En la sala de estar familiar todo evoca a Marielle Franco, la concejala de Río de Janeiro asesinada en marzo de 2018, a los 38 años, supuestamente por encargo de dos hermanos de turbia trayectoria política en defensa de grupos paramilitares. Como en un monumento conmemorativo, la imagen de la política izquierdista que rompió todos los moldes —negra, procedente de una favela, activista de derechos humanos, madre y lesbiana— cuelga de las paredes en todos los formatos imaginables. Ahí están los rizos, la sonrisa y los lemas de la víctima del crimen político más relevante de Brasil en la última década. Es el lugar escogido por su madre, la abogada Marinete Silva, y su hermana, la ministra Anielle Franco, para conversar con EL PAÍS sobre el inminente juicio a los supuestos autores intelectuales del asesinato.
Es martes de Carnaval. Fuera, Río es un hervidero. La ciudad vibra en los días más esperados del año. Un cóctel de música, transgresión, piel y purpurina toma las calles.
Tras su bella fachada de fiesta y fantasía, Río de Janeiro esconde unas fétidas cloacas que el asesinato de Marielle Franco expone crudamente: la metástasis del crimen organizado en las instituciones. “El caso Marielle abrió la tapa de las alcantarillas, y por ahí sale lo peor que puedas imaginar”, apunta Franco, ministra de Igualdad Racial en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. “Representa un ataque contra la democracia cuando las mujeres llegan a espacios de poder”, enfatiza.
Los hermanos Domingos Brazão y João Francisco Chiquinho Brazão, poderosos políticos de Río, uno diputado federal —ahora ha perdido su escaño— y el otro un consejero del Tribunal de Cuentas, serán juzgados la próxima semana junto al comisario de policía Rivaldo Barbosa, al que según la acusación tenían a sueldo para garantizarse que nunca los atraparan. No contaban con que el sicario que contrataron los delataría. Los Brazão se declaran inocentes, víctimas de una conspiración. Como el policía Barbosa, aseguran que no hay pruebas en su contra: solo el testimonio de un asesino.
El juicio, que se celebrará en el Tribunal Supremo, en Brasilia, por la inmunidad parlamentaria de los Brazão, supone otro hito en el caso tras la condena en 2024 de los autores materiales del crimen, dos antiguos policías militares. El 14 de marzo de 2018, esos dos exagentes colocaron su coche en paralelo al de la concejala y, con ambos vehículos circulando por el centro de Río, el tirador —un agente conocido por su puntería, asesino por encargo, pero sin antecedentes— abrió fuego con un fusil. A ella le pegó cuatro tiros en la cabeza y mató también al chófer, Anderson Gomes. Solo la jefa de prensa sobrevivió.
Desde el primer momento, la familia Franco arropó a los Gomes y juntos convirtieron el luto en lucha. La viuda de Marielle, la arquitecta Monica Benicio, se mantiene en un segundo plano incluso tras lograr un escaño de concejala en 2020 por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el mismo de su esposa.
Uno de los hermanos Brazão estuvo en el radar de los investigadores desde el minuto uno. Era un viejo conocido con una carrera política con sospechosos vínculos a grupos paramilitares —llamados milicias en Brasil— que dominan barrios enteros, donde se dedican a la especulación inmobiliaria y a la extorsión.
El verdadero shock para la familia Franco fue descubrir que, según la investigación, entre los cerebros del crimen estaba Barbosa, quien el día del asesinato era el jefe de la Policía Civil de Río. “Era la persona que nos recibía, que abrazaba a mi madre y a mi padre, el que nos decía que, para él, resolver el caso Marielle era una cuestión de honor”, explica la ministra. La propia víctima lo conocía mucho, confiaba en él como gestor público, lo tenía como referencia en la policía. La concejala y activista acudía a él para denunciar violaciones de derechos humanos en favelas como la de Maré, donde se criaron las hermanas.
Difícil describir la impotencia de la familia ante esa colosal traición, que descubrió con asombro cuando el trío de acusados fue detenido en 2024. “Desafortunadamente, es un retrato cruel del sistema de seguridad pública brasileño, de esas relaciones delictivas entre las milicias y la policía”, afirma la ministra.
La fiscalía acusa al comisario de participar directamente de la planificación del crimen mientras dirigía la unidad de homicidios. Él recomendó a los Brazão no matarla en el trayecto al Ayuntamiento para aminorar la repercusión, según el fiscal. Y él se encargó de borrar cualquier huella y entorpecer las pesquisas.
Que los asesinos estén cumpliendo largas penas de prisión y los supuestos autores intelectuales del crimen estén a punto de ser juzgados resulta excepcional. Porque, a pesar de toda su repercusión, el asesinato de la concejala carioca fue parte de una larga lista. En las últimas dos décadas, la violencia política ha dejado un reguero de 700 muertos en Brasil, entre cargos electos y activistas, según un estudio reciente de la Universidad de São Paulo y el Centro Brasileño de Análisis y Planificación (Cebrap). Muchas de las muertes siguen impunes y olvidadas.
