La Universidad de Columbia ha alcanzado un acuerdo con la Administración del presidente Donald Trump y pagará una sanción de 200 millones a cambio de recuperar la financiación federal a sus proyectos de investigación, una línea de 400 millones, vital para la continuidad de programas científicos, que el Gobierno retiró en marzo por supuestamente permitir el acoso a los estudiantes judíos en su campus. El acuerdo se había negociado durante semanas, durante las cuales la institución académica ha adoptado medidas adicionales para congraciarse con la Casa Blanca.
“Según el acuerdo de hoy [por este miércoles], una gran mayoría de las subvenciones federales que fueron canceladas o congeladas en marzo de 2025 serán restablecidas. El acceso de Columbia a miles de millones de dólares en subvenciones actuales y futuras se ha recuperado”, ha informado Columbia mediante un comunicado.
A cambio de recuperar la financiación federal, Columbia se plegará también a otras exigencias de la Casa Blanca aparte de combatir el supuesto antisemitismo, tales como prohibir que la raza sea un considerando a la hora de aprobar la admisión de alumnos y la contratación de profesores. La Administración republicana ha hecho de su lucha contra los criterios DEI (siglas de diversidad, equidad e inclusión, para favorecer a las minorías) su segundo acicate, después del declarado combate al supuesto antisemitismo de los campus. Se trata, para la Administración de Trump, de una guerra sin cuartel contra las universidades de élite, demasiado liberales para el gusto republicano.
Porque Columbia no ha sido la única universidad amenazada por la Administración republicana, como demuestra el casus belli de Harvard contra el Gobierno federal. Pero la prestigiosa universidad de Nueva York sí ha sido, además de la primera en el punto de mira, la que más se ha plegado a las exigencias de Washington: primero por la presión de su comunidad judía y luego por la del Gobierno, ha sancionado a más de 70 estudiantes por participar en las protestas propalestinas en su campus, que en la primavera de 2024 alcanzaron el rango de movilización masiva. Según fuentes cercanas al comité disciplinario, alrededor del 80% de esos estudiantes fueron suspendidos, expulsados o vieron sus grados revocados.
Estas sanciones fueron casualmente hechas públicas mientras la Universidad cerraba el acuerdo con el Gobierno para recuperar la financiación federal, como correctivo explícito para coadyuvar el pacto. Entre esas concesiones, Columbia comunicó la semana pasada a alumnos y docentes que había adoptado la definición oficial de antisemitismo y que rechazaba cualquier diálogo con los estudiantes propalestinos, en especial los pertenecientes a la coalición de grupos que animó las dos acampadas en su campus central en la primavera del año pasado. La institución había adoptado previamente otras medidas para reforzar la seguridad de los estudiantes judíos, como la contratación de policías privados para el campus, con la facultad de detener a revoltosos, o prohibir el uso de mascarillas en las manifestaciones.
La claudicación definitiva de Columbia a los intereses de la Casa Blanca, que estableció un grupo de trabajo para combatir el antisemitismo en el arranque del segundo mandato de Trump, contrasta con la resistencia de Harvard, a la que el Gobierno federal ha congelado 2.600 millones de dólares en programas de investigación, muchos de ellos vitales desde el punto de vista médico (tratamientos para el cáncer, la enfermedad de Párkinson, etcétera). Este lunes, la institución más antigua y rica de EE UU, con una dotación (capital social) de 53.000 millones de dólares, llevó a juicio a la Administración republicana con una demanda para que sea declarado nulo el corte de la financiación federal. Aún no hay sentencia, aunque el propio Trump, mediante un post en su red social Truth, ya dio el caso por perdido, prometiendo recurrir… y acabar ganando.
