Cientos de miles de judíos ultraortodoxos se han concentrado este jueves contra su alistamiento militar en Jerusalén, en una protesta sin precedentes en una década, que coloca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a su Gobierno ante un dilema político ante los dos pequeños partidos ultraortodoxos que forman parte de su coalición. También en el seno de su propio partido, el Likud. “Mejor morir como jaredí (”temerosos» de Dios, en hebreo, como se denominan los ultraortodoxos) que alistarse en el ejército”, rezan las pancartas de algunos manifestantes. Otra equipara a Israel con el estalinismo.
Técnicamente, la protesta consiste en un rezo y una recitación colectiva de salmos en apoyo al estudio de la Torá. Es decir, a cómo los judíos ultraortodoxos entienden que contribuyen a defender su país, en vez de colgarse el uniforme militar al cumplir 18 años, como hace obligatoriamente el resto de sus conciudadanos judíos. Durante 32 meses, los hombres; y 24, las mujeres. Tampoco participan en la reserva castrense, que puede extenderse hasta los 49 años.
Los organizadores de la manifestación la han bautizado como “la marcha del millón”. Es aproximadamente el número total de ultraortodoxos en Israel, donde suponen un 13% de la población (diez millones). Esta protesta es, sobre todo, una demostración de fuerza contra el alistamiento en la que participan casi todas las ramas del judaísmo ultraortodoxo, desde las más moderadas a las más combativas, a menudo enfrentadas. Jasídicos, lituanos y sefardíes se han sumado. Solo la boicotea la más radical facción jerosolimitana.
La presencia de mujeres es anecdótica y los ultraortodoxos más fundamentalistas y opuestos a la tecnología para preservar la tradición están aprovechando la marcha para difundir mensajes señalando que una “vida feliz” pasa por renunciar a ver películas y tener internet.
Precisamente por las divergencias internas sobre la estrategia a seguir, no habrá discursos ni hay escenarios, y los grupos están organizados en función de su rabino o líder espiritual. “Es imposible seguir siendo ultraortodoxo en el ejército. Los sectores que se alistan se rinden. Sentimos que es una guerra religiosa”, afirma Yosef.
Este hombre alude también al argumento con el que sus correligionarios defienden la exención del servicio militar: “Quienes nos critican no saben lo que es la Torá como para entender aquello por lo que luchamos. Como judío, siento que el aprendizaje de la Torá y los rezos es lo que defiende a Israel”
El ambiente de la marcha ha cambiado de golpe, al circular la noticia de la muerte de un adolescente, al desplomarse desde un rascacielos. Los manifestantes se han ido dispersando mientras desde un altavoz se repetía insistentemente un llamamiento: “Por favor, bajad inmediatamente con cuidado de los edificios en construcción, gasolineras o marquesinas de autobuses. Supone un peligro inminente para vuestras vidas”. Algunos manifestantes incluso han subido a enormes grúas, como reflejan vídeos difundidos en las redes sociales.
Aunque la convocatoria es extraordinaria, la exención militar de los ultraortodoxos es un asunto muy sensible en el país que colea desde hace décadas. La chispa que lo ha encendido ahora es el aumento desde el verano de los arrestos por ignorar órdenes de reclutamiento. Superan los 870, un 7% de los casi 7.000 declarados insumisos. La semana pasada, podían verse en Mea Shearim, el barrio ultraortodoxo por excelencia de Jerusalén, manifestaciones de cólera por una de las detenciones.
David Jamdi tiene 19 años y ha venido ex profeso desde Safed, en el norte del país, donde estudia los textos religiosos en una yeshivá (seminario religioso) Bretslev. Este joven prefiere ir a la cárcel que a las Fuerzas Armadas, si recibiese la orden de vestir el uniforme castrense. “Morir antes que alistarme” resume.
“El ejército está para que podamos seguir estudiando la Torá. Es el objetivo: y el ejército, solo un medio para ello. Cuando estudias Torá, salvas a todo el pueblo judío”, afirma Jamdi: “Solo quiero que me dejen estudiar la Torá tranquilamente”.
Equilibrismos
Otro asunto que ha calentado los ánimos ha sido la filtración de un nuevo proyecto de ley de alistamiento que no contenta prácticamente a nadie y que ha dividido al Likud, el partido de Benjamín Netanyahu.