Chiquinho Brazão coincidió con Marielle Franco cuando él estaba en su cuarto mandato de concejal y ella fue elegida edil en 2016, tras años como asesora en el Ayuntamiento. La denuncia de la fiscalía sostiene que los hermanos decidieron eliminarla ante su frontal oposición a los planes del entonces concejal de regularizar terrenos para expandir el territorio que dominan y explotan los grupos paramilitares.
Para la ministra Franco, tras el crimen hay sobre todo siglos de racismo, clasismo y machismo. “No importa a dónde lleguemos, no importa lo que logremos, no importa cuál sea la excusa que usen: existe algo que nuestra sociedad ha aceptado durante años con los brazos cruzados y es que los cuerpos negros son descartables, desechables, deshumanizados”, afirma. Marielle Franco irrumpió como un fogonazo en un espacio monopolizado por veteranos políticos blancos que hacían y deshacían a su antojo.
La ministra recuerda con dolor la conclusión a la que, según el sumario, llegaron los acusados de orquestar el crimen. “Dijeron que era más fácil asesinar a Mari [como la llaman en familia] que a un hombre blanco con escolta. Eso es muy emblemático”.
Pero aquel pronóstico de los Brazão fracasó estrepitosamente, porque el asesinato de aquella concejala novata, una desconocida fuera de Río, tocó un nervio en un momento político muy particular. Marielle Franco, que encarnaba todo lo que los reaccionarios detestan, se convirtió rápidamente en un potente símbolo que logró unir a la izquierda brasileña, impactada por el encarcelamiento de Lula y en pleno ascenso del bolsonarismo y la derecha más ultra.
Los años siguientes, los progresistas clamaron: ¿Quién mató a Marielle? ¿Quién ordenó matar a Marielle? Los investigadores de la Defensoría Pública, de la Fiscalía y de la Policía Civil han desenredado la madeja gracias a un chivatazo inicial anónimo que delató a quien apretó el gatillo, Ronnie Lessa, que personaliza como pocos la tóxica relación entre las fuerzas de seguridad y el hampa carioca. Tras cinco años preso, el sicario decidió hablar. Confesó la trama a cambio de reducir sus casi seis décadas de pena a la mitad.
La familia de Marielle, que nunca dejó de exigir justicia, celebra que unos políticos que acumularon tanto poder, con relevantes cargos públicos, rindan cuentas tras tantos años de impunidad. Pero a la ministra le incomoda la idea de que eso signifique que se hace justicia a su hermana asesinada. “Justicia sería que Marielle estuviera viva”, responde. Su madre tampoco cree que el juicio de la semana que viene cierre el círculo. “Todavía no, porque tenemos pendiente el juicio con jurado aquí en Río al hombre que la vigiló y está acusado de deshacerse del arma”.
Doña Marinete, como todos la conocen, es una abogada jubilada, además de la matriarca de esta familia combativa que hace generaciones lleva la política en el ADN. “Yo siempre pensé que llegaríamos a quienes lo encargaron porque ciertamente esto no fue un asunto personal, no fue matar por matar a alguien aleatorio. Había alguien detrás”, dice.
Ambas recalcan las descomunales dificultades que afrontan las mujeres como ellas, negras, criadas en favelas. El sobreesfuerzo que hay tras cada conquista. Por eso crearon el Instituto Marielle Franco y hablan con orgullo de una nueva generación que, inspirada por la concejala, tomó sus banderas y las defiende en las instituciones o en la calle.
Anielle, que el día del crimen era profesora de inglés tras una carrera en el balonmano, aceptó la invitación de Lula de ser ministra, un cargo en el que consiguió que las cuotas universitarias para alumnos de entornos desfavorecidos fueran renovadas y que más tierras quilombolas —de antiguos esclavos— que nunca recibieran títulos de posesión. Afiliada al Partido de los Trabajadores, la decisión de la ministra sobre concurrir a las próximas elecciones, en octubre, está pendiente de una conversación con el presidente Lula.
En lo personal, está a la espera de otro juicio: el de Silvio Almeida, un filósofo e intelectual de referencia en el movimiento negro brasileño que dirigió el Ministerio de Derechos Humanos. Lula lo destituyó en 2024 cuando trascendieron las denuncias de que había acosado sexualmente a varias mujeres, incluida Anielle, su compañera de Gabinete. “El que la Policía Federal le haya acusado formalmente es una gran victoria de la que poco se ha hablado”, afirma. “Estoy a la espera de los próximos pasos, pero con la certeza de que ni ese ni ningún otro caso de acoso debe quedar impune”, afirma Anielle.
