El traslado de los menores solicitantes de asilo desde Canarias hacia la Península se enreda. El Gobierno central y el canario han mantenido este martes una tensa reunión al cierre de la cual el gobierno de las islas ha salido en un tono muy duro a exigir “una respuesta más clara, más certera y un compromiso firme” con los más de 1.000 menores que el Tribunal Supremo le ordenó al Gobierno central acoger hace ya casi cinco meses. Apenas el lunes habían salido los primeros 10 chicos hacia Asturias, pero el segundo traslado, de otros 15 menores, que estaba previsto para el final de esta semana, ya no se va a cumplir. Así lo ha denunciado Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias en Canarias, al finalizar el encuentro que, según ha dicho, “no ha servido para nada”. El Ministerio de Migraciones cree que el primer traslado fue un “éxito” y sostiene que las derivaciones se retomarán la semana que viene.
El Gobierno canario acusa al central de incumplir con dos asuntos que considera fundamentales para avanzar con los traslados y acatar la orden del Supremo: el protocolo para esas derivaciones y un calendario. Por la falta de ese protocolo, sostiene el Ejecutivo canario, el Gobierno terminó enviando a última hora del viernes los datos necesarios para que los menores pudieran viajar el lunes. Según Rodríguez, el Ministerio de Migraciones no contaba con que los menores no podían viajar solos y que tenía que notificar con nombres y apellidos quiénes iban a viajar con ellos, o que tenía que determinar el día exacto del traslado porque Canarias no puede dar una autorización genérica para cualquier día. “Ese protocolo no está, nos habían dicho en la pasada reunión que lo traerían en esta, pero hoy tampoco lo tenemos”, ha reclamado la directora.
El calendario tampoco está todavía sobre la mesa, según advierte Canarias. La directora general afirma que el Gobierno les trasladó este martes que en las dos derivaciones semanales ya no irían entre 15 y 20 menores en cada una, sino entre 10 y 15, lo cual alargaría aún más el proceso. Si terminan saliendo 20 menores a la semana, los traslados podrían tomar un año. El Gobierno entregó en el encuentro de este martes una previsión de traslados para lo que queda de agosto y la primera semana de septiembre.
En el corazón de los reclamos de Canarias al Gobierno está el hecho de que no haya resuelto las nuevas 1.200 plazas en su sistema de acogida, para cuya creación ya aprobó en Consejo de Ministros una partida de 40 millones de euros. “El Estado no tiene claras las plazas ni los lugares a donde van a ser trasladados los menores”, ha señalado Rodríguez. Según ha explicado la directora general, el traslado de los 15 chicos que saldrían esta semana se aplazó porque el centro que los recibiría —cuya ubicación no se ha precisado— no va a alcanzar a tener la autorización para abrir.
La funcionaria del Ejecutivo canario ha vuelto a insistir este martes en lo que había dicho el presidente de las islas, Fernando Clavijo, en una entrevista el día anterior: que el Gobierno está improvisando. “Se ve clarísimamente que Interior, Inclusión, Infancia y Política Territorial no se comunican entre ellos”, ha apuntado la directora. “No puede ser que la maquinaria del Estado sea más lenta que la maquinaria de una comunidad autónoma como la canaria”, ha añadido.
El Ministerio de Migraciones, pese a la dureza de Canarias, defiende una posición contraria y asegura que el inicio de los traslados “ha sido un éxito”, según fuentes de la institución, aunque la segunda derivación programada para esta semana se haya pospuesto. Precisamente por ello, aseguran desde esa cartera, la próxima semana habrá tres nuevos traslados para ponerse al día. “Hay que preparar su llegada a los diversos territorios y las entidades acogedoras están trabajando sin pausa”, señalan desde Migraciones, y añaden que esto se hace “para poder llevar a cabo las derivaciones con la mayor exquisitez y cuidado al interés superior del menor”.
Las mismas fuentes han apuntado que en el encuentro se ofreció a Canarias mantener reuniones técnicas día a día para monitorizar el procedimiento que es complejo, ya que “se trata de menores de edad”, resaltan.
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha acusado de “deslealtad” a Clavijo al acusar al Gobierno de improvisación y ha sostenido que el presidente canario “haría bien en no faltar a la verdad”. Ha añadido que el Gobierno tiene puesta la maquinaria para cumplir con la orden del Supremo. “Hemos tenido que trabajar y adecuar los espacios, porque no es lo mismo atender a un adulto que a un menor; y dentro de los menores también hay diferentes perfiles, no es lo mismo una niña que pueda venir y que pueda tener redes en otras comunidades autónomas o países próximos, que un niño que venga absolutamente solo”, ha explicado.
La orden del Tribunal Supremo, emitida en marzo, le daba al Gobierno en realidad 10 días para que se hiciera cargo de alrededor de un millar de menores solicitantes de asilo que se hacinan en Canarias. Sin embargo, hasta el inicio -atropellado- de los traslados han tenido que pasar casi cinco meses en los que el alto tribunal le llamó la atención en varias ocasiones para que acatara la orden. A comienzos de junio, incluso le ordenó que adoptara de forma “urgente” medidas para hacerse cargo de esos menores y le advirtió incluso de “medidas coercitivas”, como multas y hasta una posible denuncia penal en caso de que persistiera el incumplimiento.
En ese proceso, el Gobierno central y el canario deben informar quincenalmente al Supremo sobre los avances en el cumplimiento de la orden. Aunque en principio lo venían haciendo conjuntamente, en el último ya cada administración envió su propio informe por separado al tribunal. Precisamente, la directora de infancia de Canarias ha sostenido este martes que reportarán en el próximo informe lo que consideran incumplimientos del Gobierno central.
El centro al que llegaron los primeros realojados desde Canarias ha sido “vandalizado con simbología nazi” apenas 24 horas después del traslado, según ha denunciado la ministra Saiz en declaraciones a los medios. “No me gustaría contarles lo que les tengo que contar, pero miren, no han pasado ni 24 horas desde que estos niños y niñas han llegado al centro de titularidad estatal, a su destino, que hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión”, ha lamentado la ministra. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha sumado a la denuncia contra la simbología ultra y ha llamado a “la colaboración de las instituciones, medios de comunicación y de la sociedad en general para preservar la intimidad y la seguridad de los niños que huyen de la guerra”.