El primer ministro necesita a los dos partidos ultraortodoxos, Judaísmo Unido de la Torá y Shas, para mantener en pie la coalición que forjó tras las elecciones de 2022 y que incluye también a la ultraderecha. Ambas formaciones, presionadas también por sus bases y con diferencias internas, vienen haciendo equilibrismos para teatralizar su enfado. El primero abandonó en julio el Gobierno, pero siguen votando con él. Y la semana pasada, los altos cargos ministeriales de Shas dimitieron de sus puestos en el Parlamento, pero se han quedado en la coalición.
A la entrada de Jerusalén, un grupo ha distribuido octavillas este jueves criticando al líder de Shas, Aryeh Deri, por permanecer en el Gobierno, con la frase “¿A quién tratas de engañar?” o recordándole que el histórico líder espiritual sefardí, Ovadia Yosef, lo “mira desde el cielo y grita: ”¡Basta!”.
Netanyahu viene ganando tiempo —su especialidad— para mantenerse en el poder sin aprobar una ley de reclutamiento, por la que presionan tanto colectivos de reservistas, como una parte de su partido y sus socios del nacionalismo religioso, cuyos votantes se proponen con entusiasmo para las unidades de combate. Netanyahu defenestró de hecho al entonces presidente del comité parlamentario de Exteriores y Defensa, Yuli Edelstein, también del Likud, por su rechazo a exonerar retroactivamente a miles de ultraortodoxos insumisos.
Pero algo tiene que hacer. El año pasado, el Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad que el Gobierno está obligado a alistar a los ultraortodoxos y dejar de financiar a los seminarios religiosos (yeshivot) en las que estudian. Su exención del servicio militar, argumentó, carece de marco legal y “genera una discriminación grave” respecto a quienes sí sirven.
Ahora le toca la patata caliente a Boaz Bismuth, otro diputado del Likud. Ha prometido una propuesta que “respete a los estudiosos de la Torá” y “equilibre” dedicación a los textos religiosos y servicio militar. Pero la ley de exención deberá pasar el filtro del Supremo, que ya tumbó otra en 2002 por discriminar a quienes sí sirven.
La invasión de Gaza ha vuelto a recrudecer la polémica, con cientos de miles de soldados y reservistas movilizados (a menudo, una y otra vez) en Gaza, Cisjordania, Líbano o Siria. En la calle, los medios de comunicación y las redes sociales es aún más palpable la sensación de que los ultraortodoxos siempre acaban librándose, por integrar casi siempre los últimos ejecutivos, de aportar —fiscal, social o militarmente— al Estado. Es lo que llaman en las protestas “la igualdad en la carga”. Una organización de reservistas militares ha convocado para primera hora de la tarde una contramanifestación para pedir una “auténtica ley de alistamiento”.
La oposición, además, viene haciendo bandera del asunto, con un discurso de criminalización de los ultraortodoxos que cala en amplias capas de la sociedad y en el que dibuja a Netanyahu como rehén de sus socios que representan al colectivo.
De hecho, el líder de la oposición, Yair Lapid, lanzó este lunes una polémica y antidemocrática propuesta que refleja cuánto toca la fibra la exención al centro-izquierda sionista, que se autodefine como liberal y a menudo secular y tiene Tel Aviv y sus alrededores como epicentro. En un evento parlamentario del partido que preside, Yesh Atid, Lapid prometió que —si vuelve a ser primer ministro— habrá una “ley simple”: “Quien no acuda [al llamamiento a filas] no irá a las urnas. Quien no se aliste, no votarán en las elecciones […] Diremos a los ultraortodoxos: no es contra vosotros, no es un castigo. Al contrario, es una invitación a ser parte de la historia israelí, de nuestro destino común, de un país donde todos tienen las mismas obligaciones. Si no, no tendrán los mismos derechos”, agregó.
Su excepción se remonta al nacimiento del Estado, en 1948. Su padre fundador, el secular David Ben Gurión, la pactó con sus líderes cuando apenas afectaba a 400 estudiantes y suponían apenas el 5% de la población. Hoy, son el 13% y, con casi siete hijos de media, llegarán al 32% en 2065, según las proyecciones de la Oficina Central de Estadísticas. La exención se extiende también a un colectivo más amplio: los palestinos con ciudadanía israelí. Son un quinto de la población del país, pero el consenso sobre su estatus (por uno y otro lado) es infinitamente más amplio.
