En la campaña electoral, Arturo Frondizi había dicho que “para corregir el estado actual de la educación y la cultura” era “necesario reconocer a los distintos sectores nacionales el derecho de enseñar y aprender”. Y para ello tendría “que modificarse la estructura universitaria para ponerla al servicio del país”.
Aunque su argumentación para ese cambio decía que eran instituciones creadas “en otra etapa del país […] cuando la economía pastoril no necesitaba técnicos ni especialistas”, muchos lo interpretaron como una señal destinada a la Iglesia.
Fue así que, en diciembre de 1958, el ministro de educación y Justicia Luis Rafael Mac Kay impulsó la reglamentación del artículo 28, que ya había sido impugnado por la Constituyente de 1957, cuya comisión de cultura se expidió en mayoría por que fuese el Estado el único habilitado para otorgar títulos universitarios.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, cuyo rector era Risieri Frondizi, hermano menor del presidente, emitió un comunicado señalando que las universidades públicas eran la mejor garantía para la enseñanza “libre” y oponiéndose al otorgamiento de títulos habilitantes por las que calificaba acertadamente como “empresas privadas”.
Muy pronto, lo que parecía una simple medida de carácter educativo se convirtió en motivo de debate nacional. La sociedad argentina se dividió entre los defensores de la “laica” educación estatal y los de la llamada “enseñanza libre”, partidarios del funcionamiento de establecimientos privados con facultad de otorgar títulos habilitantes.
La protesta no se limitó a emitir comunicados. Hubo multitudinarias marchas y ocupaciones de facultades, como las de Medicina y Ciencias Económicas, y colegios como el Nacional Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, el Mariano Moreno y el Manuel Belgrano.
En todos los casos la Policía actuó con total brutalidad usando palos y gases lacrimógenos para desalojar a los estudiantes.
La Iglesia movilizó el 15 de septiembre a todos los estudiantes de sus colegios, a los que se les computaba doble falta si no concurrían a la “espontánea” demostración, y a los feligreses de sus parroquias, traídos en micros y trenes fletados por el gobierno nacional.
Al frente de las católicas columnas marchaban el ex rector de la Universidad de Buenos Aires durante la dictadura de José Félix Uriburu, Mariano R. Castex, Etcheberry Boneo y el futuro vicepresidente de la fórmula del Frente Justicialista de 1973, Vicente Solano Lima.
Los partidarios de la enseñanza laica concretaron su mayor movilización el 19 de septiembre, marchando masivamente al Congreso. Iban encabezados por el rector de la Universidad de Buenos Aires y por el vicerrector, el reconocido pediatra y escritor Florencio Escardó.
Entre los oradores figuraron Ismael Viñas, secretario de Cultura de Frondizi, y el historiador José Luis Romero. La cifra de asistentes osciló, según las fuentes, entre las 200.000 y las 450.000 personas, custodiadas por más de 1.500 policías fuertemente armados.
A pesar de todos los esfuerzos, la ley fue aprobada y la iniciativa privada pudo de ahí en más crear universidades con la oferta de otorgar títulos académicos. La habilitación profesional se obtendría a través de un examen en organismos estatales y se establecía que estos establecimientos no podrían recibir subsidios del Estado.
Al romper el histórico monopolio estatal en la enseñanza superior, Frondizi obtuvo un relativo respaldo de la Iglesia católica, pero perdió la simpatía de los sectores medios de tradición liberal y anticlerical y de la mayoría del movimiento estudiantil.
Su hermano Risieri lo acusó de haber abandonado “el programa democrático, progresista y popular que el pueblo argentino apoyó el 23 de febrero”.
