El presidente de EE UU, Donald Trump, ha revocado oficialmente este jueves los hallazgos científicos que sustentaban la lucha de su país contra el cambio climático. “Con efecto inmediato, ponemos fin a todas las normas sobre emisiones ecológicas impuestas innecesariamente a los modelos de vehículos y motores entre 2012 y 2027 y más allá”, ha manifestado el mandatario tras reunirse con Lee Zeldin, responsable de la controvertida Agencia de Protección Ambiental (EPA, en sus siglas inglesas), que acumula críticas por la insuficiente respuesta a las catástrofes naturales habidas desde el regreso de Trump a la presidencia de Trump.
No por esperado -Washington volvió a retirarse del Acuerdo de París con Trump de nuevo en la Casa Blanca-, el anuncio deja de suponer un golpe demoledor a los intentos globales de poner freno al calentamiento del planeta. No sólo porque la decisión de Trump es una enmienda a la totalidad de los fundamentos de la regulación climática en EE UU, también por su efecto en una industria en la que el país pretendía competir con China, la de la producción de vehículos eléctricos. La medida de Trump revoca la limitación de emisiones impuesta por su predecesor, el demócrata Joe Biden, para impulsar la producción de vehículos eléctricos. No por casualidad, el antaño socio de Gobierno de Trump, el magnate Elon Musk, quien, probablemente anticipándose a la regulación, lleva meses mostrando su desinterés por la compañía, para beneficiar otras formas de producción, como la de los robots humanoides, que descuidan notoriamente la función principal de Tesla.
Con esta medida, Trump acaba de un plumazo con el llamado dictamen de peligro, que fue aprobado por el Gobierno del presidente demócrata Barack Obama en 2009 y que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud. Trump ha defendido su decisión como “la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense” y asegurado que ello rebajará enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores.
En paralelo a las continuas loas al carbón que en los últimos meses profiere el mandatario, el efecto motosierra de esta revocación supone el retroceso más radical en materia de política climática por parte de la Administración republicana hasta el momento, tras una serie de recortes normativos y otras medidas destinadas a liberalizar el desarrollo de los combustibles fósiles y obstaculizar, cuando no impedir, la implantación de las energías limpias.
“En virtud del proceso que acaba de completar la EPA, estamos poniendo fin oficialmente a la denominada ‘declaración de peligro’, una desastrosa política de la era Obama que dañó gravemente a la industria automovilística estadounidense y provocó un aumento de los precios para los consumidores estadounidenses”, ha declarado Trump durante el anuncio, junto al administrador de la EPA, Lee Zeldin, y el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, quien llevaba mucho tiempo tratando de revocar la declaración de Obama. Otro presidente demócrata, el predecesor de Trump, implementó una política de créditos fiscales para acelerar la compra de coches eléctricos y las energías renovables.
Trump ha manifestado en repetidas ocasiones que el cambio climático es a su juicio un engaño. Su segunda retirada del Acuerdo de París ha dejado al mayor contribuyente histórico del mundo al calentamiento global fuera de los esfuerzos internacionales para combatirlo, además de eliminar los créditos fiscales de la presidencia de Biden para acelerar el despegue de los coches eléctricos y las energías renovables.
La denominada ‘declaración de peligro’ fue adoptada por primera vez por Estados Unidos en 2009 y llevó a la EPA a tomar medidas en virtud de la Ley de Aire Limpio de 1963 para reducir las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros cuatro gases contaminantes atmosféricos que retienen el calor generado por vehículos, centrales eléctricas y otras industrias. Su derogación elimina en la práctica los requisitos reglamentarios que imponían medir, informar, certificar y cumplir con las normas federales de emisión de gases de efecto invernadero para los automóviles, aunque inicialmente podría no aplicarse a fuentes de generación de energía fijas como las centrales eléctricas.
Según las cifras de la EPA, los sectores del transporte y la energía son responsables cada uno de alrededor de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Según los cálculos de la agencia, la derogación supondrá un ahorro de 1,3 billones de dólares para los contribuyentes estadounidenses, al eliminar tanto la ‘declaración de peligro’ como todas las normas federales sobre emisiones de gases de efecto invernadero para los vehículos.
Tras la decisión anunciada de Trump cabe ver el interés de muchos grupos industriales partidarios de la desregulación, si bien se han mostrado reticentes a manifestar en público su apoyo a la revocación de la declaración de Obama debido a la incertidumbre jurídica y normativa que el brochazo trumpista podría desencadenar. Los expertos jurídicos afirman que el cambio de política podría, por ejemplo, dar lugar a un aumento de las demandas conocidas como acciones por “molestias públicas”, una vía que había quedado bloqueada tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2011 que dictaminaba que la regulación de los gases de efecto invernadero debía quedar en manos de la EPA en lugar de los tribunales.
