sido exactamente cero. Es decir, ni el comité de huelga está en huelga porque no nos han comunicado quienes son las personas que han secundado el paro”, aseveró.
Este jueves, Justicia ha emitido un comunicado para detallar “la información oficial obtenida por el Ministerio, el CGPJ y la Fiscalía” sobre “el número de personas que secundaron el paro” y a “quienes se les practicará la correspondiente deducción salarial”. “Se trata de un juez, que informó directamente a las gerencias territoriales del Ministerio; y de 28 fiscales, que lo hicieron a la Fiscalía General del Estado. Hubo un segundo juez que informó de que también secundaría el paro, pero se declaró en servicios mínimos”, explica la nota. “El número de ‘huelguistas’ con deducción de salario es: 1 juez de 6.259 (0,01%) y 28 fiscales de 3.185 (0,87%)”, ha apostillado Bolaños en un mensaje en la red social X (antiguo Twitter).
“Como es sabido, el derecho a huelga implica algunos deberes para cualquier persona trabajadora. Uno de ellos es comunicar que se secunda la protesta al organismo pagador, ya que la huelga supone la suspensión de la relación laboral, por lo que no se percibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social durante ese período”, prosigue el comunicado de Justicia, que insiste en que solo un 0,01% de 6.259 jueces (5.532 de carrera y 727 sustitutos) comunicaron su unión al paro; y un 0,87% de 3.185 fiscales —de estos últimos, “19 lo secundaron tres días; 1 lo secundó dos días y 8 lo secundaron tan solo un día”—.
Justicia insiste en que la comunicación de quienes se sumaron a la huelga era “imprescindible” para “asegurar el buen uso de los fondos públicos”, “ya que el ministerio es el organismo pagador de sus nóminas y, consecuentemente, quien tiene que practicar la correspondiente detracción de haberes”.
“A 31 de julio, el CGPJ ha informado que no había recibido ninguna notificación de jueces y magistrados que hubieran realizado el paro, la FGE ha confirmado la participación de 28 personas y el Ministerio, a través de las gerencias territoriales, ha recibido la información de 2 personas”, ahonda la nota de prensa, que aprovecha también para defender las reformas legales en materia de justicia impulsadas por el Gobierno.
Tras las protestas de principios de mes, los convocantes catalogaron el seguimiento del paro como un “éxito rotundo” y cifraron el seguimiento medio en el 70% (75%, el día 1; 70%, el día 2; y 65%, el día 3). Sin embargo, Justicia rebajó esos datos a un promedio del 31,04% (28,75% el primer día; 30,84% el segundo y 33,55% el tercero). El CGPJ y la Fiscalía General del Estado no facilitaron datos tras asegurar que no tenían competencias.
